Olabarria espera un perfil menos 'politizado' en el Constitucional

El parlamentario del PNV Emilio Olabarria mostró su confianza en que los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que nombre el Gobierno del PSOE en sustitución del presidente, Manuel Jiménez de Parga, y el vicepresidente, Tomás Vives Antón, tengan un perfil "más jurídico y menos politizado que los que han existido en la época del PP". Olabarria consideró "un poco prematuro" adelantar qué es lo que va a ocurrir, por lo que se mostró cauteloso hasta ver "cuál es la actitud del PSOE".

No obstante, declaró que confía en que el perfil de los nuevos magistrados sea "más neutral po...

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El parlamentario del PNV Emilio Olabarria mostró su confianza en que los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que nombre el Gobierno del PSOE en sustitución del presidente, Manuel Jiménez de Parga, y el vicepresidente, Tomás Vives Antón, tengan un perfil "más jurídico y menos politizado que los que han existido en la época del PP". Olabarria consideró "un poco prematuro" adelantar qué es lo que va a ocurrir, por lo que se mostró cauteloso hasta ver "cuál es la actitud del PSOE".

No obstante, declaró que confía en que el perfil de los nuevos magistrados sea "más neutral políticamente y más ajustado a los requerimientos al imperio de la Ley en exclusiva, que es lo que debe caracterizar la función de un magistrado del TC". Para el parlamentario peneuvista, la renovación de los miembros del TC "sigue siendo una de las asignaturas pendientes en el ámbito de la regeneración democrática".

Olabarria insistió en que la designación de los magistrados del TC por parte de los grupos parlamentarios se realiza con un sistema "incorrecto" y consideró que "sigue estando pendiente, y es muy conveniente, abordar estas designaciones con un consenso político muy amplio, que no se ha dado hasta ahora".

Añadió también que el Tribunal Constitucional debería tener presencia autonómica "porque este tribunal resuelve los conflictos de competencia entre la Administración del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas". A su juicio, "también las Comunidades Autónomas tienen que tener alguna fórmula de designación de magistrados que representen sus intereses cuando éstos entran en colisión con los del Estado".

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