Los altos cargos dejarán de recibir dietas por asistir a consejos de empresas públicas
El Ejecutivo endurece las incompatibilidades con la fijación de sanciones por incumplimiento
El Consejo de Ministros decidió ayer la supresión de las dietas que perciben los altos cargos del Gobierno por su asistencia a los consejos de administración de las empresas públicas. La medida, que el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, calificó de "histórica" por suprimir una "práctica antigua", se compensará con aumentos salariales que garanticen la "transparencia". El Ejecutivo acordó también endurecer la Ley de Incompatibilidades con sanciones para quienes la incumplan, individuos y empresas, y castigar las violaciones del Código de Buen Gobierno aprobado ayer.
La...
El Consejo de Ministros decidió ayer la supresión de las dietas que perciben los altos cargos del Gobierno por su asistencia a los consejos de administración de las empresas públicas. La medida, que el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, calificó de "histórica" por suprimir una "práctica antigua", se compensará con aumentos salariales que garanticen la "transparencia". El Ejecutivo acordó también endurecer la Ley de Incompatibilidades con sanciones para quienes la incumplan, individuos y empresas, y castigar las violaciones del Código de Buen Gobierno aprobado ayer.
La supresión de las dietas por asistencia a los consejos de administración de las empresas públicas afecta a 249 altos cargos del Gobierno -en el anterior eran 267- y no implicará el abandono de la representación del Estado en dichas empresas. Los altos cargos serán compensados con aumentos salariales. Un informe del Ministerio de Economía precisará en breve las compensaciones.
La eliminación de dietas suscitó división de opiniones entre ministerios y el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apoyó la medida en el Consejo de Ministros. De ahí que Sevilla dijera, tras la reunión, que las medidas "van mucho más allá de lo previsto inicialmente por el Gobierno".
El Ejecutivo endureció, asimismo, la Ley de Incompatibilidades, con la aplicación de sanciones. La norma vigente que, según Sevilla es "razonablemente aceptable", no se cumplía por no disponer de un "mecanismo disuasorio". A partir de la reforma, los altos cargos que incumplan la incompatibilidad perderán el derecho a cobrar la pensión indemnizatoria por su anterior puesto de trabajo y tendrán que devolver el dinero percibido. Su expediente se publicará en el BOE y no podrán ser nombrados de nuevo para ocupar un alto cargo en la Administración por un plazo de entre cinco y 10 años.
A su vez, las empresas que contraten a un ex alto cargo vulnerando el régimen de incompatibilidades después de comunicárseles el expediente sancionador, dejarán de trabajar con las tres Administraciones durante todo el tiempo de aplicación del castigo a la personas sancionada.
Los altos cargos no podrán desempeñar sus servicios en empresas privadas "relacionadas directamente" con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de su cese. El Gobierno ha endurecido también el régimen de incompatibilidades al establecer como "relación directa" que los altos cargos, sus superiores a propuesta de ellos o los titulares de sus órganos dependientes, por delegación y sustitución, hubieran dictado resoluciones en relación con dichas empresas o sociedades; o que hubieran intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o resolución en relación con dichas entidades.
A su vez, el Código de Buen Gobierno tendrá un desarrollo normativo, con la fijación de sanciones, incluido el cese, en caso de incumplimiento. Entre sus medidas figura la violación de la custodia de documentos por su destrucción en traspasos de Gobierno. Otras medidas son la comparecencia en el Parlamento de los altos cargos antes de su nombramiento; la supresión de los tratamientos; la austeridad en el uso del poder; la protección y respeto a la igualdad de género o la prohibición de aceptar regalos.