El Ayuntamiento reclama 6,8 millones a la empresa de los relojes callejeros

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido anular el contrato de instalación, mantenimiento y explotación de los 530 relojes y termómetros callejeros que debían estar repartidos por toda la capital. La Concejalía de Medio Ambiente considera que Planigrama, la empresa contratista, carece de la tecnología necesaria para ejecutar la oferta que hizo en 2002 cuando se presentó al concurso de adjudicación de estos soportes publicitarios. Por ello, Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, va a reclamar a la empresa una indemnización de 6,8 millones.

Esta adjudicación está, además, denunciada en l...

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido anular el contrato de instalación, mantenimiento y explotación de los 530 relojes y termómetros callejeros que debían estar repartidos por toda la capital. La Concejalía de Medio Ambiente considera que Planigrama, la empresa contratista, carece de la tecnología necesaria para ejecutar la oferta que hizo en 2002 cuando se presentó al concurso de adjudicación de estos soportes publicitarios. Por ello, Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, va a reclamar a la empresa una indemnización de 6,8 millones.

Esta adjudicación está, además, denunciada en los tribunales por el grupo municipal socialista, que acusa al anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano, y a tres de sus entonces concejales (Ignacio del Río, Mercedes de la Merced y Elena Utrilla) de presunta prevaricación.

Planigrama se presentó al concurso para la adjudicación de estos soportes en convenio con la empresa de telecomunicaciones Madritel, que debía encargarse de la parte técnica en el proceso de instalación. Un sistema de transmisiones que, al ir por cable, obligaba a abrir varios kilómetros de zanjas. Transcurridos 18 meses, en las calles permanecen aún los viejos soportes, relojes e indicadores de temperatura anteriores a 2002, muchos de los cuales están rotos.El Ayuntamiento de Madrid, en el momento de la adjudicación gobernado por el equipo de José María Álvarez del Manzano, adjudicó el 25 de julio de 2002 este concurso a Planigrama. La empresa ganadora ofrecía utilizar la tecnología de la red de cable de fibra óptica de Madritel. En el contrato, además, se contemplaba que la instalación de los soportes informáticos que iban a colocar en las calles de Madrid debía efectuarla el adjudicatario en el plazo de seis meses desde la firma del acta. Planigrama se comprometía, asimismo, a desmontar y retirar los soportes antiguos.

El 15 de octubre de 2002, el Ayuntamiento remitió un escrito a Planigrama en el que se le instaba a que iniciara los trabajos a los que se había comprometido y que se estaban demorando por la dificultades que tenía Madritel. Hasta septiembre de 2003, el Ayuntamiento no tuvo constancia de ninguna actuación más de la empresa adjudicataria para proseguir con estas obras.

Para entonces, Madritel había sido absorbida por AUNA y la tecnología por fibra óptica no estaba aún disponible. Planigrama, en vista de la situación, ofreció entonces otras soluciones técnicas alternativas y diferentes a las ofertadas en el concurso. Estas soluciones, en el que caso de haber sido aceptadas por el Ayuntamiento, hubieran supuesto una modificación del contrato y habrían entrado en colisión con otras propuestas de empresas que ofrecieron en su día esas soluciones técnicas.

El Ayuntamiento considera que la demora en el inicio de la ejecución del contrato se ha debido a razones ajenas a él, por lo que ha decidido anular el contrato y solicitar una indemnización a la empresa adjudicataria: 800.000 euros por la retirada de los relojes actuales y otros seis millones de euros más en concepto de "lucro cesante del canon de concesión".

La concesión de este concurso está denunciada, además, en los tribunales por el grupo municipal socialista.

En los tribunales

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 ha citado a declarar al anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano, y a los ex concejales del PP Elena Utrilla (ahora diputada autonómica), Mercedes de la Merced (diputada en el Congreso de los Diputados) e Ignacio del Río. Ninguno de los cuatro están acusados aún de nada, pero el juez los citó el pasado enero como parte de las diligencias previas que instruye sobre una denuncia que el PSOE presentó ante la fiscalía y que ésta remitió al juzgado para que investigue.

El grupo socialista acusa a los ex ediles de cometer presunta prevaricación cuando adjudicaron, en julio de 2002, un contrato millonario de instalación y mantenimiento de soportes horarios y publicitarios a la firma Planigrama, propiedad de la empresa francesa Decaux.

Del Río ha señalado que él no formó parte "del grupo de trabajo" que valoró la "calidad estética de las ofertas" merced al acuerdo adoptado por "la concejal del área de Obras e Infraestructuras el 17 de abril de 2002", en contra de lo que sostiene en su denuncia el grupo socialista. Y añade que "tampoco intervino la comisión de estética que presidía en condición de concejal de Urbanismo, al ser un órgano consultivo del Ayuntamiento (...)".

Sin embargo, según sostiene el PSOE, la entonces concejal de Obras, Elena Utrilla, y los tenientes de alcalde Mercedes de la Merced e Ignacio del Río intervinieron en el proceso de adjudicación para perjudicar a la empresa que había sido mejor puntuada por los técnicos, Publimedia, y beneficiar a la que iba en segunda posición, Planigrama, que finalmente se hizo con el contrato: 84 millones de euros en 14 años -1.000 millones de pesetas al año- por instalar y conservar 530 soportes publicitarios.

Nada más hacerse con el contrato, Planigrama fue comprada por Decaux, que hasta ese momento sólo tenía un 49% del capital.

Al conocer la denuncia efectuada por el grupo municipal socialista, la concejal de Medio Ambiente, Paz González, no quiso pronunciarse sobre las acusaciones de prevaricación, pero aseguró: "Si yo hubiera sido la responsable del departamento hace dos años, no hubiera adjudicado el contrato a Planigrama teniendo en cuenta su oferta tecnológica. Suponía demasiados perjuicios para la ciudad: siete kilómetros de zanjas y mucho retraso en los plazos".

El gobierno municipal tiene ahora dos posibilidades para poner en marcha los relojes callejeros: convocar un nuevo concurso o instalar los indicadores horarios y de temperatura y las pantallas informativas en otro tipo de soporte publicitario gestionado por otra empresa o por el propio Ayuntamiento, por ejemplo, en las marquesinas de los autobuses.