Un concejal en paro forzoso
La falta de ascensor impide a un edil discapacitado de Linares acceder al despacho municipal
A Alfonso Casado le cambió fatalmente la vida cuando sólo tenía 23 años. Un accidente de tráfico le produjo una lesión medular y lo dejó tetrapléjico. Hoy tiene 35 años y regenta un despacho de abogado en Linares (Jaén), además de ser concejal del Ayuntamiento. Ha conocido, por tanto, las dos caras de la vida. Desde que se vio postrado en una silla de ruedas ha empezado a sufrir en sus carnes las dificultades para integrarse en la sociedad y, muy especialmente, para encontrar un empleo. Y eso que ya tenía su carrera de Derecho terminada. Pero quizá Alfonso nunca sospechó que esa discriminación...
A Alfonso Casado le cambió fatalmente la vida cuando sólo tenía 23 años. Un accidente de tráfico le produjo una lesión medular y lo dejó tetrapléjico. Hoy tiene 35 años y regenta un despacho de abogado en Linares (Jaén), además de ser concejal del Ayuntamiento. Ha conocido, por tanto, las dos caras de la vida. Desde que se vio postrado en una silla de ruedas ha empezado a sufrir en sus carnes las dificultades para integrarse en la sociedad y, muy especialmente, para encontrar un empleo. Y eso que ya tenía su carrera de Derecho terminada. Pero quizá Alfonso nunca sospechó que esa discriminación la ampararan también los poderes públicos.
Conocida su intensa y brillante actividad en los movimientos asociativos de discapacitados de su ciudad, el Partido Popular lo fichó para enrolarlo, como independiente, en su lista electoral del pasado mes de mayo. Alfonso ocupó el número cuatro de la candidatura y salió elegido concejal de la Corporación linarense (que gobierna el PSOE con 15 concejales, por 7 del PP, 2 de IU y 1 del PA). Sin embargo, cinco meses después de tomar posesión todavía no ha podido reunirse ningún día con sus compañeros en el despacho del grupo popular. El motivo no es otro que los despachos de las formaciones políticas se encuentran en la primera planta y el Ayuntamiento no dispone de ascensor.
"¿Integrado? Cómo voy a estarlo si no puedo ni reunirme con mis compañeros", comentaba ayer el concejal linarense, que utiliza el patio de cristales del Consistorio -al que accede por unas oficinas traseras que no necesitan escaleras- como plataforma de comunicación con el resto de ediles de la Corporación.
"Cuando llego a la planta baja del Ayuntamiento", explica Alfonso Casado. "Mi mujer sube al grupo del PP para ver qué temas pendientes hay, pero si hay que discutir algún tema importante nos tenemos que ir a mi despacho de abogado para reunirnos". Su condición de discapacitado sí que ha forzado al equipo de gobierno socialista a trasladar los plenos fuera del Ayuntamiento, en concreto a la Estación de Madrid. También las comisiones informativas -Casado pertenece a las de Educación, Juventud y Salud- deben celebrarse en un edificio de la planta baja.
Así parece que tendrá que discurrir toda la legislatura, pues el Ayuntamiento no se plantea introducir un ascensor para acceder a las plantas superiores del Consistorio. La solución que baraja el alcalde, el socialista Juan Fernández, es adecuar un despacho del patio de cristales para las dependencias del PP. "Me ha dicho que esta semana empezarán las obras, pero también en agosto me dijeron que el problema ya estaba resuelto", comenta resignado Casado. Para desplazarse al Ayuntamiento tiene que recurrir a su esposa para que le lleve en coche ante la ausencia de transporte público adaptado en su ciudad, otra de sus quejas. Linares tiene una población de 65.000 habitantes, de los que, según Casado, entre el 5 y el 7% tienen algún tipo de minusvalía.
El concejal convocó ayer a la prensa en el patio de cristales del Ayuntamiento para presentar el Plan de Acción Transversal a favor de las personas con discapacidad, "un compromiso electoral del PP", recuerda Alfonso Casado, que, evidentemente, ha tenido mucho que ver en su elaboración.
El plan pide, entre otras muchas medidas, que se cumpla la ley y se aumente al 5% el cupo de reserva de puestos de trabajo de contratación directa, tanto en el Ayuntamiento como en empresas concesionarias; la bonificación o exención fiscal a las empresas que contraten discapacitados; elaborar un plan local de accesibilidad en materia urbanística; cambiar la ubicación del Centro de Información Juvenil para hacerlo accesible; crear licencias de taxi y transporte urbano adaptado; o elaborar programas de rehabilitar funcional y fisioterapia con fondos municipales.
"Es un documento con el que queremos favorecer la integración de las personas con alguna discapacidad", asegura Alfonso Casado, que será el encargado de defender una moción sobre este plan en el próximo pleno.
Barreras que no caen
La encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999 elevaba el número de discapacitados en Andalucía a 708.831 personas. De ellas, 388.837 son mayores de 65 años. El Defensor del Pueblo Andaluz remitía esta misma semana al Parlamento un informe especial sobre personas prisioneras en sus viviendas, en el que advertía que "los responsables municipales deben tomar la iniciativa para la adaptación del planeamiento urbanístico en vigor a la normativa de accesibilidad".
También se incide en que la ausencia de transporte adaptado es una de las reivindicaciones del colectivo de personas discapacitadas. "En el transporte escolar, el esfuerzo económico para dar cobertura a sus necesidades es inaplazable", se indica en el informe del Defensor.