Seguridad precaria en los polvorines
Las investigaciones policiales llevadas a cabo tras el 11-M han constatado que en España existe un problema grave de falta de medidas de control y seguridad de explosivos, en un país donde se fabrican cada año cuatro millones de kilos de Goma 2, que se distribuyen en unos 10.000 polvorines.
La Guardia Civil entregó al Ministerio del Interior un informe, a finales de 2004, sobre el control de explosivos en España en el que los agentes subrayaban que era necesario instar a los delegados del Gobierno, en especial al de Asturias, para que se realicen campañas de inspección en el interior de...
Las investigaciones policiales llevadas a cabo tras el 11-M han constatado que en España existe un problema grave de falta de medidas de control y seguridad de explosivos, en un país donde se fabrican cada año cuatro millones de kilos de Goma 2, que se distribuyen en unos 10.000 polvorines.
La Guardia Civil entregó al Ministerio del Interior un informe, a finales de 2004, sobre el control de explosivos en España en el que los agentes subrayaban que era necesario instar a los delegados del Gobierno, en especial al de Asturias, para que se realicen campañas de inspección en el interior de las minas, que es donde más difícil resulta controlar si se consume la totalidad del explosivo destinado a la voladura.
Tras 45 inspecciones de la Guardia Civil en Asturias en las últimas semanas de 2004, los agentes abrieron expediente sancionador a 12 empresas por 14 faltas. Entre los incumplimientos más comunes destacaban la discrepancia entre el número de cartuchos y detonadores que figuran inscritos en los registros de las empresas y los realmente hallados en los centros de trabajo. El caso más grave fue el de una constructora que tenía fuera del polvorín "varios cientos" de kilos de cartuchos almacenados.
Para evitar este descontrol, Interior ha impulsado una reforma del reglamento de explosivos, donde, como principal novedad, contempla que las autorizaciones para la utilización de explosivos serán concedidas por la Secretaría de Estado de Seguridad -en lugar de por la Dirección General de Minas-. Las empresas mineras también estarán obligadas a contratar vigilantes de seguridad para controlar cada voladura.