Promesas incumplidas

"Quizá no sea la más apropiada para hablar, pero nos están tratando muy mal. Al principio nos prometieron muchas cosas, pero nos están mareando de un lado para otro". Así se expresa Victorita Calapod, una inmigrante rumana de 25 años que resultó gravemente herida en los atentados del 11-M, cuando viajaba en el tren que saltó por los aires en la estación de Atocha. Desde entonces, no ha conseguido ninguna indemnización y, lo que es peor, ha tenido que ir de un lado para otro para intentar lograr la nacionalidad española. Han pasado cinco meses y su nombre no consta siquiera en los ordenadores m...

"Quizá no sea la más apropiada para hablar, pero nos están tratando muy mal. Al principio nos prometieron muchas cosas, pero nos están mareando de un lado para otro". Así se expresa Victorita Calapod, una inmigrante rumana de 25 años que resultó gravemente herida en los atentados del 11-M, cuando viajaba en el tren que saltó por los aires en la estación de Atocha. Desde entonces, no ha conseguido ninguna indemnización y, lo que es peor, ha tenido que ir de un lado para otro para intentar lograr la nacionalidad española. Han pasado cinco meses y su nombre no consta siquiera en los ordenadores ministeriales.

Victorita Calapod no recuerda nada del fatídico día de la matanza. Cuando despertó, se hallaba en las urgencias del hospital La Princesa de Madrid. Tenía las manos llenas de sangre y una grave herida en la cabeza. Empezó a chillar, ya que nadie le hacía caso. Desde entonces, su vida se ha convertido en un largo peregrinar por ministerios. "No me dieron cama en el hospital y me mandaron a casa. Y eso que tenía una brecha en la cabeza, el pelo y la espalda quemados, varios golpes en las piernas y los oídos perforados", explica Calapod, que ya se encuentra casi recuperada. Casi, porque en breve tendrá que pasar por el quirófano para ser operada de su problema auditivo. "Gracias a mi médico de cabecera, que se dio cuenta de que algo no iba bien y me mando al otorrino. Cada vez oigo menos", afirma.

Dos semanas después del atentado, presentó junto con su marido toda la documentación en el Ministerio de Justicia, que es el encargado de proporcionar la tarjeta de residencia. Allí ya le facilitaron un número de identificación provisional en un documento oficial. Cuando llamó a las pocas semanas, una amable señorita le dijo que su expediente no constaba en el ordenador. "¿Cómo era posible entonces que yo tuviera ya un número asignado y un papel con el sello del ministerio? Cuando se lo pregunté, la mujer no supo qué contestarme", comenta la inmigrante rumana.

Hace 15 días, telefoneó de nuevo al ministerio para interesarse de nuevo por su petición de la nacionalidad española. La mujer que le atendió le comentó entonces que la tenían que haber avisado desde la comisaría de Coslada (Madrid), donde vive. Su documentación estaba ya aprobada y se la tenía que entregar la policía. Ella acudió a la comisaría y se encontró de nuevo con un no. El agente que le tendría que haber dado su tarjeta le dijo que no había nada para ella. De nuevo, viaje al ministerio, en la madrileña calle de Ríos Rosas. Las funcionarias del turno de tarde se quedaron sorprendidas al verla entrar visiblemente enfadada y exigiendo responsabilidades. "He llegado a pensar que hay algunas personas que no quieren que consigamos la nacionalidad porque no hacen más que ponernos unos problemas tras otros", añade la afectada.

Cerrado en agosto

Las funcionarias eludieron responsabilidades y le dijeron que en dos o tres semanas tendría su documentación en Coslada. Y es que en agosto, todo se paraliza. "Ellos lo ven todo muy sencillo, pero yo trabajo por la mañana limpiando una casa y cuidando a unos niños en Pozuelo de Alarcón. Cuando le dices a la señora que tienes que faltar de nuevo porque tienes que ir de nuevo a Justicia, parece que no te cree. Además, esos días, como no los trabajo, no los cobro. He llegado a faltar hasta tres y cuatro días a la semana", explica.

Fuentes policiales informaron ayer de que 673 inmigrantes han obtenido la tarjeta de residencia por ser víctimas o familiares de los afectados por el 11-M. Otros 696 extranjeros han normalizado su situación al conseguir una autorización temporal de vigencia en España con una duración de un año. Un total de 2.278 personas han presentado solicitud, según estas fuentes, para regularizar su situación en España.

Pero el periplo de Calapod por los organismos oficiales no para. También conoce al detalle la oficina del Consorcio de Compensación de Seguros, el organismo que indemniza a las víctimas de atentados: "He tenido que ir varias veces. He presentado las fotocopias de los informes en varias ocasiones, porque me dijeron que los habían perdido. De nuevo, me han dicho que en dos o tres semanas tendré una contestación, aunque también me han aconsejado que espere a ver cómo quedo de las operaciones de los oídos y el tiempo que paso de baja", añade la vecina de Coslada.

Calapod no recuerda nada del momento de los atentados. No se ha cumplido la previsión de los médicos de que con el tiempo recuperaría la memoria de ese trágico momento. "Quizá vaya a que me hipnoticen", concluye.