La Guardia Civil revela irregularidades en el 73% de los cursos para parados que impartió Pallerols
Los alumnos declaran que se falsificaron firmas y que se manipularon identidades y listados
La Guardia Civil ha entregado un informe a la juez que investiga el caso Pallerols sobre supuesta financiación irregular de Unió Democràtica (UDC) en el que constata diversas irregularidades en el 73,6% de los cursos de formación para parados impartidos entre 1994 y 1999 por el grupo de academias que eran propiedad del empresario andorrano Fidel Pallerols. El informe oficial ocupa centenares de páginas y se ha realizado después de que la Guardia Civil tomó declaración a 815 alumnos que asistieron a esos cursos, financiados con dinero del Departamento de Trabajo de la Generalitat.
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La Guardia Civil ha entregado un informe a la juez que investiga el caso Pallerols sobre supuesta financiación irregular de Unió Democràtica (UDC) en el que constata diversas irregularidades en el 73,6% de los cursos de formación para parados impartidos entre 1994 y 1999 por el grupo de academias que eran propiedad del empresario andorrano Fidel Pallerols. El informe oficial ocupa centenares de páginas y se ha realizado después de que la Guardia Civil tomó declaración a 815 alumnos que asistieron a esos cursos, financiados con dinero del Departamento de Trabajo de la Generalitat.
Tras cinco años de investigaciones en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, el caso Pallerols está llegando a su recta final. El informe de la Guardia Civil ratifica las irregularidades administrativas que en su día ya relataron alumnos y testigos. Pero en el mes de julio del año pasado la defensa de Pallerols pidió a la magistrada que se tomase declaración a los miles de parados que asistieron a esos cursos. La juez aceptó la petición, pero acotó el alcance de las declaraciones al 10% de los alumnos y finalmente han declarado 815 personas.
En el resumen final de su informe, la Guardia Civil precisa que entre 1994 y 1999 las academias del grupo Pallerols solicitaron al Departamento de Trabajo 222 cursos de formación para parados. Excepto dos, todos se impartieron, y en 162 se ha detectado alguna irregularidad administrativa. Las más frecuentes son la falsificación de firmas, la alteración de las fechas en la asistencia a los cursos, la firma de un alumno por otro o la inclusión de alumnos en listados sin que hubieran realizado los cursos. También se ha constatado que algunos alumnos fueron dados de baja en los cursos tras asistir un solo día y con el argumento de que habían encontrado trabajo, cuando era falso, según han explicado los propios afectados. Finalmente otros alumnos han declarado que dos o más cursos de formación se impartían en una misma aula.
En otro apartado del informe la Guardia Civil también detalla "anomalías", como el hecho de que los alumnos no sabían qué empresa impartía el curso, y diversos casos en los que no cumplían los requisitos para asistir a las clases. En otros casos tampoco se entregó certificado, título o diploma de asistencia. Los alumnos también han declarado que en ocasiones se incumplió el programa lectivo, había un bajo nivel, faltaba material didáctico o existía un cambio frecuente de profesores. También se ha constatado que algunos cursos se impartieron en centros ajenos al grupo de academias de Fidel Pallerols.
El importe recibido por Pallerols durante esos años para la formación de parados no se ha concretado hasta ahora, aunque en 2002 el entonces diputado socialista Josep Maria Rañé -actual consejero de Trabajo- lo estimó en 839.152 euros. La Guardia Civil ha realizado otro informe que será entregado en los próximos días a la juez donde se relacionará probablemente ese importe, el entramado de empresas beneficiarias y las supuestas relaciones entre sus titulares y Unió Democràtica.
La fiscalía sostiene que el 10% de las subvenciones recibidas por Pallerols se destinaron en realidad a financiar al partido democristiano y que esos hechos podrían implicar que se cometieron los delitos de prevaricación, malversación, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y fraude. En la recta final de la investigación también está por decidir si la juez imputa o no a algún dirigente o cargos públicos de UDC a los que han hecho referencia algunos testigos.