La fiscalía de Asturias no ve delito en la actuación policial en torno al 11-M

La fiscalía de Asturias ha decretado el archivo de las diligencias abiertas a mandos y agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía por su actuación en la investigación de la trama asturiana de los explosivos utilizados en la matanza del 11-M en Madrid, tras constatar que en el proceder de los cuerpos de seguridad pudo haber errores pero no delitos por incumplir la obligación de perseguir el crimen o por ocultar pruebas.

El fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero, precisa que "los errores o la negligencia profesionales, caso de existir, son competencia del ámbito discip...

La fiscalía de Asturias ha decretado el archivo de las diligencias abiertas a mandos y agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía por su actuación en la investigación de la trama asturiana de los explosivos utilizados en la matanza del 11-M en Madrid, tras constatar que en el proceder de los cuerpos de seguridad pudo haber errores pero no delitos por incumplir la obligación de perseguir el crimen o por ocultar pruebas.

El fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero, precisa que "los errores o la negligencia profesionales, caso de existir, son competencia del ámbito disciplinario de la Guardia Civil y de la policía".

El ministerio público hizo careos entre agentes, mandos de la Guardia Civil y un confidente

Las diligencias ahora archivadas fueron promovidas por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a propuesta del fiscal antidroga de Asturias, José Perals. Éste decidió intervenir cuando se tuvo conocimiento de que tres confidentes (Francisco Javier Villazón Lavandera, en la actualidad testigo protegido en el sumario del 11-M; Rafá Zouhier, imputado en esa causa, e Ignacio Fernández Díaz, Nayo, que está huido de la Justicia tras su detención en la Operación Pipol contra el tráfico de estupefacientes) alertaron en varias ocasiones entre el verano de 2001 y febrero de 2003 a la policía y la Guardia Civil de que tanto Antonio Toro Castro como su cuñado José Emilio Suárez Trashorras -supuestos proveedores de dinamita a los autores de la matanza del 11-M- traficaban con explosivos.

El ministerio público también ha investigado si mandos de la Guardia Civil de Gijón incurrieron en delito al no haber aportado al juez instructor del sumario del 11-M una grabación de las confidencias realizadas por Lavandera en 2001 al agente del cuerpo Jesús Campillo y en las que alertaba de que Toro y Trashorras buscaban compradores para 400 kilos de dinamita así como personas capaces de fabricar bombas mediante el uso de teléfonos móviles. La existencia de esa casete se conoció por una filtración a la prensa el pasado otoño y supuso la destitución del comandante jefe de la Guardia Civil de Gijón José Antonio Rodríguez Bolinaga, y la apertura de un expediente a éste y al entonces teniente Carlos Montero.

Tras los interrogatorios y careos realizados en la sede de la fiscalía en los dos últimos meses entre agentes y mandos de la Guardia Civil y el confidente Lavandera, y tras el estudio de los informes internos reclamados al instituto armado, así como los documentos que obran en el sumario del 11-M, el fiscal jefe de Asturias concluye que no hubo ocultamiento de pruebas. Argumenta que el contenido de esa grabación, aunque no íntegramente, fue transcrito por el agente Campillo en un informe del 29 de agosto de 2001 y que ese escrito sí consta en una reunión de trabajo que tuvo lugar en abril de 2004 en la Dirección General de la Guardia Civil. "No puede haber ánimo de ocultamiento de lo que ya es público y conocido", sostiene Herrero.

Aunque en ese informe Campillo no había mencionado el posible viaje a Marruecos a la búsqueda de expertos capaces de activar bombas con teléfonos móviles por parte de Trashorras, en la investigación de la fiscalía no se ha podido acreditar que Bolinaga y Montero hubiesen escuchado íntegra la cinta.

Respecto a la no persecución del delito tras las confidencias de Lavandera a la Guardia Civil, las contradicciones existentes entre éste y responsables del cuerpo no han permitido acreditar, según la fiscalía, si Lavandera aportó suficientes datos, si reconoció o no a Trashorras en las fotografías de sospechosos que le fueron mostradas y si avisó con antelación o "a posteriori" de las visitas de éste al club nocturno donde supuestamente buscaba compradores para la dinamita.

"No podemos acreditar que alguno mienta porque todos se mantienen firmes en sus respectivos testimonios", señala Herrero, de modo que "no hay base penal para perseguir judicialmente" a los mandos "por no haber profundizado más en la investigación".

La fiscalía añade que la investigación "no fue abandonada y está documentado que se hicieron seguimientos", si bien admite que "quizá no se hicieron pesquisas suficientes", aunque ello no sería una infracción penal.

La investigación acredita que entre las comandancias de la Guardia Civil de Gijón y Oviedo llegó a haber una reunión en febrero de 2003 en la que se propuso crear una unidad para investigar la vinculación de Trashorras y Toro con el tráfico de explosivos, pero no se formalizó porque el entonces teniente Montero consideró que "la operación estaba quemada".