Los partidos desvinculan el pacto por el Estatuto de las acusaciones de corrupción

Los partidos catalanes están dispuestos a desvincular la polémica sobre corrupción del trámite parlamentario para reformar el Estatuto catalán. Todos -desde el PP hasta Convergència i Unió (CiU), pasando por las fuerzas que integran el Gobierno tripartito- están decididos a que la polvareda levantada el pasado jueves, cuando el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, acusó a CiU de quedarse con una comisión del 3% en las obras públicas, no impida el objetivo de que Cataluña se dote de un nuevo Estatuto en esta legislatura.

La dirección de CiU ha anunciado que presentará una quer...

Los partidos catalanes están dispuestos a desvincular la polémica sobre corrupción del trámite parlamentario para reformar el Estatuto catalán. Todos -desde el PP hasta Convergència i Unió (CiU), pasando por las fuerzas que integran el Gobierno tripartito- están decididos a que la polvareda levantada el pasado jueves, cuando el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, acusó a CiU de quedarse con una comisión del 3% en las obras públicas, no impida el objetivo de que Cataluña se dote de un nuevo Estatuto en esta legislatura.

La dirección de CiU ha anunciado que presentará una querella contra el presidente Maragall mañana o el martes. Juristas del Parlamento catalán opinan que no tendrá efecto puesto que la acusación de Maragall fue una opinión emitida en el Parlamento autónomo.

CiU y su líder, Artur Mas, se hallan un tanto descolocados por la interpretación "malévola" -a juicio del propio Mas- que hizo toda la prensa al considerar sus palabras en respuesta a Maragall como una amenaza de boicotear el Estatut si se tiraba de la manta de la supuesta corrupción. "No tenemos la intención de dejar la comisión", aseguran fuentes de CiU, que reconocen que en la federación muchos siguen apostando por romper la baraja y no descartan presentar una moción de censura contra Maragall.

Con todo, el pasado viernes el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, mantuvo una conversación telefónica con el primer secretario del Partit dels Socialistes (PSC) y ministro de Industria, José Montilla, en la que afirmó que sabía que la querella era una especie de viaje a ninguna parte, pero que debía presentarla por el malestar que las acusaciones de Maragall habían creado en CiU y en Mas.

La mayoría de la dirección de CiU no está dispuesta a llevar las cosas hasta el extremo de dejar la ponencia sobre el Estatut, máxime cuando el propio líder del PP, Josep Piqué, ha anunciado que la polémica no va a afectar su concurso en la comisión de la Cámara catalana. Piqué afirmó ayer que según cuál sea el comportamiento de CiU, "los grandes temas de esta legislatura están heridos de muerte". "CiU, ahora menos que nunca, puede dejar la comisión", afirman en Convergència. Fuentes de la presidencia de la Generalitat expresaron su confianza en una evolución favorable de la situación y subrayaron que, a la vuelta del viaje de cuatro días que Maragall realizará a partir de mañana a Uruguay, el presidente fijará la fecha para la cumbre estatutaria con todos los líderes de los partidos parlamentarios. En el entorno de Maragall se opina que la querella es un acto desmesurado.

El secretario general de Esquerra, Joan Puigcercós, sostuvo ayer en conversación con este diario que su partido no admitirá que se mezclen las dos ideas: la de que hablar de corrupción es incompatible con hablar de reforma del Estatut, como hizo Mas el pasado jueves. Algunos sectores republicanos juzgan que el PSC también está reconsiderando echar marcha atrás en las denuncias sobre corrupción ante la posibilidad de que la investigación de la fiscalía sobre corrupción pudiera alcanzarles también a ellos. Puigcercós no quiso referirse a este asunto y se limitó a subrayar: "Estatut y negocios no son buenos aliados". El secretario general de los republicanos consideró que "CiU tendrá muy difícil cualquier intento de ruptura de la ponencia sobre el Estatut, puesto que el listón está alto" El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura (ICV), abonó también la tesis de que la polémica no debe superponerse al Estatut.

En el PSC se considera un "patinazo" la polémica que el pasado jueves suscitó el presidente de la Generalitat. Fuentes del partido mayoritario del tripartito expresaron su confianza de que la sangre no llegue al río, "de la misma manera que la vía subterránea del AVE hará un bucle para no pasar por debajo del templo de la Sagrada Familia". El consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, ha reconocido que "es muy probable que no haya pruebas de las acusaciones" vertidas por Maragall.

Mientras, Esquerra ha expresado su intención de cerrar una reforma "a escala estatal para prohibir las donaciones anónimas a los partidos", según el secretario de organización republicano, Xavier Vendrell, quien apuntó que "ha habido años en que Unió ha recibido más donativos anónimos que el PP en toda España".