Las ONG acusan a Rosa Aguilar de criminalizar a los rumanos
Las ONG que trabajan con inmigrantes en Córdoba acusaron ayer a la alcaldesa, Rosa Aguilar (IU), de pretender "criminalizar" al colectivo de rumanos de etnia gitana. Las asociaciones Pro Derechos Humanos, Pro Inmigrantes y Córdoba Acoge criticaron el desalojo de unos 40 rumanos del cámping municipal el sábado pasado y que miembros del Consistorio afirmaran que el colectivo había roto las normas de convivencia, algo que, según dijeron, fomenta el "rechazo social".
Andrés Ocaña, primer teniente de alcalde, negó ayer que se esté criminalizando al colectivo y pidió que no se haga "demagogia...
Las ONG que trabajan con inmigrantes en Córdoba acusaron ayer a la alcaldesa, Rosa Aguilar (IU), de pretender "criminalizar" al colectivo de rumanos de etnia gitana. Las asociaciones Pro Derechos Humanos, Pro Inmigrantes y Córdoba Acoge criticaron el desalojo de unos 40 rumanos del cámping municipal el sábado pasado y que miembros del Consistorio afirmaran que el colectivo había roto las normas de convivencia, algo que, según dijeron, fomenta el "rechazo social".
Andrés Ocaña, primer teniente de alcalde, negó ayer que se esté criminalizando al colectivo y pidió que no se haga "demagogia". Ocaña dijo que el Ayuntamiento ha trabajado con "sensibilidad" y "responsabilidad" en este asunto y que, si se decidió el desalojo fue por un incumplimiento reiterado de las normas de convivencia.
Sin embargo, Cristina Pedrajas, de Córdoba Acoge, manifestó que sólo existe constancia de que un menor del colectivo se haya visto envuelto en un acto delictivo y no varios, como dijo la Policía Local. Además, sostiene que es falso que los inmigrantes rechazasen ofertas de trabajo, según afirmó Ocaña. El representante municipal reiteró que se les informó sobre la recogida de cítricos y que los adultos no fueron a intentar trabajar.
Para las organizaciones, que ayer anunciaron que enviarán un informe al Defensor del Pueblo Andaluz, la actitud en materia de inmigración del Ayuntamiento ha sido "incoherente". También reprochan a las autoridades municipales que decidieran desalojar a todo el grupo por actuaciones de individuos determinados.
Ocaña detalló también ayer el plan de integración que el Consistorio pretende impulsar con la ayuda de la Junta y la Subdelegación del Gobierno. Este plan, anunciado el 21 de noviembre, todavía no tiene fecha de inicio y se están estudiando varios lugares para ubicar a los inmigrantes que se quieran acoger. El responsable municipal solicitó más implicación del resto de administraciones: "Sólo se equivoca quien afronta de cara los problemas (...) Y no quien está quieto como la Junta o la Subdelegación".