El año de las grandes expectativas

La apertura del curso político viene marcada este año por algo distinto: casi todo el mundo espera grandes novedades. De entrada, hasta la negociación de los Presupuestos tiene un alcance político más importante que en otras ocasiones porque lleva aparejado un acuerdo obligatorio entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y grupos nacionalistas. Y el congreso del Partido Popular, que dará la señal de salida para la oposición, parte también de un escenario no previsto: Mariano Rajoy debe poner en marcha no sólo un programa sino, sobre todo, un nuevo organigrama interno. Una parte de su p...

La apertura del curso político viene marcada este año por algo distinto: casi todo el mundo espera grandes novedades. De entrada, hasta la negociación de los Presupuestos tiene un alcance político más importante que en otras ocasiones porque lleva aparejado un acuerdo obligatorio entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y grupos nacionalistas. Y el congreso del Partido Popular, que dará la señal de salida para la oposición, parte también de un escenario no previsto: Mariano Rajoy debe poner en marcha no sólo un programa sino, sobre todo, un nuevo organigrama interno. Una parte de su partido preferiría una imagen nueva y otra parte lucha por mantener el mismo espacio que tenía en la etapa de José María Aznar.

Zapatero quiere marcar su llegada a La Moncloa con un paquete de nuevos derechos ciudadanos

Un sector del PP desea que el referéndum europeo sirva para lanzar la imagen del partido

Aparentemente todo empieza con gran tranquilidad, pero es seguro que pronto se plantearán fuertes debates: todos los dirigentes políticos creen que este curso es uno de los de mayor contenido de las últimas legislaturas y que será en estos meses cuando se tomen las decisiones, correctas o incorrectas, que dejarán huella en los propios partidos, en toda la legislatura, y quizás más allá. Se abren las puertas para la reforma de los estatutos de autonomía y de la propia Constitución, y ése es el tema político por excelencia en España.

El mes de agosto no ha sido muy activo, quizás porque tanto los dirigentes del PSOE como los del PP necesitaban reponerse de un curso que tuvo un ritmo infernal. Sin embargo, dentro de las filas del PP se han oído quejas por la "desaparición" de Rajoy, y en el PSOE también hay quienes creen que tanto Rodríguez Zapatero como el ministro de Economía, Pedro Solbes, debieron "mostrarse" en agosto para tranquilizar a los ciudadanos ante la subida del precio del petróleo y ante algunos aspectos del debate autonómico.

Apoyo para todo el año

El gran éxito del PSOE y del Gobierno de Zapatero en sus cuatro meses de gestión (dejando aparte la salida de las tropas españolas de Irak), según explican ellos mismos y concede, sin rechistar, la oposición, ha sido tranquilizar el escenario político. Esa falta de crispación es la que ha hecho subir el índice de satisfacción de los ciudadanos, mucho más cómodos en un país no sobresaltado que en el clima de desasosiego que impuso José María Aznar. Pero empieza un nuevo curso y la tranquilidad ya no es mensaje suficiente.

El primer foco de atención va a ser la inmediata negociación de los Presupuestos. El PSOE, que está en minoría, necesita, como mínimo, el apoyo de IU y de ERC, y lo lógico es que pacte no sólo los Presupuestos, sino un acuerdo para todo el año que le garantice no perder votaciones parlamentarias. Además, es seguro que intentará sondear a Coalición Canaria, PNV y CiU, ya que necesita a uno de ellos también para evitar que el PP imponga sus criterios en el Senado. "La negociación de los Presupuestos no tiene nada que ver con la reforma estatutaria y no se mezclan en la mesa", explica un dirigente socialista. Lo que se negocia ahora son inversiones y temas políticos que se puedan resolver sin cambios legislativos importantes, y ERC es consciente de ello, aseguran.

El problema más importante será cómo combinar los "presupuestos sociales", de los que habló de forma genérica el presidente del Gobierno y las inversiones puramente autonómicas necesarias para llegar a acuerdos. Sobre todo, teniendo en cuenta que Solbes dejó marcado antes de las vacaciones el margen de déficit para el próximo presupuesto: ninguno.

El vicepresidente económico mantiene el mismo compromiso de estabilidad presupuestaria que defendió su antecesor Rodrigo Rato, así que el Gobierno, con capacidad de maniobra reducida, tendrá que hacer un ejercicio de conciliación muy complicado. Algunas promesas electorales serán relativamente fáciles de respetar, como el aumento de gasto en Investigación y Desarrollo, que parte de mínimos evidentemente superables (España gasta en I+D, proporcionalmente, menos que Eslovaquia), o el número de becas escolares. Otras serán más difíciles de alcanzar, como los programas de vivienda o las inversiones en materia educativa o sanitaria. (Ocho de los diez nuevos miembros de la UE presentan hoy día mejores resultados en educación secundaria y formación profesional que España).

