El terrorismo irrumpe en la campaña electoral británica
El Parlamento de Westminster aprobó ayer, tras 12 votaciones, la nueva Ley de Prevención del Terrorismo. Si no hubiera habido acuerdo antes del domingo por la tarde, Abu Qutada y los otros ocho sospechosos de terrorismo puestos en libertad ayer bajo estrictas condiciones hubieran quedado completamente libres porque la vieja ley que permitía su reclusión o su control habría perdido vigencia sin que la nueva hubiera entrado en vigor.
Lores (donde los laboristas son minoría) y diputados empezaron la tercera y última lectura de la ley el jueves, pero no la aprobaron hasta la tarde de ayer, ...
El Parlamento de Westminster aprobó ayer, tras 12 votaciones, la nueva Ley de Prevención del Terrorismo. Si no hubiera habido acuerdo antes del domingo por la tarde, Abu Qutada y los otros ocho sospechosos de terrorismo puestos en libertad ayer bajo estrictas condiciones hubieran quedado completamente libres porque la vieja ley que permitía su reclusión o su control habría perdido vigencia sin que la nueva hubiera entrado en vigor.
Lores (donde los laboristas son minoría) y diputados empezaron la tercera y última lectura de la ley el jueves, pero no la aprobaron hasta la tarde de ayer, tras varios debates y votaciones nocturnas y al alba. Laboristas y conservadores se han acusado mutuamente de utilizar el terrorismo con fines electorales. El líder tory, Michael Howard, acusó a Blair de querer reventar la ley para acusar del fracaso a los conservadores y proclamar que los laboristas son los más duros contra el terrorismo. Y Blair le acusó de estar jugando políticamente con el terrorismo aprovechando que el Gobierno elegido no tiene la mayoría en los Lores, una Cámara cuyos miembros no son elegidos y que a juicio de los Comunes debía someterse a su voluntad en un caso urgente y con posiciones opuestas.
Blair, que ha proclamado que la seguridad nacional está por encima de la libertad, algo que sólo se suele aceptar en tiempos de guerra, se negaba a aceptar algo que, visto desde fuera y constatado el desacuerdo, parecía bastante sensato: una cláusula que limitara a un año la vigencia de la ley para dejar pasar las elecciones y buscar luego un acuerdo de consenso, lo que permitía cumplir el objetivo común de que el Gobierno pudiera mantener bajo control a los sospechosos de terrorismo que no puede llevar a juicio porque no quiere hacer públicas las pruebas.