El PP rechaza un referéndum para ratificar la reforma del Estatut
Esquerra Unida apoya la iniciativa de los socialistas
La propuesta de los socialistas valencianos de someter a referéndum la reforma del Estatut d'Autonomía fue secundada ayer por Esquerra Unida del País Valencià, pero rechazada por el Partido Popular. El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Serafín Castellano, dijo que la propuesta del PSPV "no es necesaria" y abogó por no hacer "esperar" a los valencianos porque "no hay razón alguna" para dilatar el proceso.
La propuesta de convocar un referéndum para ratificar la reforma del Estatut d'Autonomía que el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, hizo el sábado "no es necesaria", s...
La propuesta de los socialistas valencianos de someter a referéndum la reforma del Estatut d'Autonomía fue secundada ayer por Esquerra Unida del País Valencià, pero rechazada por el Partido Popular. El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Serafín Castellano, dijo que la propuesta del PSPV "no es necesaria" y abogó por no hacer "esperar" a los valencianos porque "no hay razón alguna" para dilatar el proceso.
La propuesta de convocar un referéndum para ratificar la reforma del Estatut d'Autonomía que el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, hizo el sábado "no es necesaria", según Castellano. Para los socialistas, la celebración de un referéndum permitiría "superar el agravio histórico de no poder aprobarlo de este modo hace 22 años, como sí lo hicieron otras comunidades". Pero el portavoz del PP replica que la norma que rige el autogobierno valenciano "no contempla" esa posibilidad. Además, añadió, la reforma puesta en marcha en las Cortes Valencianas -aunque frenada esta última semana a causa del renacimiento del conflicto lingüístico- "va a contar con la plena complicidad de la sociedad civil". Ésta, prosiguió Castellano, va a tener "participación activa" a través de las comparecencias que sus máximos representantes van a realizar ante la ponencia del Estatuto en la Cámara, "e incluso a través de la participación que se promueve mediante la página web puesta en marcha para ello".
"Nos encontramos ante una oportunidad histórica para acometer la reforma de nuestro Estatut, porque ser la primera Comunidad en realizarla tiene un valor político añadido, que le dará a nuestra reforma la categoría que le corresponde y que no tendría yendo por detrás de otras Comunidades", dijo Castellano, quien indicó que "esta oportunidad histórica tiene más sentido todavía cuando todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en lo fundamental, que es, de entrada, que hay que hacer la reforma, y en los términos esenciales de ésta como son la disolución de las Cortes, el no tocar el Preámbulo ni el Título Primero o la defensa de nuestras señas de identidad".
Sin embargo, los socialistas consideran roto el acuerdo alcanzado con los populares de no tocar el Preámbulo ni el Título Primero. "El acuerdo fue para no abrir una nueva guerra de símbolos, pero si ellos han abierto la guerra de la lengua el pacto está ya roto", señalan desde el PSPV.
Pese a ello, Castellano insistió ayer en que "no hay motivo alguno para hacer esperar a los valencianos y valencianas". "Después de ocho años intentando realizar esta reforma ahora nos encontramos en un momento completamente oportuno, con un calendario encima de la mesa totalmente posibilista y realista y, por tanto, no hay razón alguna que nos lleve a dilatar el proceso", agregó. El portavoz popular instó a Pla a no poner "excusas" que lleven al PP a pensar que la postura del PSPV es prolongar el proceso "para depender e ir por detrás de las reformas que acometan en otras comunidades autónomas".
Por su parte, la coordinadora de EU, Glòria Marcos, dijo ayer "compartir la idea", pero advirtió de que "esa iniciativa puede salir mal si no se fomenta primero el debate social y la participación de la ciudadanía". "Nuestra propuesta en ese sentido", precisó Marcos, "sería que los representantes en la comisión de Reforma del Estatuto de las Cortes acudan a las comarcas y recojan sobre el terreno las propuestas de los colectivos cívicos y sociales, un modelo de participación que se ha puesto en marcha en Cataluña y que nos parece acertado. De hecho, las Cortes tienen la obligación de garantizar y promocionar el debate social".
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