El PSOE valenciano se querella contra Zaplana por malversación

El Partit Socialista del País Valencià (PSPV) presentó ayer en el Tribunal Supremo una querella contra el actual portavoz del Grupo Popular en el Congreso y ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana; el cantante Julio Iglesias, y los responsables del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) por supuestos delitos de malversación, falsedad y delito fiscal en la contratación del cantante en 1997. El contrato oficial estipulaba unos honorarios de 375 millones de pesetas por varios actos promocionales, pero el cantante acabó recibiendo 990 millones libres de impuestos.
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El Partit Socialista del País Valencià (PSPV) presentó ayer en el Tribunal Supremo una querella contra el actual portavoz del Grupo Popular en el Congreso y ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana; el cantante Julio Iglesias, y los responsables del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) por supuestos delitos de malversación, falsedad y delito fiscal en la contratación del cantante en 1997. El contrato oficial estipulaba unos honorarios de 375 millones de pesetas por varios actos promocionales, pero el cantante acabó recibiendo 990 millones libres de impuestos.

Los socialistas valencianos presentaron ayer la denuncia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la condición de aforado de uno de los querellados, Eduardo Zaplana, actual portavoz popular en el Congreso. La querella tiene su origen en el convenio que la Generalitat acordó en 1997 con el representante del cantante, Luis F. Esteban, por un periodo de tres años para promocionar la Comunidad Valenciana en el exterior.

Según la querella, el Consell ocultó parte del contrato por considerar que el oficial no era vendible ante la opinión pública, de ahí que acabara dividiendo el contrato en dos: uno fue hecho público y el otro permaneció oculto hasta el invierno pasado, a pesar de las reiteradas solicitudes de información de la oposición en el Parlamento valenciano.

El representante del cantante envió en julio de 1997 una carta a Zaplana en la que le comunicaba los detalles del convenio marco por tres años, en cuya elaboración habían participado los directores de los institutos autonómicos de Finanzas y de la Exportación. "Como me indicaste, la remuneración global de nuestra propuesta original se debería dividir en los diferentes conceptos que te adjunto. Ruego lo estudies y cuando tengas un momento nos reunimos para, si estás de acuerdo, tratar de cerrarlo", le decía Esteban a Zaplana. Ésta es la prueba que el PSPV considera que apunta al ex presidente valenciano como responsable de la operación.

El convenio marco al que se refería Esteban estipulaba unos honorarios de 165 millones de pesetas por cada uno de los seis actos promocionales acordados, lo que sumaba 990 millones de pesetas. La Generalitat asumía los costes de producción de las actuaciones e intervenciones del cantante y un 25% de las retenciones por impuestos. Sin embargo, el contrato que finalmente se hizo público, después de insistentes peticiones de la oposición, fijaba una remuneración de 375 millones de pesetas y una vigencia de un año. El anexo oculto, firmado el mismo día que el oficial, añadía otros 615 millones de pesetas para el cantante libres de impuestos.

La querella revela detalles hasta ahora no conocidos del sistema empleado para pagar al cantante. Hasta ahora se sabía de pagos en paraísos fiscales a dos empresas controladas por el cantante residente en Miami. Una de ellas, International Concerts, creada en agosto de 1997 como sociedad offshore y radicada en las Islas Vírgenes y sin domicilio social, cobró 156 millones de pesetas por el concierto que Julio Iglesias ofreció en Moscú, a pesar de que en el contrato estaba presupuestado en 11 millones. Esta misma empresa giró en junio de 1999 una petición de provisión de fondos por 350.000 dólares por la participación en la feria de Shangai. La otra, Midway International, cobró a través de varios cheques emitidos por Bancaja.

La Sindicatura de Comptes de la Generalitat -órgano equivalente al Tribunal de Cuentas- destapó en su informe de fiscalización de 1998, año siguiente a la firma del contrato, que se habían detectado en el Instituto Valenciano de la Exportación, cuyo director entonces, José María Tabares, es el titular del contrato con el cantante, "provisiones de fondos que se encuentran pendientes de justificar" y que sirven a los socialistas valencianos para sustentar su denuncia de irregularidades contables y falsedad.

Sociedades disueltas

La denuncia sostiene además que los querellados pudieron cometer un delito de malversación por el hecho de que los cálculos iniciales de gastos por los conciertos de Julio Iglesias fueran muy inferiores a los finalmente pagados, de donde deduce una posible desviación de fondos públicos. El PSPV aduce para apoyar su denuncia que las sociedades a través de las cuales cobró el cantante fueron creadas exclusivamente para este contrato y que después fueron disueltas. También apunta un presunto delito fiscal porque las facturas no contienen retenciones.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, declinó ayer comentar la presentación de la querella, informa Europa Press. El político popular se limitó a recordar que la admisión a trámite de la investigación de este asunto ya fue rechazada "hace muchos años" en los tribunales valencianos.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso, Zaplana fue preguntado por la decisión del PSPV. "Nada que comentar", respondió el ex presidente valenciano. "Ya se presentó en los tribunales hace muchos años y fue inadmitido. Esto es producto de una visión de la política valenciana muy particular que algunos tienen".