Imponen 10 millones de fianza al presidente de los urbanizadores
El Juzgado número 4 de Marbella (Málaga) ha acordado, con fecha 25 de enero de 2005, requerir a Ricardo Arranz de Miguel la constitución de una fianza de diez millones de euros a la vista de los indicios de comisión de un delito fiscal, imputado por defraudación al IRPF e Impuesto de Sociedades en relación a la Sociedad de su propiedad Monte Halcones, S.A. En la misma providencia el juzgado declara a dicha empresa, responsable civil del citado delito.
Esta providencia se dicta siguiendo la tesis inculpatoria de la Abogacía del Estado, del Ministerio Fiscal y de la Agencia Tributaria. La...
El Juzgado número 4 de Marbella (Málaga) ha acordado, con fecha 25 de enero de 2005, requerir a Ricardo Arranz de Miguel la constitución de una fianza de diez millones de euros a la vista de los indicios de comisión de un delito fiscal, imputado por defraudación al IRPF e Impuesto de Sociedades en relación a la Sociedad de su propiedad Monte Halcones, S.A. En la misma providencia el juzgado declara a dicha empresa, responsable civil del citado delito.
Esta providencia se dicta siguiendo la tesis inculpatoria de la Abogacía del Estado, del Ministerio Fiscal y de la Agencia Tributaria. Las actividades delictivas investigadas judicialmente contra Ricardo Arranz comenzaron a salir a la luz cuando, en 1998, se separó del Grupo La Quinta, del que era gestor con plenos e ilimitados poderes.
El nuevo equipo directivo de La Quinta descubrió que Arranz había utilizado los poderes de la compañía en clara administración irregular y abuso de confianza. Se inició entonces una serie de demandas y querellas ante diversos órganos judiciales, en varios casos con resultado de condenas contra Ricardo Arranz, por entender la Justicia, por ejemplo, que engañó dolosamente a Tomás Pascual, presidente del Grupo La Quinta, en la firma del documento que formalizó la separación de los socios en 1998, al asignarse o Arranz diversas propiedades por un valor muy superior al que legalmente le correspondía por su participación minoritaria en el Grupo La Quinta. Una sentencia deteminó la anulación del contrato, según un comunicado del Grupo Pascual.
La misma nota afirma también que Arranz ha sido condenado por competencia desleal y ocupación ilícita de terrenos propiedad del Grupo La Quinta. Además desarrolló actividades inmobiliarias paralelas, mientras era administrador de La Quinta, en clara colisión con los intereses que estaba obligado a defender.
En la larga contienda judicial, llega ahora este requerimiento de fianza como consecuencia de la querella criminal contra Ricardo Arranz por diversos delitos de defraudación. Querella en la que la Agencia Tributaria y el Ministerio Fiscal le imputan, además, un delito fiscal por un presunto fraude de más de mil millones de pesetas en negocios personales realizados mientras debía prestar sus servicios para La Quinta. En la actualidad, Ricardo Arranz opera en Marbella a través de su sociedad Monte Halcones y preside la Asociación Nacional y la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial.