Una decena de policías atienden en Valencia sólo a 21 mujeres de las 220 con orden judicial de protección
Una decena de agentes de la policía nacional en segunda actividad, ninguno de ellos mujer, atiende en la ciudad de Valencia de forma directa a 21 mujeres de las alrededor de 220 sobre las que un juez ha dictado orden de protección por existir indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra su vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad. Esas 21 mujeres disponen de un teléfono que las conecta con el agente policial asignado, con el 091 o con la oficina de Madrid que se ocupa de estos temas. El resto -haciendo mención de que hay mujeres que no quieren tene...
Una decena de agentes de la policía nacional en segunda actividad, ninguno de ellos mujer, atiende en la ciudad de Valencia de forma directa a 21 mujeres de las alrededor de 220 sobre las que un juez ha dictado orden de protección por existir indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra su vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad. Esas 21 mujeres disponen de un teléfono que las conecta con el agente policial asignado, con el 091 o con la oficina de Madrid que se ocupa de estos temas. El resto -haciendo mención de que hay mujeres que no quieren tener ese móvil- puede contactar igualmente con la unidad, pero no tiene agente nominal asignado.
La orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica (ley 27 de 2003) unifica los distintos instrumentos de amparo y tutela a las víctimas de estos delitos y faltas. Pretende que a través de un sencillo procedimiento judicial que debe plantearse ante el juzgado de instrucción, la víctima pueda obtener un estatuto integral de protección que concentre de forma coordinada una acción cautelar de naturaleza civil y penal. La orden de protección va acompañada de una orden de alejamiento de quien pone en riesgo la vida de la víctima. Tiene una duración de tres meses, tiempo en el que supuestamente se depurarán las responsabilidades penales que el agresor tenga.
Pero sobre el mecanismo existen críticas. Entre ellas que el Gobierno se comprometió a dotar a la Unidad de Prevención, atención y protección de las víctimas de violencia doméstica de al menos 500 agentes, y no ha sido así. Pero también que es la propia policía la que decide qué mujeres deben o no contar con esa protección especial. Cuando un juez determina que una víctima de la violencia doméstica se enmarca en los supuestos de la orden, la policía tiene conocimiento de ello y es ahí donde se decide si la víctima tendrá o no acceso directo, a través de un teléfono móvil y se le asigna un agente.