El fiscal solicita 9 años de cárcel para los responsables de Radio Aldamar
Rosalía Domínguez y su esposo, Eduardo Arrese-Igor, responsables de la emisora Radio Aldamar y de la empresa de manualidades Don Pincel, así como su colaborador, el letrado Adolfo Luis Lumbreras, se sientan desde hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia guipuzcoana. El fiscal les acusa de un delito de estafa, por el que pide para cada uno siete años de prisión, y de otro delito contra los derechos de los trabajadores, por el que solicita para cada uno dos años de cárcel. Pide además a cada imputado una multa de 7.560 euros y reclama que indemnicen a los 31 empleados demandantes con ...
Rosalía Domínguez y su esposo, Eduardo Arrese-Igor, responsables de la emisora Radio Aldamar y de la empresa de manualidades Don Pincel, así como su colaborador, el letrado Adolfo Luis Lumbreras, se sientan desde hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia guipuzcoana. El fiscal les acusa de un delito de estafa, por el que pide para cada uno siete años de prisión, y de otro delito contra los derechos de los trabajadores, por el que solicita para cada uno dos años de cárcel. Pide además a cada imputado una multa de 7.560 euros y reclama que indemnicen a los 31 empleados demandantes con un total de 349.085 euros.
Los 31 trabajadores demandaron a los imputados por el impago de las cantidades acordadas. Para ser contratados, los empleados debían pagar de antemano 15.025,30 euros, cifra que Domínguez y Arrese-Igor se comprometían a devolver en 60 mensualidades. Algunos no volvieron a ver ni un céntimo, mientras que otros sólo recibieron una parte, según la calificación fiscal.
Los contratos, redactados por Lumbreras, según la Fiscalía, establecían que si los trabajadores dejaban su puesto antes de cinco años perderían las cantidades entregadas.
La mayoría de los demandantes está representada por el abogado Juan Luis Peña, quien sostiene que Domínguez y Arrese-Igor intentaron "desquiciar" a los empleados para que abandonasen el trabajo. El letrado pide 17 años de prisión para cada uno de ellos por estafa, apropiación indebida y delito contra los derechos de los trabajadores. Sostiene que actuaron ayudados por Lumbreras y Juana María Arrese-Igor, madre del principal acusado, para quienes pide, por iguales delitos, seis años de cárcel.