Dos bancos, responsables civiles subsidiarios
El escrito de acusación del fiscal da cuenta de que Antonio Pérez Hernández, en representación de Caja Madrid Bolsa SVB, suscribió un contrato con el apoderado de Gescartera, Francisco Javier Sierra de la Flor, por el que la entidad prestó los servicios de liquidación, depósito y administración de valores. Caja Madrid Bolsa abrió las cuentas de fondos de clientes sin poderes específicos ni conocimiento de éstos, no les informó de la operativa y remitía la información de las operaciones a Gescartera. Así, la legislación vigente "no se cumplió en absoluto y permitió que los acusados detrajeran l...
El escrito de acusación del fiscal da cuenta de que Antonio Pérez Hernández, en representación de Caja Madrid Bolsa SVB, suscribió un contrato con el apoderado de Gescartera, Francisco Javier Sierra de la Flor, por el que la entidad prestó los servicios de liquidación, depósito y administración de valores. Caja Madrid Bolsa abrió las cuentas de fondos de clientes sin poderes específicos ni conocimiento de éstos, no les informó de la operativa y remitía la información de las operaciones a Gescartera. Así, la legislación vigente "no se cumplió en absoluto y permitió que los acusados detrajeran los fondos de sus clientes".
En consecuencia, el fiscal declara responsables civiles solidariamente a todos los acusados y a una decena de sociedades del grupo Gescartera, y la responsabilidad civil subsidiaria en sustitución de los responsables civiles penales la atribuye a Caja Madrid Bolsa SVB.
Por importe de 26,3 millones de euros (4.387 millones de pesetas) declara responsables civiles a los empleados de La Caixa Miguel Prats y José Alfonso Castro, que ayudaron a eludir las inspecciones de la CNMV, y subsidiariamente, a La Caixa.
Entre los 14 acusados figura también la esposa de Antonio Camacho e hija del cantante Jaime Morey, Laura García Morey, para quien el fiscal reclama una pena de seis años por apropiación indebida. Además, solicita 11 años de prisión para el principal comercial de Gescartera, Aníbal Sardón, quien se lucró de fondos de los clientes por importe de casi 500 millones de pesetas (3 millones de euros). Para Francisco Javier Sierra de la Flor, apoderado de Gescartera, y Miguel Ángel Vicente, informático, el fiscal pide ocho años de prisión y penas de seis años para Agustín Fernández Ameneiro, Ángeles Leis, Julio Rodríguez Gil e Inmaculada Baltar, por apropiación indebida. Para Carlos Ortín Barrón, José Alfonso Castro y Miguel Prats Oria el fiscal pide tres años.