El futuro del Pacto

El Gobierno no va a convocar la comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista, tal como le ha pedido el PSOE; sólo lo hará tras las elecciones. El argumento es que la continuidad del pacto será inviable mientras el PSOE no rompa su acuerdo con Esquerra Republicana en Cataluña, y que, como eso no parece verosímil, tal convocatoria sólo serviría para oficializar la ruptura. Aunque la apariencia es de un comportamiento responsable, se trata de un caso bien claro de ventajismo. Al congelar la situación hasta las elecciones, lo que queda es la acusación de que los socialistas han roto el pacto. ...

El Gobierno no va a convocar la comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista, tal como le ha pedido el PSOE; sólo lo hará tras las elecciones. El argumento es que la continuidad del pacto será inviable mientras el PSOE no rompa su acuerdo con Esquerra Republicana en Cataluña, y que, como eso no parece verosímil, tal convocatoria sólo serviría para oficializar la ruptura. Aunque la apariencia es de un comportamiento responsable, se trata de un caso bien claro de ventajismo. Al congelar la situación hasta las elecciones, lo que queda es la acusación de que los socialistas han roto el pacto. Por tanto, sólo sería una actitud responsable si al mismo tiempo el PP renunciara a seguir utilizando esa acusación como arma electoral. Pero a eso no renuncia, pese a que el propio pacto plantea excluir la política antiterrorista de la confrontación política y electoral entre PP y PSOE.

Hace dos semanas, en un foro internacional sobre víctimas del terrorismo, Aznar instó a mantener el pacto porque "las fisuras entre constitucionalistas suponen un arma más en manos del terror". Si es tan importante, habría que preservarlo; pero el PP parece perseguir lo contrario. Continuamente emplaza al PSOE a hacer algo que sabe que no va a hacer, para denunciarle luego como vacilante frente al terrorismo. La exigencia de ruptura con ERC forma parte de la hoja de ruta del PP desde mucho antes de que se conociera la entrevista de Perpiñán.

Rajoy llegó a dar por roto el pacto hace tres días. Luego ha rectificado, sin duda porque no quiere asumir los costes de aparecer como responsable de la eliminación de un instrumento de eficacia demostrada para debilitar a ETA. Su argumento es que el acuerdo de gobierno en Cataluña es contrario "a la letra y el espíritu" del pacto. A la letra no lo es en modo alguno; y para que lo sea al espíritu hay que acogerse a una interpretación maximalista, muy extrema, de sus principios. Si para alcanzar pactos de gobierno en las instituciones fuera preciso compartir la política antiterrorista plasmada en el pacto, como insinúa Zaplana, el PSOE no podría pactar ni siquiera con IU en los ayuntamientos. Y la reserva que el preámbulo del pacto establece para llegar a acuerdos con partidos que los tengan con ETA se refiere claramente a la situación del País Vasco tras el pacto de Estella; lo que se dice es que para pactar con el PNV y EA será preciso que estos partidos abandonen formalmente Estella y demás organismos constituidos al amparo de los acuerdos con ETA.

Lo de Carod no tiene defensa posible, pero resulta forzado equipararlo a esos acuerdos. Si de todas formas hay dudas, habría que aclararlas en el seno del pacto, según lo previsto en su propio texto. Y plantear, por ejemplo, si no fue una vulneración del pacto la adopción por el PP de iniciativas unilaterales como las recientes reformas del Código Penal. El PP se aplica la ley del embudo: un criterio amplio para sí mismo y uno bien estrecho para el PSOE en lo de ERC, a fin de acusarle de haber roto el pacto; añadiendo su disposición a aplicar sus principios en solitario. Sin embargo, en esas condiciones ya no serviría para lo que ha servido el Pacto Antiterrorista. Esencialmente, para concertar las reformas legales que han permitido la ilegalización de Batasuna y para hacer ver a ETA que un cambio de mayoría no implicaría cambios en la política antiterrorista.

Esa concertación ha sido decisiva para legitimar la ofensiva del Estado de derecho que ha puesto a ETA contra las cuerdas. En las condiciones de diciembre de 2000, tal concertación sólo era posible entre PP y PSOE. La incorporación de IU y los nacionalistas habría obligado a renunciar a las reformas legales que hicieron posible la ilegalización de Batasuna. Ahora se ha sugerido desde IU, CiU y el PSOE que el pacto podría ampliarse a todas las fuerzas democráticas, y Rajoy ha dicho que invitará a incorporarse a quien quiera hacerlo "lealmente". No será fácil, cuando ni siquiera se ponen de acuerdo PP y PSOE. Pero una vez que el pacto entre ambos partidos ha alcanzado su principal objetivo práctico, es posible que, tras las elecciones, se pueda recomponer la unidad de los demócratas en un foro como el del Pacto de Ajuria Enea.

Juega a favor la renuncia del nuevo líder del PNV, Josu Jon Imaz, a la lógica de poner precio político al abandono de la violencia. Y también algunas de las actitudes expresadas estos días por los firmantes de la Declaración de Barcelona. Resta que todos ellos sean consecuentes con ese principio retirando su apoyo al plan Ibarretxe. Pero tal vez el marco para ello sea un nuevo pacto, como el de Ajuria Enea o el de Madrid, que incorpore las enseñanzas de la experiencia que ahora ha vuelto a probar Carod: que todo intento de negociar con ETA fortalece a los terroristas y divide a los demócratas.