El informe del Síndic sobre las irregularidades en la Ciudad de la Luz no admite nuevas alegaciones

El informe del Síndic de Comptes que refleja irregularidades en el ejercicio de 2002 de la mercantil Ciudad de la Luz, dependiente de la Generalitat Valenciana, está cerrado y no admite nuevas alegaciones, según mantiene el PSPV, en contra del anuncio realizado el jueves por la Consejería de Economía. Las irregularidades hacen referencia a la ausencia de firma de consejeros de la sociedad en una auditoría, la consignación como ingreso de un crédito fiscal de 485.171 euros y la contratación a dedo de empleados.

José Camarasa, diputado autonómico del PSPV y portavoz del grupo parlamentari...

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El informe del Síndic de Comptes que refleja irregularidades en el ejercicio de 2002 de la mercantil Ciudad de la Luz, dependiente de la Generalitat Valenciana, está cerrado y no admite nuevas alegaciones, según mantiene el PSPV, en contra del anuncio realizado el jueves por la Consejería de Economía. Las irregularidades hacen referencia a la ausencia de firma de consejeros de la sociedad en una auditoría, la consignación como ingreso de un crédito fiscal de 485.171 euros y la contratación a dedo de empleados.

José Camarasa, diputado autonómico del PSPV y portavoz del grupo parlamentario del área de Grandes Proyectos, subrayó ayer que, en cumplimiento de lo acordado por el pleno de las Cortes Valencianas el 22 de diciembre de 1986, la Sindicatura de Comptes remitió, en los plazos previstos, el borrador del informe de fiscalización de 2002 para que el órgano fiscalizado formulara las correspondientes alegaciones. "La ciudad de la Luz, por tanto, ya presentó sus alegaciones, incluidas en el informe final de la Sindicatura", dice Camarasa. "Legalmente no es posible que la Ciudad de la Luz pueda ahora presentar nuevas alegaciones", añade el diputado socialista. Camarasa asegura que el informe de la Sindicatura relativo al ejercicio de 2002 de la Ciudad de la Luz está cerrado y no puede ser modificado.

En su anuncio de nuevas alegaciones, la Consejería de Economía se aprestó a defender la legalidad de todas las operaciones desarrolladas por la mercantil pública de la Ciudad de la Luz en el ejercicio de 2002. "La Ciudad de la Luz se ha adecuado en todo momento a la legislación vigente", recogía un comunicado de este departamento del Consell. Para Economía, la Ciudad de la Luz "ha aplicado la normativa vigente en todos sus procesos de actividad, y todos sus distintos campos y parámetros de funcionamientos se han ajustado a la legislación". En esas nuevas alegaciones se argumenta que se ha aplicado la Ley de Impuestos de Sociedades, la legislación mercantil y los principios de publicidad y concurrencia en su actividad de contratación, entre otras.

En cuanto a las contrataciones a dedo que refleja el informe de la Síndic, Economía sostiene que la selección de personal se ajustó a los procesos de preselección de candidatos remitidos por el Servef y que luego la mercantil realizó una selección definitiva.

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