Fox presenta la reforma judicial más amplia de la historia de México
El plan introduce la presunción de inocencia
La revolución judicial más importante de la historia de México, propuesta por el Gobierno al Congreso, controlado por la oposición, será difícil porque los vicios del sistema son numerosos y porque probablemente volverán a ser corrosivos los conflictos de intereses políticos y corporativos que malograron la reforma fiscal e impidieron siquiera abordar a fondo la laboral. ¿Saldrá adelante la reforma planteada por usted? "Pues, definitivamente, espero que sí", responde el presidente, Vicente Fox.
El proyecto oficial obliga a ocho reformas constitucionales -una de ellas establece explícita...
La revolución judicial más importante de la historia de México, propuesta por el Gobierno al Congreso, controlado por la oposición, será difícil porque los vicios del sistema son numerosos y porque probablemente volverán a ser corrosivos los conflictos de intereses políticos y corporativos que malograron la reforma fiscal e impidieron siquiera abordar a fondo la laboral. ¿Saldrá adelante la reforma planteada por usted? "Pues, definitivamente, espero que sí", responde el presidente, Vicente Fox.
El proyecto oficial obliga a ocho reformas constitucionales -una de ellas establece explícitamente la presunción de inocencia en la Carta Magna-, la modificación de nueve leyes y una nueva redacción del Código de Procedimientos Penales. Los juicios orales, la unificación de tareas de los cuerpos policiales, mayor independencia del Ejecutivo de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía General), que dirigirá a la policía, son algunos de los cambios para combatir el delito y garantizarse el debido proceso, ahora ausente; también, la reparación del daño.
El proyecto de reforma, enviado al Congreso el 22 de marzo, se sustenta en la reestructuración orgánica de las instituciones de seguridad pública, la transformación del procedimiento penal y profesionalización de la defensa. Los mexicanos apenas confían en la justicia. De cada 100 delitos investigados, sólo uno concluye en condena, en ocasiones obviamente injusta, según las estadísticas disponibles.
Vicente Fox, del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), ganó las generales del año 2000, arrebató la presidencia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que fue régimen durante siete decenios, y evaluó entonces la posibilidad de acometer integralmente la reforma del Estado mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente, opción planteada por su principal impulsor, el actual embajador de México en Bruselas, Porfirio Muñoz Ledo. El Gobierno decidió, sin embargo, abordarla pieza a pieza.
La aprobación del nuevo sistema judicial es incierta por la complejidad del reto y porque la cercanía de las generales del 2006 determinará en buena medida el debate parlamentario. El Ejecutivo propone que los trabajos de investigación quedarán a cargo de la nueva Policía Federal, a las órdenes del Ministerio del Interior que sustituiría al actual Ministerio de Seguridad Pública. México cuenta con aproximadamente 400.000 policías, y solamente unos 30.000 pueden investigar, y sus expedientes son vulnerables a la corrupción, según fuentes oficiales. La PGR daría paso a una Fiscalía General de la Federación con carácter de órgano constitucional autónomo.
El objetivo es modificar el sistema procesal vigente para garantizar la presunción de inocencia, y "los juicios rápidos y equilibrados, orales, transparentes y públicos", según explicó el gobernante mexicano. Detrás de los problemas económicos (39%), la inseguridad (31%) es la principal preocupación de los mexicanos, según las encuestas manejadas por el Gobierno. En México se denuncian 1.434 delitos anualmente por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de los 3.197 en Argentina o los 5.367 en EE UU.
Impunidad generalizada
La impunidad es generalizada y el dinero gastado en sobornos y otras corrupciones supera los 1.500 millones de dólares anuales, según un cálculo aproximado, porque la ilegalidad de la práctica impide la obtención de datos precisos. De cada 100 delitos, el 75% no se denuncia al no haber confianza en la justicia. El proceso de investigación dura una media de 12 meses y sólo se investiga el 4,5% del 25% denunciado. Además de la eficacia policial, los obstáculos estructurales que han impedido el pleno goce de un proceso debido se manifiestan, en principio, en la necesidad de una ley reglamentaria de garantías individuales o derechos humanos, según señala el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México.
La colisión de competencias judiciales es relativamente frecuente en México, una república federal de 103 millones de habitantes con 31 Estados y el Distrito Federal, sede de la alcaldía de Ciudad de México. La ley reglamentaria reclamada debiera aplicarse con carácter de norma general en las legislaciones federal y estatal.