El Gobierno será más flexible con las participaciones en empresas del mismo sector

El plan de competitividad para dinamizar la economía que coordina el vicepresidente Pedro Solbes y que el Gobierno aprobará en menos de un mes tendrá un impacto directo sobre las incompatibilidades que tienen las empresas para participar en más de un operador principal de un mismo mercado o sector. Entre las medidas previstas en el plan figura elevar los actuales límites a los derechos de voto que existen para las empresas que participan directa o indirectamente en dos o más sociedades de un mismo mercado o sector "con más del 3% del capital o de los derechos de voto".

No está aún cerra...

El plan de competitividad para dinamizar la economía que coordina el vicepresidente Pedro Solbes y que el Gobierno aprobará en menos de un mes tendrá un impacto directo sobre las incompatibilidades que tienen las empresas para participar en más de un operador principal de un mismo mercado o sector. Entre las medidas previstas en el plan figura elevar los actuales límites a los derechos de voto que existen para las empresas que participan directa o indirectamente en dos o más sociedades de un mismo mercado o sector "con más del 3% del capital o de los derechos de voto".

No está aún cerrado hasta dónde se elevará el porcentaje, aunque fuentes consultadas apuntaron la posibilidad, "a título de ejemplo", de pasar del actual 3% a un 10%. Esta iniciativa facilitaría las participaciones empresariales cruzadas y, como derivada, la presencia simultánea de entidades financieras en compañías participadas que compiten entre sí. Es el caso de BBVA y La Caixa.

La caja está presente en Repsol (14,5%)-Gas Natural (34,5%) y en Endesa (5%) y ha admitido su interés por entrar en el consejo de la primera eléctrica española, una vez Endesa no se cuenta en estos momentos entre los cinco operadores principales del sector del gas. A este respecto, el consejero delegado de la eléctrica, Rafael Miranda, subrayó ayer que es "imposible" la irrupción de la caja catalana en su consejo porque su empresa controla en total un 10% del mercado gasista, incluyendo ventas a tarifa, en el mercado libre y consumo de los ciclos combinados de la empresa.

También es el caso del BBVA, que está presente con un 5,1% y un 5,3%, respectivamente, en Repsol e Iberdrola, cuando ambos grupos operan en el sector del gas, y están además entre los cinco primeros operadores del mercado, según la lista que manejan Industria y la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

Incompatibilidad de Enagás

En esta lista figuran Repsol y su participada Gas Natural, seguidas de Enagás, Hidrocantábrico, Iberdrola y BP. Esta relación de empresas del sector gasista plantea, por otra parte, la incompatibilidad de La Caixa en Gas Natural e, indirectamente, en el operador técnico del sistema gasista, Enagás.

Gas Natural ya ha iniciado el camino de la desinversión en Enagás, después de que, en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2004, el Gobierno del PP incluyera la obligación de que ningún accionista de Enagás pueda tener una participación superior al 5%. Siempre según esta ley, y al margen de cómo gestione la CNE esta situación, Gas Natural tiene tres años, hasta finales de 2006, para ir vendiendo acciones. A 31 de diciembre de 2004, controlaba un 26,1% de Enagás, en la que la gasista tiene tres consejeros.

A pesar de que su medida facilita esta presencia simultánea, el Gobierno no considera que su actuación sea menos decidida en favor de una mayor competencia en los distintos mercados. Entre los argumentos que baraja para dar el paso figuran desde evitar la descapitalización de grandes empresas en sectores estratégicos hasta la necesidad de que estas empresas tengan accionistas estables, más allá de cómo vayan arañando peso en el mercado. "Con sólo un puñado de grandes grupos hay que eliminar rigideces excesivas", justificaron.

La flexibilización cambiaría el artículo 34 del Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, aprobado por el anterior Gobierno del Partido Popular. Este artículo señala que "las personas físicas o jurídicas que, directa o indirectamente, participan en el capital de dos o más sociedades que tengan la condición de operador principal en un mismo mercado o sector en una proporción superior al 3% del total del capital o de los derechos de voto no podrán ejercer los derechos de voto correspondientes al exceso respecto de dicho porcentaje". El mismo artículo impide que, en este caso, las empresas designen consejeros.