Pandereta

Ha quedado visto para sentencia el juicio que, por narcotráfico, se ha seguido ante la Audiencia Provincial de Cádiz contra doce personas y a los que la Fiscalía les acusa, en distintos grados de participación, de ser responsables de este delito. Hasta aquí poco hay que decir. En un Estado de Derecho, como constitucionalmente se declara España, es razonable pensar que cuando la Fiscalía sienta a alguien en el banquillo, bien sentado está. Que hay base probatoria suficiente para sostener la acusación. Es verdad que a veces las cosas no son así. Una prueba no conseguida o unas pruebas contradict...

Ha quedado visto para sentencia el juicio que, por narcotráfico, se ha seguido ante la Audiencia Provincial de Cádiz contra doce personas y a los que la Fiscalía les acusa, en distintos grados de participación, de ser responsables de este delito. Hasta aquí poco hay que decir. En un Estado de Derecho, como constitucionalmente se declara España, es razonable pensar que cuando la Fiscalía sienta a alguien en el banquillo, bien sentado está. Que hay base probatoria suficiente para sostener la acusación. Es verdad que a veces las cosas no son así. Una prueba no conseguida o unas pruebas contradictorias pueden dejar sin contenido la acusación pública.

Sin embargo, aunque esto es así o puede serlo, lo que es difícil de entender es que el propio fiscal en sus conclusiones se cebe en el juez instructor y diga que espera una sentencia absolutoria. Es difícil de entender porque si el propio fiscal reconoce que no hay pruebas, pues la de cargo que sostiene en su escrito de acusación no la ha conseguido, no parece razonable que siga manteniendo la acusación por mucho que, en conciencia o pruebas anuladas, los considere responsables. Son las pruebas válidas y no la conciencia las que determinan la responsabilidad de las personas.

Tampoco es admisible que se haga responsable al juez instructor de esta probable absolución, según afirma el fiscal. Si algo tiene el fiscal son facultades para el ejercicio de acciones en defensa del Derecho. Luego si el juez instructor ha actuado de forma que haga posible la absolución el camino no es el de "ancha es Castilla", y largar fiesta a diestra y siniestra. Es otro. Sino es otro, mal negocio. Un negocio que viene a decir que los jueces pueden hacer lo que venga en gana, y que al fiscal solo le queda el derecho al pataleo que como se sabe, no es derecho. Claro que a lo mejor, el juez actúo conforme al Estado de Derecho y por esta razón no se puede fundar una acusación por la fiscalía, con mayores esperanzas.

En fin, ¡qué pena que los inocentes se vean culpables -caso Wannikof- ; que los errores prescriban -caso Lamari- y estos jueces no recuerden porque acordaron su libertad, y que los narcos paseen sin otros problemas que enfrentar al juez instrucctor y al fiscal.

A veces, en esto de la Justicia, no se si el Estado es Derecho o de pandereta.