Los acusadores critican el cierre de la investigación judicial de Gescartera

La investigación del caso Gescartera, para esclarecer el agujero de más de 100 millones de euros en esa agencia de valores, ha sido cerrada en falso, según varios abogados que ejercen la acusación particular. Éstos califican de "escandaloso" el que en los tres años que ha durado la instrucción de la causa la juez Teresa Palacios no ha llamado a declarar a los altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los letrados sostienen que la CNMV tuvo una actuación negligente y que fallaron sus mecanismos de control, lo que propició que el desfase patrimonial de 27 ...

La investigación del caso Gescartera, para esclarecer el agujero de más de 100 millones de euros en esa agencia de valores, ha sido cerrada en falso, según varios abogados que ejercen la acusación particular. Éstos califican de "escandaloso" el que en los tres años que ha durado la instrucción de la causa la juez Teresa Palacios no ha llamado a declarar a los altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los letrados sostienen que la CNMV tuvo una actuación negligente y que fallaron sus mecanismos de control, lo que propició que el desfase patrimonial de 27 millones de euros descubierto en 1999 superara los 100 millones dos años después.

La juez Teresa Palacios se resistió desde el principio de la instrucción a llamar a declarar a los ex presidentes de la CNMV Pilar Valiente y Juan Fernández-Armesto, así como al ex diputado del PP y ex vicepresidente del citado organismo Luis Ramallo. Los letrados solicitaban una y otra vez su comparecencia en calidad de imputados, y las de los consejeros que asistieron al consejo extraordinario de la CNMV el 16 de abril de 1999. En esa reunión, el entonces presidente, Juan Fernández-Armesto, y el director general de Supervisión habían intentado que se interviniera Gescartera -que todavía no tenía la condición de Agencia de Valores- por la existencia de numerosas irregularidades y por el mencionado desfase patrimonial de 27 millones de euros.

En noviembre de 2001, la juez consideró que la investigación estaba todavía en estado embrionario, que había que esperar a los informes periciales y que, por tanto, no procedía citar a los responsables de la CNMV, ni siquiera a la que luego sería presidenta de ese organismo y denunciante del caso, Pilar Valiente. Ésta tuvo que dimitir de su cargo después de que se conocieran los dietarios de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, hermana del ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna, quien también dimitió por el escándalo y tras ser imputado en la causa.

En sus dietarios, Pilar Giménez-Reyna mencionaba hasta en 12 ocasiones a Valiente como una de las personas de la Comisión que ayudó a los responsables de la agencia de valores cuando atravesó por dificultades con la Inspección. En las anotaciones del 16 de abril de 1999, realizadas a propósito del Consejo Extraordinario de la CNMV en el que Fernández-Armesto trató de intervenir Gescartera, Giménez-Reyna escribió: "Sólo está Pilar Valiente, que avisa rápidamente".

Fernández-Armesto declaró en el Congreso que el Consejo de la CNMV se convocó para intervenir Gescartera y que si la medida no fue aprobada fue debido a la oposición de tres consejeros, Pilar Valiente, Luis Ramallo y José María Roldán. Apoyaban la intervención Fernández-Armesto y José Manuel Barberán.

Tres años después, la juez mantiene su negativa a citar a los responsables de la CNMV. Ha concluido la investigación -109 tomos de la pieza principal y cerca de 40.000 folios-, se han incorporado los informes periciales, pero la magistrada no ve ni siquiera la necesidad de citar como testigos a los entonces responsables de la CNMV.

Declaración en el juicio

El fiscal Vicente González Mota no aprecia la existencia de un posible delito de omisión del deber de denunciar al que están obligados autoridades y funcionarios, y que está previsto en el artículo 408 del Código Penal, como sí aprecian algunas de las acusaciones.

No ve, en cambio, ningún problema para que todos ellos declaren como testigos en el juicio, que podría celebrarse en la primavera del próximo año, según fuentes de la Audiencia Nacional.

En la actualidad hay más de 60 partes personadas en el sumario, por lo que la juez ha anunciado que no proporcionará copia de las actuaciones sino que quedarán en el juzgado para que puedan ser consultadas. Proporcionar una copia del sumario hubiera dilatado innecesariamente los plazos ya que suponía la realización de más de dos millones de fotocopias, con el correspondiente atasco en el departamento de reprografía de la Audiencia Nacional.

Algunos acusadores, entre ellos la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) y Andrés Villacoba consideran que la instrucción se ha cerrado en falso al no imputar a los responsables de la CNMV. No se ha aclarado qué ha pasado con el dinero, y la instrucción tampoco ha determinado cómo ha desaparecido, señalan. No se ha explicado por qué la CNMV no hizo nada cuando apreció los descuadres patrimoniales y constató que les habían proporcionado certificados bancarios falsos para justificar los descubiertos. Tampoco ha quedado aclarado el papel jugado por la auditoría Deloitte & Touche, que presentó una opinión sin salvedades, cuando había un agujero patrimonial constatable.

Otros acusadores, entre ellos Marcos García Montes y Juan Carlos Fernández Vales, aprecian que hay responsabilidad del Estado debido a la mala actuación de la CNMV, pero quieren agilizar los trámites, porque consideran que si no se ha sabido hasta ahora dónde está el dinero, ya no se va a saber, y hay que exigir ya las responsabilidades correspondientes a las entidades que a su entender las tienen, entre ellas La Caixa, Bankinter y el HSBC.