Toque judicial

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado un primer toque judicial a la reforma del Código Penal -una de las varias promovidas por el Gobierno en 2003- que prevé la expulsión inmediata de España de los extranjeros que hallándose en situación irregular sean condenados a penas inferiores a seis años de prisión. El tribunal se ha opuesto a la aplicación de esa norma legal a un narcotraficante detenido en Madrid con casi medio kilo de cocaína y al que condenó a cinco años de prisión.

Muchos y variados son los argumentos esgrimidos por la Audiencia de Madrid para negarse a la expulsión, apoy...

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado un primer toque judicial a la reforma del Código Penal -una de las varias promovidas por el Gobierno en 2003- que prevé la expulsión inmediata de España de los extranjeros que hallándose en situación irregular sean condenados a penas inferiores a seis años de prisión. El tribunal se ha opuesto a la aplicación de esa norma legal a un narcotraficante detenido en Madrid con casi medio kilo de cocaína y al que condenó a cinco años de prisión.

Muchos y variados son los argumentos esgrimidos por la Audiencia de Madrid para negarse a la expulsión, apoyada por el ministerio fiscal, y ordenar el cumplimiento de la condena en España. Algunos apuntan a principios constitucionales como el de igualdad ante la ley, que podría verse vulnerado si unos ciudadanos pueden librarse de cumplir condena, quedando impune su delito, y otros quedan obligados a cumplirla inexorablemente. Otros argumentos cuestionan, aunque sea de modo indirecto, la política criminal del Gobierno en este punto, pues la expulsión sin más de narcotraficantes extranjeros condenados en España supondría un efecto-llamada "para millones de ciudadanos de países productores de droga, con el señuelo incluso del viaje gratis de vuelta a su nación de origen".

La intención del Gobierno al promover esta reforma fue cortar de raíz la costumbre atribuida a inmigrantes sin papeles de cometer delitos menores en España para eludir su expulsión administrativa. Pero hay cosas que en un Estado de derecho no pueden hacerse atendiendo sólo a criterios de eficacia y seguridad y que requieren algo más de reflexión, tal como pudo oír el Gobierno en boca de la oposición en el debate parlamentario correspondiente. El riesgo que se corre es el de establecer un trato desigual -un agravio comparativo- no sólo entre delincuentes extranjeros y nacionales, sino entre las víctimas del delito.

Como es impensable que el Gobierno pretendiera tal cosa, la Audiencia de Madrid señala, no sin ironía, la posibilidad de que "debido al exceso de trasiego normativo al que asistimos últimamente, el legislador no haya confeccionado un texto legal lo suficientemente claro, meditado y previsor respecto a sus consecuencias reales". Se trata, sin duda, de una muestra del mayúsculo barullo legislativo que deja tras sí el último Gobierno de Aznar, mezclando el Código Penal con leyes del Menor y de Arbitraje y normas sobre inmigración y sobre seguridad ciudadana. Todo eso dificulta el trabajo de jueces y abogados, pero crea sobre todo una grave inseguridad jurídica para los ciudadanos.