José Luis Rodríguez Zapatero parece sentirse cómodo con la carga política de la legislatura. A quienes le reprochan que se mueve en un escenario ambiguo, consecuencia tanto de la necesidad de lograr alianzas como de la dificultad del propio proceso autonómico, les contesta que no ha intervenido claramente en ese debate porque en cuanto lo haga desaparecerá la misma posibilidad de debatir.

"El presidente no ha intervenido en algunas de las cuestiones que se han planteado, porque confía precisamente en la potencialidad de la discusión entre presidentes de las comunidades autónomas y porque no piensa irrumpir como un caballo en una cacharrería", asegura un importante dirigente socialista. "Rodríguez Zapatero resistirá bien las presiones de todo tipo para que impida ese diálogo", añade.

"La Conferencia de Presidentes de comunidades autónomas que ha puesto en marcha el ministro Jordi Sevilla es el campo en el que se puede orientar el camino", explica otro dirigente del PSOE.

La idea es convocar ese foro en noviembre. Teóricamente, la Conferencia coincidirá con los debates de la ponencia del Parlamento de Cataluña que estudia la reforma del Estatut, pero se trata sólo de pasos preliminares y no de la auténtica negociación catalana. Más complicado es el caso del País Vasco, porque la Conferencia puede coincidir con los últimos debates, en Vitoria, del plan Ibarretxe, que el Gobierno vasco quiere someter a votación antes de que acabe el año.

Dentro del partido socialista la mayor curiosidad la despierta la posición que desarrollen en la Conferencia tanto Pasqual Maragall como Manuel Chaves. "Andalucía no se va a descolgar de ninguna manera de Extremadura o de Murcia en nada que afecte a la solidaridad y a la capacidad de gestión", mantiene un dirigente socialista andaluz. "Pero está claro que tampoco renunciará a tener los mismos niveles de autogobierno que alcance Cataluña".

El socialismo andaluz, en cualquier caso, parece haberse convertido en un auténtico "músculo" del PSOE. "Por eso Maragall no para de hacernos guiños", bromea un diputado andaluz.

El Partido Socialista y el propio Gobierno preferirían no imprimir una velocidad demasiado alta a todo ese proceso, pero en buena medida dependen de la marcha de la reforma del estatuto catalán. "Ésta es una fase inicial del debate territorial", ha asegurado en repetidas ocasiones la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, poco conmovida por los tirones del presidente de la Generalitat. "No estamos agobiados. En el tema autonómico siempre lo haremos mejor que el PP, porque nuestras propuestas tienen auténtico contenido político", mantiene otro dirigente socialista implicado en la negociación autonómica.

Ampliación de los derechos

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno mantiene una línea alejada del protagonismo público, pero muy activa desde el punto de vista interno, especialmente en el área de lo que ella misma denomina "ampliación de los derechos ciudadanos". "Cualquiera que escuche al presidente del Gobierno sabe que le concede una gran importancia al capítulo de las reformas sociales y que ésa será una de las áreas en las que se actuará con mayor rapidez", explica un diputado cercano a La Moncloa.

Si es cierto que las legislaturas quedan definidas por lo que se hace en los primeros meses del primer año, Rodríguez Zapatero parece dispuesto a marcar su llegada a la presidencia del Gobierno con un paquete de derechos ciudadanos que incluye tanto la Ley Integral contra la Violencia de Género, como una mayor rapidez en la tramitación del divorcio, el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, la defensa de la escuela laica y de mecanismos de integración para los inmigrantes o la autorización para desarrollar novedosas líneas de investigación científica, como las derivadas de las células madre.

La segunda idea fuerza de la legislatura sería la defensa de la Constitución europea. Rodríguez Zapatero quiere que España sea la primera en aprobarla en referéndum y que, además, se registre un razonable índice de participación. Para ello, se ha declarado dispuesto a cambiar la Ley Electoral para que el Estado ayude a la financiación de los gastos de propaganda de los distintos partidos políticos en este tipo de consultas. El proyecto se convertiría en una de las primeras leyes de la reapertura política, dado que el referéndum está previsto para el domingo 27 de febrero.

Congreso del PP

La actitud frente a ese referéndum será también una de las primeras decisiones políticas que tengan que adoptar los restantes partidos políticos. El caso más comprometido parece ser el de Convérgència i Uniò, donde existe un grupo contrario al proyecto de Constitución europea, por insuficiente. En el Partido Popular, por el contrario, nadie propone un voto negativo, pero existen discrepancias entre los que desearían una baja participación, que pueda ser presentada como un fracaso gubernamental, y quienes defienden "utilizar" el referéndum para lanzar una auténtica campaña de imagen del propio PP.

