Sanidad investiga posibles incompatibilidades entre las actividades de sus veterinarios en la Segarra

La Generalitat asegura que lleva cuatro meses investigando la posible existencia de casos de conflictos de interés o incompatibilidades entre los veterinarios dependientes del Departamento de Sanidad y empresas privadas del sector agroalimentario. La investigación se centra en la Segarra, donde sólo 13 veterinarios (funcionarios públicos) realizan controles en dos grandes mataderos. Tras cuatro meses de pesquisas, Sanidad aún desconoce el alcance del problema, que abre interrogantes sobre la objetividad de los veterinarios a la hora de garantizar la seguridad alimentaria. La Corporación Alimen...

La Generalitat asegura que lleva cuatro meses investigando la posible existencia de casos de conflictos de interés o incompatibilidades entre los veterinarios dependientes del Departamento de Sanidad y empresas privadas del sector agroalimentario. La investigación se centra en la Segarra, donde sólo 13 veterinarios (funcionarios públicos) realizan controles en dos grandes mataderos. Tras cuatro meses de pesquisas, Sanidad aún desconoce el alcance del problema, que abre interrogantes sobre la objetividad de los veterinarios a la hora de garantizar la seguridad alimentaria. La Corporación Alimentaria Guissona admite que algunos veterinarios pueden haberla "asesorado" ocasionalmente.

De los 13 veterinarios de la Segarra, siete corresponden al matadero de la Corporación Agroalimentaria Guissona y seis al matadero de Copemo Corporación Cárnica.

Guissona, uno de los principales grupos agroalimentarios del país y el pequeño gran imperio de la comarca, niega rotundamente tener en plantilla a ningún veterinario público. Pero su portavoz y responsable de Recursos Humanos, Antoni Condal, admite "la posibilidad de que algunos de ellos [veterinarios de Sanidad] hayan realizado servicios de asesoramiento para la empresa, porque también son profesionales libres". Y añade: "Desde luego, no están en nómina".

Entre los veterinarios que "pueden haber asesorado alguna vez" a este grupo figuran, según corrobora la propia Guissona, tres: M. P., que trabaja en el matadero de la empresa; J. M. O., veterinario no en este caso de matadero, sino "de partido" o de los que inspeccionan los productos cárnicos de carnicerías, supermercados, restaurantes o todo tipo de tiendas, y por último J. M. T., que también trabaja en el matadero de Guissona. Según corroboran fuentes de la Generalitat, este último es a su vez administrador de una granja de cerdos y también copropietario, junto con su esposa, de una de las tiendas de la red de establecimientos de Guissona.

"Esta triple circunstancia [ser funcionario de Sanidad, administrar la granja de animales que potencialmente pueden acabar en el matadero que se supervisa y tener un establecimiento con productos de la empresa] no necesariamente es incompatible. Son casos como éstos los que estamos revisando, con la ayuda de nuestros servicios jurídicos", explica Sebastià Barranco, responsable de la región sanitaria de Lleida del Departamento de Sanidad.

La cuestión es distinguir entre lo que son conflictos de interés de estética escasa e incompatibilidades flagrantes. Fuentes del sector explican que los veterinarios de Sanidad, para los que rige la ley de incompatibilidades de cualquier funcionario de la Generalitat, sólo pueden compatibilizar su tarea con una clínica veterinaria o con la función docente en la Universidad.

Registro

Pero incluso en estas dos circunstancias -más aún si se tratase de asesorar a un grupo cárnico-, un veterinario de Sanidad debería haber presentado la correspondiente declaración para que el departamento autorizase que compatibilizara más de una actividad. Sobre si los veterinarios han pedido o no esta luz verde debería haber constancia en el registro de incompatibilidades. La Secretaría de Función Pública (Gobernación) denegó a este diario el acceso al registro, aduciendo razones de "privacidad". Preguntadas al respecto, fuentes de Sanidad señalaron que este registro forma parte de lo que se está investigando.

Barranco asegura que las investigaciones arrancaron "en torno al pasado mes de noviembre, a raíz de una denuncia sindical". Afectan a 13 personas, de las que se ha llamado a dos para que expliquen sus actividades. Asimismo afirma que la investigación "se intensificará a partir de ahora", en una tarea más compleja de lo que puede parecer si se tiene en cuenta que Guissona emplea a 3.000 personas y tiene 2.000 socios con algún contrato de integración. Es decir, es muy difícil topar con alguien en la zona que no tenga algún tipo de conexión con el grupo empresarial.

En todo caso, Barranco subrayó que no existe "ningún indicio" de que haya "ningún problema sanitario con los productos de Guissona".