Fabra no declaró la firma por la que un empresario le acusa de cobrar comisiones
La empresa a través de la cual Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, es acusado por un empresario de cobrar comisiones para ejercer influencias no fue autorizada por la Corporación Provincial. Aunque el dirigente del PP salió al paso de las querellas presentadas contra él por el empresario Vicente Vilar asegurando que la Diputación declaró compatible su actividad de abogado y de corredor de seguros, la declaración
de compatibilidad no hace referencia a su actividad como empresario sino, únicamente, al ejercicio de la abogacía y a la mediación o agencia de seguros.
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La empresa a través de la cual Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, es acusado por un empresario de cobrar comisiones para ejercer influencias no fue autorizada por la Corporación Provincial. Aunque el dirigente del PP salió al paso de las querellas presentadas contra él por el empresario Vicente Vilar asegurando que la Diputación declaró compatible su actividad de abogado y de corredor de seguros, la declaración
de compatibilidad no hace referencia a su actividad como empresario sino, únicamente, al ejercicio de la abogacía y a la mediación o agencia de seguros.
El objeto social de la firma de la que es administrador único, Carmacas, SL, consiste en servicios de asesoramiento laboral y de formación para prevención de riesgos laborales, actividad que no se trató en el pleno de julio de 1999 porque, de hecho, la empresa no se constituyó hasta nueve meses después, en abril de 2000. Sin embargo, en abril de 1999, el presidente de la Diputación ya figuraba en otra sociedad, Planning y Promociones, a la que tampoco se hizo mención en el debate de compatibilidad. En aquel pleno, el entonces vicepresidente de la Diputación y ahora consejero de Justicia de la Generalitat Valenciana, Víctor Campos, alegó que "fundamentalmente, la compatibilidad que solicita el presidente afecta a su actividad como agente de seguros" y argumentó que ésta no es como la del funcionario o del rentista, sino que "has de mantener el contacto con aquellas personas a las que les prestas un servicio". Pese a la explicación, los diputados socialistas votaron en contra al considerar, tal como dijo su portavoz, Enrique Navarro, que, aun siendo legal, "es una cuestión de estética".
Fabra se enfrenta a dos querellas de Vicente Vilar, que le acusa de haber cobrado informes inexistentes y comisiones a cambio de mediar ante altos cargos en favor de intereses empresariales. El político del PP anunció, como respuesta, una querella por injurias que todavía no ha presentado.
Carmacas fue la única empresa a la que facturó el año 2000 Arcavi, una de las sociedades del grupo que controla Vicente Vilar. Arcavi pagó ese año dos facturas en concepto de "asesoramiento jurídico y laboral que en teoría le presta Carmacas", tal como indica el texto de la querella. Esas facturas, por un importe de unos 48.000 euros, han sido aportadas por Vilar. En años posteriores, Carmacas facturó también, al menos, a otra empresa, Artemis, formada por las esposas de Vilar y Fabra. Dicha empresa de asesoramiento está domiciliada en la misma dirección que el presidente de la Diputación de Castellón, sin que exista distintivo que la anuncie ni figura en la guía telefónica.