Justicia quiere resolver el 35% de las penas a menores con la mediación
El Parlamento aprueba por unanimidad el Plan de Justicia Juvenil 2004-2007
Los partidos fueron capaces de dejar ayer de lado sus diferencias y aprobar por unanimidad el Plan de Justicia Juvenil 2004-2007, que contiene un conjunto de medidas para hacer posible que los menores infractores cumplan las penas dictadas por los juzgados. Entre sus objetivos, el proyecto elaborado por el Departamento de Justicia pretende que el 35% de las penas impuestas a los jóvenes se resuelvan a través de la mediación entre el delincuente y su víctima. La idea es que el infractor se responsabilice de lo que ha hecho y que la víctima se considere resarcida por el daño sufrido.
La C...
Los partidos fueron capaces de dejar ayer de lado sus diferencias y aprobar por unanimidad el Plan de Justicia Juvenil 2004-2007, que contiene un conjunto de medidas para hacer posible que los menores infractores cumplan las penas dictadas por los juzgados. Entre sus objetivos, el proyecto elaborado por el Departamento de Justicia pretende que el 35% de las penas impuestas a los jóvenes se resuelvan a través de la mediación entre el delincuente y su víctima. La idea es que el infractor se responsabilice de lo que ha hecho y que la víctima se considere resarcida por el daño sufrido.
La Comisión de Instituciones e Interior del Parlamento vivió ayer un debate inusual, sin asomo del abierto desencuentro que viene presidiendo las relaciones entre los partidos a lo largo de esta legislatura. El Plan de Justicia Juvenil salió adelante incluso con las alabanzas de la oposición, que lo calificó de "bueno", aunque después intentó colocar algunas de sus propuestas. Este plan tiene su antecedente en el que puso en marcha el Gobierno vasco en 1998 y se prolongó hasta 2003. La aprobación de la Ley Penal del Menor en 2000, de carácter básico y, por lo tanto, de obligado cumplimiento por todas las comunidades, y su posterior desarrollo a través de un reglamento, ha llevado al Departamento de Justicia a elaborar el actual plan con el fin de desarrollar al máximo las posibilidades de esa norma estatal.
El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, enumeró las tres claves en las que sustenta el plan: potenciación de la mediación, la conciliación y la reparación extrajudicial entre víctima y delincuente; la vocación de que los infractores cumplan las penas en régimen abierto, y la creación de una red de centros que acojan a los jóvenes donde la prioridad sea la educación. "Sólo la aplicación de parámetros pedagógicos permitirán que el joven se haga responsable de su propia vida y protagonista de su inserción en la sociedad", destacó el consejero.
La entrada en vigor de la Ley Penal del Menor, que rebaja la edad de responsabilidad penal (de 16-18 años a 14-18 años) ha provocado en los últimos años un incremento muy considerable del número de medidas impuestas por los juzgados de menores. Entre los años 2000 y 2003 crecieron un 224%, hasta llegar a las 761. Las medidas de internamiento en régimen cerrado, la disposición más severa, crecieron un 72%, hasta las 108 que se registraron en 2003. Durante el pasado año la tendencia siguió al alza, con 142 internamientos en régimen cerrado. A día de hoy, hay 39 menores internados, de los que 15 son extranjeros. Mientras, otros 102 cumplen alguna medida en el régimen abierto.
Reducir el internamiento
Precisamente, la presencia de menores extranjeros no acompañados ha crecido de una manera espectacular en los últimos años, erigiéndose en un problema para las administraciones vascas. La entrada de estos inmigrantes sin padres ni documentos se ha estabilizado en una cifra que ronda los 400 al año. Su presencia es un desafío para el Gobierno vasco y las diputaciones, que en algunas ocasiones se han visto desbordadas por el problema.
Junto al impulso de los programas de mediación y reparación extrajudicial, otro de los objetivos es el desarrollo del mayor número posible de medidas en el medio abierto, como las prestaciones en beneficio de la comunidad, el tratamiento ambulatorio y tareas socio-educativas. La viceconsejera de Justicia, Esther Larrañaga, recalcó que una de las novedades que presenta el plan respecto a lo que hay en marcha en otras comunidades es que no se hace del "internamiento" el núcleo duro del proyecto. "Los menores terminan internados cuando no hay más remedio; es decir, cuando las administraciones no pueden facilitar a los juzgados de menores otro tipo de medidas alternativas", explica la viceconsejera. En el caso del País Vasco, el departamento se ha fijado reducir las disposiciones de internamiento hasta el 10% de las medidas impuestas por los juzgados. En la actualidad esa cifra ronda el 13%.
La tercera pata del proyecto consiste en la creación de una red de centros educativos que sirvan para que los menores infractores cumplan una pena de internamiento, a veces en régimen abierto y otras cerrado, "desde un punto de vista educativo y socializador". La red estaría estructurada en tres niveles de centros. En el primero se integrará el de Ibaiondo, en Zumarraga, destinado a los menores que deben cumplir las medidas de internamiento más restrictivas. Contará con 36 plazas y será de gestión directa del Gobierno. En los otros dos niveles se incluirán el resto de centros (un total de siete), que serán de gestión indirecta y con 55 plazas en su conjunto.
En cuanto a la plantilla, actualmente los centros cuentan con 113 personas, una cantidad que ascenderá hasta las 167 cuando concluya el plan en 2007. De esa plantilla, 96 personas trabajarán en centros de gestión indirecta. El plan aprobado incluye una petición al Gobierno central para que todos los menores cumplan sus penas en Euskadi. La demanda está pensada para aquellos jóvenes condenados por delitos de terrorismo, que en la actualidad cumplen la condena en cárceles fuera del País Vasco. Esta propuesta se incorporó con los votos del tripartito y con el rechazo de PP y la abstención del PSE.