La Junta de Govern desestima la impugnación del dictamen de la Acadèmia

La Junta de Govern de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) desestimó ayer la impugnación y recusación que dos académicos secesionistas habían presentado con el fin de abortar la discusión en el pleno de hoy del dictamen titulado Els principis i criteris per la defensa de la denominació i l'entitat del valencià, que apoyan al menos 13 de los 20 acadèmicos que la integran, y al que se opone el Consell. Los académicos Ramón Ferrer y Àngel Calpe consideraban que los componentes de la Junta eran "juez y parte" al discutir las enmiendas del dictamen.

Pero el propio letrado de la ...

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La Junta de Govern de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) desestimó ayer la impugnación y recusación que dos académicos secesionistas habían presentado con el fin de abortar la discusión en el pleno de hoy del dictamen titulado Els principis i criteris per la defensa de la denominació i l'entitat del valencià, que apoyan al menos 13 de los 20 acadèmicos que la integran, y al que se opone el Consell. Los académicos Ramón Ferrer y Àngel Calpe consideraban que los componentes de la Junta eran "juez y parte" al discutir las enmiendas del dictamen.

Pero el propio letrado de la Acadèmia, Lluís Aguiló, emitió un informe contrario al considerar que no había ningún motivo de recusación y que no es incompatible pertenecer a la Junta y tomar parte en los trabajos de la Acadèmia. Los cuatro académicos que estaban en la última Junta de Govern (la presidenta se ausentó por cuestiones familiares) votaron en contra de la recusación.

El Consell no dejó de presionar ayer con el fin de impedir la aprobación del dictamen, que defiende el uso de la denominación de valenciano al tiempo que reconoce la unidad lingüística y propone usar el doblete valenciano/ catalán en muy determinados ámbitos del exterior para aludir al sistema lingüístico. Se llegó a amenazar con modificar la ley de creación de la Acadèmia. Desde el grupo popular en las Cortes también se advirtió de que el PP está dispuesto a intentar modificar la ley si prospera el dictamen, según fuentes parlamentarias.

Ya en 1998, Eduardo Zaplana, siendo presidente de la Generalitat, presionó del mismo modo durante las intensas negociaciones para la elección de los académicos.

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