Los familiares sostienen que hubo falsedad y prevaricación
La denuncia que presentó en marzo pasado la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 pedía que la Audiencia Nacional abriera diligencias por presuntos delitos de falsedad de documento oficial emitido por funcionario público y de prevaricación de funcionario público.
La denuncia iba dirigida contra el general de división médico Vicente Navarro Ruiz y el general de división del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, ascendido luego a teniente general.
La asociación de familiares entendía que se cometió un delito de falsedad, ya que en los certi...
La denuncia que presentó en marzo pasado la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 pedía que la Audiencia Nacional abriera diligencias por presuntos delitos de falsedad de documento oficial emitido por funcionario público y de prevaricación de funcionario público.
La denuncia iba dirigida contra el general de división médico Vicente Navarro Ruiz y el general de división del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, ascendido luego a teniente general.
La asociación de familiares entendía que se cometió un delito de falsedad, ya que en los certificados médicos de defunción se señala que la identidad de los cadáveres "se acreditó mediante identificación individual". Los familiares interpretan que es falso.
Para demostrar esta afirmación, la denuncia se extendía en analizar lo ocurrido en Turquía con la identificación de los cadáveres y los documentos que se firmaron.
Irreconocibles
En el escrito de denuncia se asegura que en el documento llamado Revisión de cadáveres; autopsia e informe de diagnosis, firmado a las 2.20 horas del 28 de mayo de 2003, "se describe de forma detallada y precisa el estado que presentaban todos los cadáveres, quedando acreditado que existían cadáveres que, bien por el grado de quemaduras que presentaban, bien por las deformaciones sufridas, o bien por la ausencia de cabeza, eran irreconocibles".
En ese documento se afirmaba que "hay cadáveres cuyas identidades (nombres) no sabemos, pero sí sabemos que son españoles (nuestros soldados), les hemos analizado e identificado y queremos que nos los entreguen y les indicamos que vamos a hacer los procesos necesarios para poder entregar estos cadáveres a sus familiares".
Los denunciantes añadían que tres horas y cuarto después de firmarse aquel documento, "sin presencia de ninguna autoridad judicial turca, ni de los fiscales, ni de médicos forenses, los mismos generales que antes han firmado y reconocido que había 30 cadáveres que no se podían identificar, declaran que a las 5.45 horas del día 28 se termina de identificar los últimos cadáveres".
Aquel 28 de mayo del año pasado, una vez que los cadáveres habían sido trasladados a España, el general Vicente Navarro, afirman los denunciantes, firmó 62 certificados médicos de defunción en los que se especificaba que la "identidad se acreditó mediante identificación individual".
En la denuncia se pedía que se tomase declaración, como testigos, "al personal turco interviniente en la identificación de los cadáveres" y se citaba expresamente, con sus nombres y cargos, a seis ciudadanos turcos, médicos forenses, biólogos y dentistas, que actuaron en la identificación de los cadáveres de los militares españoles fallecidos.