Editorial:

Hay presos y presos

La destitución del director de la cárcel de Alcalá-Meco por parte de la directora general de Instituciones Penitenciarias, que le acusa de otorgar un trato de favor al ex banquero Mario Conde, ha sido considerada por el portavoz de un sindicato de funcionarios de prisiones "una decisión política". De los datos conocidos se deduce, sin embargo, la existencia de irregularidades en beneficio del ex banquero que justificarían su destitución.

La decisión es el resultado de una investigación interna en respuesta a un informe sobre presunto trato de favor. Esa investigación ha constatado que C...

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La destitución del director de la cárcel de Alcalá-Meco por parte de la directora general de Instituciones Penitenciarias, que le acusa de otorgar un trato de favor al ex banquero Mario Conde, ha sido considerada por el portavoz de un sindicato de funcionarios de prisiones "una decisión política". De los datos conocidos se deduce, sin embargo, la existencia de irregularidades en beneficio del ex banquero que justificarían su destitución.

La decisión es el resultado de una investigación interna en respuesta a un informe sobre presunto trato de favor. Esa investigación ha constatado que Conde recibe más visitas (en proporción de seis a uno) y en condiciones más favorables que los demás reclusos en su misma situación. Con la particularidad de que ese dato ha tenido que rastrearse a través del libro de acceso a prisión, ya que en el registro oficial de visitas no figura ninguna: oficialmente, Mario Conde no ha recibido visita alguna en los últimos 18 meses, aunque unas 60 personas entraron en Alcalá-Meco para visitarle.

Es la combinación de ambas cosas, trato de favor y deseo de ocultarlo, lo que avala la decisión de cesar al responsable de la prisión, y no a tal o cual funcionario que haya podido prestarse a favorecer a Conde. En esas condiciones, decir que se ha buscado la excusa de Mario Conde para "justificar lo que iba a pasar en septiembre" (el cambio de director) resulta poco convincente. Y hasta algo irritante: la idea de que todo lo que le pasa a Conde, desde la intervención de Banesto hace casi once años a la denegación de beneficios penitenciarios, se debe a la existencia de una conspiración política suena a broma de mal gusto: se trata de una persona condenada a 20 años de prisión por apropiación indebida, estafa y falsificación.

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El cese está justificado con independencia de que, como opina la directora general, no haya habido soborno. La trayectoria del recluso cuenta ya con numerosos episodios indicativos de su habilidad para ganarse la voluntad de personas que podían favorecer su situación. En 1998, el director ahora cesado pidió la concesión del tecer grado para Conde, en contra del criterio de la psicóloga del centro, quien le describió como una persona "inteligente y manipuladora". Así lo atestigua su biografía, pero ello no le da derecho a un trato preferente.

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