La Sindicatura detecta irregularidades "generalizadas" en el Gobierno de CiU

Colom denuncia "las contrataciones y la concesión de subvenciones"

Irregularidades de todo tipo en las administraciones catalanas. La Sindicatura de Cuentas presentó ayer en el Parlament 17 informes sobre las cuentas de la Generalitat, organismos y empresas públicas y fundaciones entre los años 2000 y 2003 -la última legislatura del Ejecutivo de CiU- con un balance alarmante. "No se detectan irregularidades graves, pero sí bastante generalizadas", resumió el síndico mayor, Joan Colom.

Irregularidades en la concesión de subvenciones, errores en la contabilidad de empresas públicas, cursos que se financiaban y no se llevaban a cabo, adjudicación de contr...

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Irregularidades de todo tipo en las administraciones catalanas. La Sindicatura de Cuentas presentó ayer en el Parlament 17 informes sobre las cuentas de la Generalitat, organismos y empresas públicas y fundaciones entre los años 2000 y 2003 -la última legislatura del Ejecutivo de CiU- con un balance alarmante. "No se detectan irregularidades graves, pero sí bastante generalizadas", resumió el síndico mayor, Joan Colom.

Irregularidades en la concesión de subvenciones, errores en la contabilidad de empresas públicas, cursos que se financiaban y no se llevaban a cabo, adjudicación de contratos sin publicidad ni las debidas garantías, falta de justificantes de gastos y, en general, falta de transparencia. La lista parece larga, pero en realidad es sólo un escueto resumen de lo que se describe en los centenares de folios que componen los 17 informes que la Sindicatura de Cuentas entregó ayer al Parlamento catalán. El síndico mayor, Joan Colom, aseguró que estos documentos revelan "irregularidades bastante generalizadas, pero no graves" en el sector público catalán durante los años 2000 y 2003.

Con una sola excepción: la Sindicatura de Cuentas se ha visto obligada a elevar al Tribunal de Cuentas el informe sobre la gestión de Ferrocarrils de la Generalitat en 2002. El expediente informa de irregularidades en el aumento de los salarios y en dos contratos que contienen cláusulas de indemnización del ex presidente de esta empresa pública en el momento de la fiscalización, Antonio Herce. "Los contratos no parecen ajustados a derecho", se limitó a comentar Colom.

La situación general que detallan los informes es "parecida a la que ya describía la auditoría sobre la gestión del anterior Ejecutivo" elaborada por el Gobierno tripartito. Colom enumeró tres problemas básicos: "En el área de personal, en la contratación y en las subvenciones". Y aprovechó para mostrar su preocupación "por la propensión de las administraciones de cualquier nivel a utilizar fórmulas poco transparentes".

Colom criticó también los problemas de la Sindicatura para hacer acopio de la información necesaria para elaborar sus informes. Pidió que el Parlament le permita sancionar a las administraciones que no atienden sus demandas. "El 10% de los ayuntamientos catalanes no facilita ningún tipo de información", argumentó.

- Televisió de Catalunya (TVC). El informe denuncia que la deuda de la compañía se situaba en 125 millones de euros al cierre de 2001, el 69% más que en 1998. La Sindicatura asegura que TVC "no cuenta con un sistema de contabilidad analítica completo", y da ejemplos como la sobrevaloración de fondos propios en 113 millones de euros.

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- Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM). El informe denuncia la adjudicación de contratos de consultoría sin la debida transparencia, así como varias irregularidades en la contabilidad relativa al tranvía del Baix Llobregat.

- Consorcio para la Normalización Lingüística. El informe asegura que el consorcio abonó cantidades para la prestación de cursos, pero los auditores desconocen si esos cursos se llevaron a cabo.

- Consejo Catalán del Deporte. La Sindicatura detecta en 2002 un reguero de irregularidades como la concesión de subvenciones sin detallar la razón, sin publicidad e incluso a entidades que no las solicitaron, y asegura que los gestores nombrados por el anterior Ejecutivo de CiU comprometieron gastos por importe de 90 millones de euros hasta 2013.

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