Recursos de oposición

Siete comunidades autónomas gobernadas por el PP han presentado sendos recursos ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de aplazamiento de algunas medidas de la Ley de Calidad de la Educación (LOCE). Se trata de un primer ensayo de utilización del poder que el PP conserva en las autonomías como parte de una estrategia de oposición, cuyo siguiente paso podría ser la impugnación de la suspensión del Plan Hidrológico. No es que sea recomendable esa utilización del poder autonómico, pero es legítimo, siempre que se respeten las reglas de juego.

El argumento del PP respecto a la LOCE...

Siete comunidades autónomas gobernadas por el PP han presentado sendos recursos ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de aplazamiento de algunas medidas de la Ley de Calidad de la Educación (LOCE). Se trata de un primer ensayo de utilización del poder que el PP conserva en las autonomías como parte de una estrategia de oposición, cuyo siguiente paso podría ser la impugnación de la suspensión del Plan Hidrológico. No es que sea recomendable esa utilización del poder autonómico, pero es legítimo, siempre que se respeten las reglas de juego.

El argumento del PP respecto a la LOCE es que una cosa es utilizar la vía del Real Decreto para desarrollar una ley aprobada por el Parlamento (lo que hizo el PP al establecer el calendario de aplicación) y otra utilizar esa vía para paralizarla. El objetivo de su iniciativa sería evitar el desconcierto que esa paralización está causando en la comunidad escolar. Es un argumento endeble. A estas alturas plantearía muchos más problemas tratar de aplicar el próximo curso las medidas que aprobó el anterior Gobierno (itinerarios en el segundo ciclo de la ESO, asignatura de religión, reválida de bachillerato) y que los socialistas han decidido dejar en suspenso ante la reforma que se proponen llevar a cabo.

Los socialistas sostienen la legalidad de su decisión, que ha sido avalada por el Consejo de Estado: el calendario de aplicación de la ley se decidió por Real Decreto, luego puede modificarse por una norma de idéntico rango. La ley seguiría técnicamente en vigor, pero se atrasa dos años la aplicación de sus contenidos más polémicos. ¿Se trata de una sutileza jurídica para ganar tiempo hasta consensuar una nueva ley? Seguramente sí; pero no se trata de ninguna extravagancia. Todas las leyes educativas se han aplicado con arreglo a calendarios que han ido modificándose (por decreto) sobre la marcha.

Otro argumento del PP es que existe un conflicto de competencias. Si lo hubiera debería resolverlo el Constitucional, pero no puede ignorarse que se trata de normas que la Comunidad de Madrid aprobó tras las elecciones (después de no hacerlo durante un año) y que dos tercios de los directores de institutos acusan al Gobierno regional de haber utilizado la ley, y en particular los itinerarios, "como motivo de lucha política", pese a que resulta "imposible en la práctica implantarlos el curso próximo". La única conclusión positiva que cabe extraer de todo este lío es que ninguna reforma educativa debe ponerse en marcha sin un amplio consenso parlamentario. Aunque un partido tenga mayoría absoluta.