La Audiencia de Cádiz juzga a un maltratador que estranguló a su mujer
El acusado, que se declaró culpable, dice ahora no recordar nada
La sección VII de la Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras, juzga desde ayer a Salvador Ramírez, presunto asesino de su mujer, Amanda del Carmen Cabeza Aparicio en abril de 2002. Antes del juicio, familiares de la víctima y miembros de colectivos ciudadanos entre ellos la asociación de mujeres Victoria Kent, se concentraron a las puertas de la sede judicial para pedir la máxima pena para el acusado, en prisión desde su detención.
La primera sesión del juicio sirvió para constituir el jurado popular y conocer la versión del acusado que en su declaración aseguró no recordar nada más q...
La sección VII de la Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras, juzga desde ayer a Salvador Ramírez, presunto asesino de su mujer, Amanda del Carmen Cabeza Aparicio en abril de 2002. Antes del juicio, familiares de la víctima y miembros de colectivos ciudadanos entre ellos la asociación de mujeres Victoria Kent, se concentraron a las puertas de la sede judicial para pedir la máxima pena para el acusado, en prisión desde su detención.
La primera sesión del juicio sirvió para constituir el jurado popular y conocer la versión del acusado que en su declaración aseguró no recordar nada más que la pelea previa que sostuvo con su mujer antes de que ésta muriese estrangulada con el cable de una plancha. Salvador Ramírez no reconoció en ningún momento haber asesinado a su mujer, a pesar de haberse declarado culpable el 10 de abril de 2002, cuando se entregó a la policía tras haber dejado a su mujer muerta en la bañera.
A lo largo de la jornada de ayer, fueron más de una decena, los agentes de la policía local y funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que prestaron declaración como testigos del suceso que costó la vida a esta mujer, madre de tres hijos.
El ministerio fiscal reclama una pena de 18 años de prisión y una indemnización de 120.000 euros para los hijos del matrimonio, mientras la acusación particular, compuesta por los familiares de la víctima y la Junta de Andalucía exige una condena de 25 años de prisión, otros tres años de alejamiento del domicilio familiar y 150.000 euros de indemnización, al considerar los hechos como un delito de asesinato con ensañamiento.
En el proceso también se persona como acusación popular, la asociación de mujeres progresistas Victoria Kent que reclamaba en principio la pena máxima, 30 años de condena, posteriormente rebajada a 20 años tras la entrega y arrepentimiento de Salvador Ramírez. Precisamente, la presidenta de Victoria Kent en el Campo de Gibraltar, Maribel García Revilla mostró su indignación, por la supuesta pérdida de memoria del acusado. "Esperamos que se le imponga la máxima pena posible y que cumpla la condena en su totalidad".