El Tribunal de la Competencia considera el servicio de la ITV "un mercado intervenido"

El Tribunal de Defensa de la Competencia ha enviado al Gobierno el dictamen que éste le pidió en 2003 sobre el grado de liberalización del sector de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). El informe califica el servicio de "mercado intervenido, ya que la interacción entre la oferta y la demanda no determina el precio". Asimismo señala que, al no dar acceso futuro a este servicio a los talleres y los concesionarios de automóviles, "la pretendida liberalización se vaciará definitivamente de contenido". El dictamen advierte de los monopolios locales de facto que siguen existiendo en...

El Tribunal de Defensa de la Competencia ha enviado al Gobierno el dictamen que éste le pidió en 2003 sobre el grado de liberalización del sector de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). El informe califica el servicio de "mercado intervenido, ya que la interacción entre la oferta y la demanda no determina el precio". Asimismo señala que, al no dar acceso futuro a este servicio a los talleres y los concesionarios de automóviles, "la pretendida liberalización se vaciará definitivamente de contenido". El dictamen advierte de los monopolios locales de facto que siguen existiendo en el sector.

El sector de la automoción se halla en pleno cisma sobre el negocio de la inspección técnica de vehículos, un mercado que mueve unos 250 millones de euros al año, que controlan 42 empresas ajenas al sector y que ofrecen este servicio en régimen de concesión de los Gobiernos de las comunidades autónomas. Grupos como Agbar, FCC, Abengoa y Atisae controlan una buena parte de los 221 centros repartidos por el territorio nacional.

Mientras los importadores (encuadrados en Aniacam) y los concesionarios de venta (Faconauto) reclaman una mayor liberalización de este negocio para las empresas concesionarias, el actual modelo es el único que garantiza la fiabilidad necesaria, al ser empresas externas al sector de automoción. Para los fabricantes y los talleres de reparación, el actual funcionamiento es el adecuado. Los consumidores apuestan por un modelo que inspeccione con rigor.

En España, los coches están obligados a pasar la inspección desde 1981. La insuficiencia de la red de estaciones creada entonces por el Ministerio de Industria llevó a una modificación de la normativa en 1985 para dar entrada al capital privado que accedía a este servicio a través de la concesión administrativa. Fue entonces cuando se traspasaron funciones y servicios a las comunidades autónomas.

En el año 2000 un real decreto del Gobierno del PP ordenaba liberalizar la ITV mediante la sustitución del régimen de concesiones por el de autorización. La autorización se conseguiría si el aspirante acreditaba una instalación cuyos requisitos técnicos los fijaría un nuevo real decreto que se publicaría cuatro meses después. Pasaron tres años y no se fijaron esas condiciones.

El 27 de junio de 2003 un nuevo real decreto invalidaba de facto el del año 2000 al introducir una serie de requisitos técnicos que deben cumplir los particulares para aspirar a una estación de ITV. Uno de esos obstáculos, quizá el principal, es que reconoce a las comunidades autónomas el poder para suspender las autorizaciones hasta que finalice el plazo de las concesiones actuales (la mayoría entre 2008 y 2010). Es decir, la situación anterior de concesión se prorroga de hecho.

En el texto del real decreto de junio de 2003 se disponía que se pidiera al Tribunal de Defensa de la Competencia un dictamen para analizar las condiciones de competencia en el mercado español. Ese dictamen fue entregado al Gobierno (ahora del PSOE) el pasado mes de septiembre. Se trata de un nuevo elemento informativo para determinar la política del Ejecutivo en este campo.

El informe concluye que "en la actualidad puede catalogarse la actividad o el servicio de inspección técnica como un mercado intervenido, ya que la interacción entre la oferta (estaciones de inspección) y la demanda (los vehículos) no determina el precio, sino que corresponde a la comunidad autónoma determinar las tarifas de inspección y su actualización periódica".

El dictamen añade: "Como en ningún caso se ha cambiado el régimen de concesión administrativa por el de autorización, tampoco es de aplicación fijar una tarifa máxima. Por tal motivo no puede hablarse de concurrencia en la actividad". También resalta que, como en el futuro tampoco accederán a este servicio las empresas que por sus características (talleres de reparación, concesionarios de automóviles) podrían ser alternativa a las concesionarias, "la pretendida liberalización se vaciará definitivamente de contenido".

Monopolios locales

Por último, el texto considera que al retraso en la prevista liberalización se añade el hecho de que algunas comunidades autónomas hayan dispuesto que hasta que venzan las actuales concesiones sean las propias concesionarias las que puedan abrir más estaciones. Este hecho, según el tribunal, evidencia que en algunas zonas se puede cerrar el paso a otros posibles "competidores en el futuro, generando monopolios locales, no ya por sus rasgos jurídicos, sino por su posición de facto en el mercado, puesto que la competencia no sólo se produce en el precio, sino por proximidad al consumidor".

En España, el 25% de los vehículos en activo están obligados a pasar la ITV, único sistema que vigila el mantenimiento técnico del parque automovilístico. Es uno de los más viejos de la Unión Europea, ya que el 35,4% de los coches tiene más de 10 años de antigüedad. En 2003 debería haber pasado la ITV un total de 9,4 millones de vehículos y sólo lo hicieron 7,4 millones.