Obras dramáticas

Un hombre de 62 años, aquejado de diabetes, que cae de un andamio sin medida de protección alguna; un boliviano contratado de forma irregular que se precipitó desde la octava planta de un piso en construcción; un joven de 22 años que muere aplastado un sábado en una demolición; un operario que llevaba 30 años en una subcontrata de Izar y fallece tras otra caída dos días antes de que la empresa le diese de baja... La estadística de accidentes laborales se resiste a bajar. En España, mueren alrededor de 1.000 personas al año. En Andalucía, los fallecimientos suelen superar desde hace dos décadas...

Un hombre de 62 años, aquejado de diabetes, que cae de un andamio sin medida de protección alguna; un boliviano contratado de forma irregular que se precipitó desde la octava planta de un piso en construcción; un joven de 22 años que muere aplastado un sábado en una demolición; un operario que llevaba 30 años en una subcontrata de Izar y fallece tras otra caída dos días antes de que la empresa le diese de baja... La estadística de accidentes laborales se resiste a bajar. En España, mueren alrededor de 1.000 personas al año. En Andalucía, los fallecimientos suelen superar desde hace dos décadas la cifra de 150.

El exceso de subcontratación, la falta de cultura preventiva de trabajadores y empresas o la pura explotación laboral en algunos casos explican la triste estadística española. Según la UE (cuyo cómputo estadístico difiere del nacional), sólo en Alemania se producen más muertes por accidentes laborales, mientras Francia, Reino Unido e Italia se sitúan muy por debajo pese a su mayor dimensión económica y demográfica. Andalucía es, junto a Cataluña, la comunidad que más aporta al cómputo de accidentes leves, graves y mortales, aunque si se relaciona la siniestralidad con el número de trabajadores, se sitúa entre el séptimo y el octavo lugar.

La sucesión de accidentes en estos dos meses ha vuelto a atraer la atención sobre el asunto. Es difícil precisar si ha habido un repunte global de la siniestralidad en enero y febrero en Andalucía. Todavía no hay datos sobre accidentes leves y graves. En cuanto a los siniestros mortales, los sindicatos han registrado tres en agricultura, cinco en industria, seis en construcción y dos en servicios. Una cifra total de 16 fallecimientos. Pero en el sector servicios faltan los siniestros de trabajadores del transporte en carretera que, al estar relacionados con accidentes de tráfico, se tarda más tiempo en comprobar.

Transporte en carretera

Sin los datos del transporte en carretera, responsable del 40% de los accidentes, lo que sí se puede analizar es el resto de sectores, en los que la ausencia de medidas de prevención puede ser definitiva. Y ahí se comprueba que mientras la agricultura mantiene unos índices similares y la construcción (el sector con más siniestros en proporción al número de trabajadores) confirma el descenso iniciado en 2003, en la industria los accidentes se han agravado: ha habido cinco accidentes mortales, por los tres que hubo en los dos primeros meses de 2003 y 2004. Y sobre todo, se consolida una preocupante tendencia iniciada el año pasado. La industria fue el único sector en el que crecieron los accidentes graves y mortales en 2004. El número de fallecimientos en este sector pasó de 18 a 32 , en un año en el que los siniestros mortales bajaron un 10,7% en Andalucía.

"En la construcción estamos mejorando poco a poco la situación", mantiene Ramón Díaz, responsable regional de UGT en el sector. Según los datos de Díaz, el número de fallecidos en la construcción ha pasado de 14 en los dos primeros meses de 2004 a 6 en enero y febrero de 2005. Son estadísticas distintas a las que maneja el Ministerio de Trabajo. "Ahora sí incluyen los accidentes que se producen en el trayecto del domicilio al lugar de trabajo, pero su sistema no registra a los accidentados si son autónomos, si no tienen papeles, o si fallecen días después del siniestro", indica. El responsable de UGT relaciona los mejores resultados en la construcción con el acuerdo entre sindicatos y patronal del sector, respaldado financieramente por la Junta, que permite que 64 técnicos visiten los tajos para insistir en el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales.

Díaz cree que la generalización de esta experiencia a otros sectores sería positiva. Una medida prevista por la Junta, pero que está pendiente de la creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. La creación de este organismo está prevista desde 2002 pero, primero, el desacueardo entre sindicatos y patronal y luego, el retraso de la Junta en su tramitación como ley han ralentizado el proyecto. Los sindicatos lo creen imprescindible y han pedido, incluso, agilizar su puesta en marcha mediante un decreto.

Otras quejas sindicales siguen sin solucionarse: la plantilla de la Inspección de Trabajo en Andalucía es escasa (poco más de un centenar) con relación al número de empresas. Y la falta de recursos impide también el progreso adecuado de las investigaciones judiciales. Aunque en los últimos años se han nombrado fiscales especializados, que en Andalucía trabajan en red desde el año pasado.

"Hasta hace poco, las negligencias de los empresarios en relación a la normativa de prevención de riesgos laborales era el único problema que teníamos, pero ahora se ha producido un cambio cualitativo", opina el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón, "la subcontratación entre empresas combinada con la inmigración irregular ha intensificado enormemente la siniestralidad, que ahora engloba otros temas como contrataciones de ilegales, sueldos insultantes e incluso coacciones".

El fiscal aboga por la creación de una policía especializada en este tipo de delitos que visite las obras, investigue a las empresas, controle los permisos de trabajo y residencia de los empleados y colabore en la indagación de los delitos a jueces y fiscales. García Calderón considera que ese espacio, que no cubren satisfactoriamente la Policía Nacional y la Guardia Civil, podría cederse a una futura policía autonómica andaluza.