La juez admite la querella por el derrumbe del Carmel y pide informes a la Generalitat

La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, acordó ayer la admisión a trámite de la querella presentada por dos comerciantes afectados por el derrumbamiento ocurrido el 27 de enero en el barrio del Carmel de esta ciudad. En esa resolución, la juez ha reclamado de la Generalitat que le informe de los trabajos que se realizaron en el subsuelo antes del siniestro y que identifique a los responsables de la planificación y dirección de la obra. También solicita de dos universidades una relación de expertos en ingeniería para designar peritos judiciales.

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La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, acordó ayer la admisión a trámite de la querella presentada por dos comerciantes afectados por el derrumbamiento ocurrido el 27 de enero en el barrio del Carmel de esta ciudad. En esa resolución, la juez ha reclamado de la Generalitat que le informe de los trabajos que se realizaron en el subsuelo antes del siniestro y que identifique a los responsables de la planificación y dirección de la obra. También solicita de dos universidades una relación de expertos en ingeniería para designar peritos judiciales.

Las personas cuya identidad se reclama son los responsables de la empresa pública de la Generalitat GISA, encargada de la dirección y ejecución de las obras de ese tramo de la línea 5 del metro entre Horta y Vall d'Hebron, así como los de la unión temporal de empresas que las estaba ejecutando, formada por Fomento de Construcciones, Comsa y Copisa. La magistrada también solicita la identificación de los responsables de la sociedad Tec-4, SA, encargada de la elaboración de los proyectos y la dirección facultativa de la obra, así como de Geocontrol, SA, que redactó los estudios geológicos. Con toda probabilidad, cuando estas personas sean identificadas, serán citadas a declarar, tal como anuncia la juez en su resolución.

Del mismo modo, la magistrada ha solicitado a la Universidad Politécnica de Cataluña y a la de Madrid que "con la máxima urgencia" le remitan una relación de catedráticos o "máximos expertos" cualificados como ingenieros de caminos, de minas o geólogos para poderlos nombrar peritos judiciales. Por el contrario, la juez ha rechazado la petición de los querellantes de ordenar la detención y el ingreso en prisión de esas personas una vez identificadas, así como realizar una inspección ocular de la zona.

Estragos y daños

La admisión a trámite de la querella se acuerda únicamente por los delitos de estragos y daños por imprudencia. El Código Penal castiga la primera conducta con penas de entre uno y cuatro años de cárcel, y en el caso de los daños, la pena que se impone es sólo de multa. La juez rechaza que pudiera haberse cometido un delito de encubrimiento para ocultar pruebas por la decisión de las administraciones de verter varias toneladas de cemento en el socavón de la zona.

"El cemento no lo han echado para ocultar pruebas, sino para rellenar el agujero", dijo ayer el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena. Con todo, como suele ocurrir en estos casos, la magistrada advierte de que adopta esta decisión sin perjuicio de que en el futuro se puedan concretar "indicios de criminalidad más consistentes".

Ignacio Fernández de Senespleda, abogado de los dos comerciantes que presentaron la querella, cuyos establecimientos (una pastelería y un estanco) han tenido que cerrar por el derrumbe, expresó ayer su satisfacción por la decisión judicial. Con todo, el abogado se lamentó de que la justicia haya tardado más de tres semanas en iniciar la investigación de los hechos

. La juez recuerda en su resolución que el día del derrumbe también abrió diligencias al recibir los atestados policiales, aunque más tarde ordenó el archivo por considerar que se trataba de un delito que no se podía perseguir si no había denuncia de perjudicados, que es lo que ocurrió al presentarse la querella.

Los abogados de los dos comerciantes reclamaban igualmente que se exigiese a las constructoras y a la Generalitat una fianza de 100 millones de euros para asegurar las responsabilidades civiles derivadas del caso, así como la incautación del libro de obras en el que se recogen todas las incidencias de los trabajos. Ninguna de las dos peticiones ha sido atendida tampoco por la magistrada, cuya resolución coincide plenamente con la petición que le planteó el ministerio público dos días antes, en un escrito firmado por Mena.

Si, como es previsible, la tramitación del caso adquiere una gran complejidad por la cantidad de informes y diligencias que se deben realizar, el equipo de fiscales de medio ambiente

asumirá el trabajo, coordinado por el fiscal jefe.El fiscal Mena también se felicitó ayer por la decisión de la juez, aunque mostró sus reservas sobre la idoneidad de la vía penal para investigar los hechos. "Tengo la convicción de que no vamos a arreglar el mundo. El derecho penal es la última ratio y la Administración tiene otras vías". Con todo, destacó cuál será el papel de la fiscalía. "Seremos árbitros imparciales. Es lo único que podemos ofrecer a la ciudadanía", declaró

Réplica a Felip Puig

Momentos antes, sin citarlo, Mena replicó a las declaraciones realizadas hace unos días por Felip Puig, portavoz del grupo parlamentario de CiU, quien afirmó que si él fuese consejero y la coalición nacionalista siguiera gobernando, la fiscalía ya habría actuado. "La fiscalía percibe cierta hostilidad en semejantes declaraciones, que no es recíproca", dijo Mena, antes de añadir que "desde la fiscalía no se va a perseguir a nadie por el cargo que ocupa o el partido al que pertenece, de la misma manera que a nadie se va a dejar de perseguir por lo mismo". Con todo, Mena, recordó algo ya conocido. "Personalmente, el título de mis amigos es otro" distinto al de Puig.

Por otra parte, el Departamento de Política Territorial tiene a un equipo de juristas preparando una denuncia contra las empresas constructoras y las que realizan la dirección de obras que, cuando se materialice, se acumulará a la que tramita el Juzgado de Instrucción número 33. Allí irán a parar también cuantas acciones judiciales se presenten por los mismos hechos. En la denuncia que ultima, la Generalitat considera que se han causado daños al patrimonio público durante la ejecución de los trabajos y también al patrimonio privado de las personas afectadas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona estudiará "con rigor y prudencia" si se persona "como parte perjudicada" en la querella que el Juzgado de Instrucción número 33 ha admitido a trámite.