"El PSOE lo tiene este curso más difícil que nosotros", asegura un importante dirigente popular, "porque es el Gobierno el que tiene que proponer cambios y esas novedades de las que tanto habla. A nosotros nos basta con esperar, ver de que se trata y reaccionar".

El PP confía su oposición a dos capítulos muy concretos: el económico y el territorial. Pero si los temas de oposición están claros, no pasa lo mismo con las personas para llevarla a cabo, ni con las propuestas alternativas. "El PP no estaba preparado para hacer oposición y ahora hay que cambiar de mentalidad y, quizás, de protagonistas", admite uno de sus dirigentes nacionales. "Y desde luego", puntualiza, "que nadie crea en el partido que hacer oposición es fácil. Lo fácil es gobernar".

Cara a su congreso, que se celebrará del 1 al 3 de octubre, lo único que parece claro es que nadie pone en duda el liderazgo de Mariano Rajoy, y que en el nuevo organigrama desaparecerán las tres vicesecretarías generales que creó Aznar para sus delfines.

Rajoy aseguró ya en público que Ángel Acebes, ministro del Interior durante la crisis del 11-M, seguirá como secretario general cuando él mismo pase a ser presidente del PP, en lugar de Aznar. Algunos dirigentes comentan, en privado, que quizás fue una decisión precipitada, pero que en aquel momento pareció inevitable y que no hay marcha atrás. "Además", puntualiza un miembro de la dirección popular, "Acebes podrá tener la imagen que se quiera en el conjunto del país, pero es una persona muy querida dentro de la militancia del partido, y prescindir de él hubiera tenido un coste interno muy elevado".

La mayor curiosidad de esa militancia popular se concentra en el nuevo organigrama. Desaparecidas las vicesecretarías, el cargo de portavoz parlamentario, que seguirá desempeñando Eduardo Zaplana, adquiere una especial importancia, pero no agota las necesidades de cambio. Lo razonable, asegura un importante dirigente, es que la dirección se abra a un pequeño grupo, un especie de sanedrín de una decena de personas. Sería en ese grupo donde podrían integrarse personalidades relevantes del sector más aperturista, como el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz- Gallardón, o el catalán Josep Piqué. "Nada está aún decidido", asegura uno de los interlocutores habituales de Mariano Rajoy, que admite que el PP nunca ha contado con una organización parecida.

En el PP nadie cree que Aznar vaya a jugar un papel en este congreso. El ex presidente no tiene, ni busca, otro interlocutor en el partido que el propio Rajoy y todo el mundo está seguro de que nadie va a poner en entredicho su herencia ni su memoria. Pero al mismo tiempo, está claro que la derrota electoral le ha debilitado y que hay quienes están convencidos de que no hace falta retocar nada esencial, y quienes creen, por el contrario, que el partido necesita "recentrar" su mensaje. Unos creen que el PP debe cambiar su imagen "antipática" y negativa, contraria a todo cambio, y otros niegan que exista, o haya existido nunca, esa imagen, y esgrimen los 10 millones de votos logrados en marzo.

Los dos grupos apelan a Rajoy como a su principal valedor, una duda que probablemente se mantendrá mucho más allá de octubre. La segunda novedad respecto al PP es el papel que jugarán los barones territoriales, como Jaume Matas (Baleares), Francisco Camps (Comunidad Valenciana) o Esperanza Aguirre (Comunidad de Madrid), convertidos en fuentes de poder real. Su papel puede ser importante a la hora de determinar qué modificaciones estatutarias o constitucionales pueden aceptarse. "Es muy posible que Matas esté de acuerdo con bastantes de las reivindicaciones que plantee Maragall para Cataluña", analiza un diputado que tuvo responsabilidades en la dirección.

"No nos preocupa en absoluto nuestra posición respecto a las reformas estatutarias", desmiente un responsable actual. "El PP está inmunizado contra las luchas de barones y además todos saben que el debate autonómico es nuestra gran baza", indica.

Para este dirigente, el PSOE ya ha pasado su mensaje "positivo". "Se acabó la apelación al diálogo. ¿Qué piensa hacer el Gobierno si no hay acuerdo en la Conferencia de Presidentes? ¿Qué propuesta de reforma del Senado va a plantear? ¿Una según la cual las elecciones generales solo sirvan para elegir diputados porque los senadores dependan de los parlamentos autonómicos? Sólo tenemos que esperar".

No todos comparten ese punto de vista. Otro dirigente nacional del PP defiende un análisis distinto: "El propio Zapatero demostró que en política no vale sólo decir que no. Cuanto antes lo aprendamos nosotros en la oposición, mejor".