Medio centenar de españoles fingieron su muerte en 2003 para cobrar seguros
Más de medio centenar de españoles, en concreto 56, se las ingeniaron el pasado año para simular su muerte e intentar que las aseguradoras con las que habían suscrito un seguro de vida les abonaran una indemnización por su supuesto fallecimiento. Estos 56 casos registrados, según los datos de la entidad que investiga el mercado asegurador, ICEA, corresponden únicamente a los que fueron finalmente descubiertos y ninguna aseguradora puede descartar que algunos otros consiguieran culminar el engaño y ahora disfruten de su "muerte" con el dinero del seguro. Lograran o no sus propósitos, esos estaf...
Más de medio centenar de españoles, en concreto 56, se las ingeniaron el pasado año para simular su muerte e intentar que las aseguradoras con las que habían suscrito un seguro de vida les abonaran una indemnización por su supuesto fallecimiento. Estos 56 casos registrados, según los datos de la entidad que investiga el mercado asegurador, ICEA, corresponden únicamente a los que fueron finalmente descubiertos y ninguna aseguradora puede descartar que algunos otros consiguieran culminar el engaño y ahora disfruten de su "muerte" con el dinero del seguro. Lograran o no sus propósitos, esos estafadores hicieron gala de una gran imaginación para idear las más diversas formas de fallecimiento, aunque el modus operandi más habitual volvió a ser, un año más, el accidente en carretera, acaecido sobre todo en países extranjeros.
A partir de ahí, la picaresca de los timadores pierde creatividad, ya que la mecánica suele ser la misma: se falsifica la copia del atestado, de la autopsia y de la prueba toxicológica, así como el certificado médico y el acta de defunción. Si a estos 56 estafadores que fueron descubiertos les hubiera salido bien la jugada, se habrían embolsado de media 16.800 euros cada uno, lo que hubiera supuesto un fraude a las aseguradoras por un total de 940.510 euros.
El problema es que algunos de ellos llegaron al extremo de fingir su muerte para cobrar menos de 500 euros, según los datos facilitados por ICEA, arriesgándose a una pena de entre uno y seis años por cometer un delito de estafa.