La tarea del ciudadano
La policía vasca atribuye a ETA las explosiones registradas contra sendas empresas inmobiliarias en San Sebastián y las vincula con su extorsión mafiosa, que fue la motivación de la mitad de los atentados con explosivos realizados por la banda el pasado año. Según el consejero vasco de Interior, Javier Balza, la identificación y cierre de las vías de financiación de ETA sería la "asignatura pendiente". El consejero entiende también que la ampliación de las prácticas de extorsión a muchas personas busca, además de dinero, crear un clima social de intimidación.
De los papeles incautados t...
La policía vasca atribuye a ETA las explosiones registradas contra sendas empresas inmobiliarias en San Sebastián y las vincula con su extorsión mafiosa, que fue la motivación de la mitad de los atentados con explosivos realizados por la banda el pasado año. Según el consejero vasco de Interior, Javier Balza, la identificación y cierre de las vías de financiación de ETA sería la "asignatura pendiente". El consejero entiende también que la ampliación de las prácticas de extorsión a muchas personas busca, además de dinero, crear un clima social de intimidación.
De los papeles incautados tras las detenciones de este mes se deduce que ETA tenía un presupuesto de unos 100.000 euros al mes para gastos ordinarios (excluyendo compra de armas), lo que supone el equivalente a unos 200 millones de pesetas anuales. El dinero es la gasolina que mueve todo el entramado, y de ahí que, para derrotar a ETA, sea tan importante obstaculizar su financiación como la captura de dirigentes y arsenales. Esa prioridad implica ahora un esfuerzo por acabar con la idea equívoca de que "todos pagan" o de que "es inevitable pagar". Ni lo uno ni lo otro.
Desde que el empresario Juan Alcorta hizo pública, el 29 de abril de 1980, una carta en la que decía a ETA que no pensaba pagar, han sido muchos los que han seguido su ejemplo. Aquel mismo día, el veterano dirigente nacionalista Juan Manuel Epalza declaró que el gesto de Alcorta "nos lava la cara frente al clima de cobardía que se está apoderando de Euskadi". Poco después, el Parlamento vasco aprobaba una declaración de solidaridad con Alcorta en la que se instaba a los chantajeados a no ceder. El PNV, el Ayuntamiento de San Sebastián, las patronales, hicieron lo mismo. Años después, los empresarios y ayuntamientos de la comarca del Gohierri creaban una fundación cuya primera iniciativa fue hacer pública su voluntad de no pagar a ETA. En 1995, el entonces consejero de Interior, Juan Mari Atutxa, decía que "ceder al chantaje pagando el impuesto revolucionario es un delito" y que "la Ertzaintza perseguirá a los que paguen".
El tono de algunas reacciones contra los cocineros acusados por un etarra de haber pagado han podido ser exageradas, pero eso no justifica las del Gobierno vasco y los partidos que lo forman, que sólo han elevado la voz para pedir que se investigue la filtración de la noticia y para hablar de "linchamiento inaceptable"o de "manipulación rastrera", y también de "operación contra la imagen de Euskal Herria". Con independencia de lo que decida la Audiencia Nacional, es importante que los gobernantes apoyen y defiendan a los que no ceden, que son quienes más derecho tienen a protección. Y que animen a resistir, no a ceder. Porque resistir no es tarea de héroes, sino virtud de ciudadanos.