Más allá del debate sobre las identidades nacionales

A la hora de reflexionar sobre la Constitución Española y su contribución a la cohesión cívica y social, me vienen a la memoria unas declaraciones que la entonces presidenta del Consejo de Relaciones Laborales de Bélgica realizó, a comienzos de los noventa, ante la pregunta sobre las señas de identidad de la ciudadanía belga. Respondía, con sencillez, que los elementos que hacían que un ciudadano belga se identificara como tal eran la Corona, la Liga de Fútbol, las pensiones, el seguro de desempleo y las relaciones laborales. Se me quedó grabado hasta tal punto que lo he interiorizado como una...

A la hora de reflexionar sobre la Constitución Española y su contribución a la cohesión cívica y social, me vienen a la memoria unas declaraciones que la entonces presidenta del Consejo de Relaciones Laborales de Bélgica realizó, a comienzos de los noventa, ante la pregunta sobre las señas de identidad de la ciudadanía belga. Respondía, con sencillez, que los elementos que hacían que un ciudadano belga se identificara como tal eran la Corona, la Liga de Fútbol, las pensiones, el seguro de desempleo y las relaciones laborales. Se me quedó grabado hasta tal punto que lo he interiorizado como una clave importante para cualquier tipo de análisis político o estrategia social.

La Constitución de 1978 nos dota de un marco jurídico que el británico T. H. Marshall teorizó de forma coherente como la triple dimensión de la ciudadanía: en primer lugar, la Ciudadanía Civil, que abarca los derechos necesarios para la libertad individual (de la persona, de expresión, de pensamiento, de creencia, de propiedad, derecho a la justicia...); en segundo lugar la Ciudadanía Política, que abarca los derechos necesarios para participar en el ejercicio del poder político (libertad de reunión, de prensa, de elegir y ser elegido, de constitución de partidos políticos, libertad sindical...); y por último la Ciudadanía Social, que abarca los derechos necesarios para una existencia decente y mínima en el plano económico (el derecho al trabajo, al bienestar material, a un salario base, ingresos mínimos garantizados, subsidio familiar, igualdad de oportunidades... y a la seguridad (derecho a la salud, a la pensión, protección contra riesgos...).

Si se atiende al debate actual, da la impresión de que la Constitución se reduce solamente a su Título VIII

Con el PP en el poder, el Estado no ha reducido su intervención en la economía, sino que la ha modificado

El gran triunfo del movimiento obrero en las diferentes Constituciones europeas, también en la española, ha sido el reconocimiento del paso del Estado liberal al Estado social, con la consiguiente conquista de la ciudadanía social para los trabajadores. Un breve repaso a los contenidos sociales de nuestra Constitución nos lo demuestra. Se establecen los necesarios elementos correctores al papel del mercado desde los "Poderes Públicos", se supedita el mercado a las exigencias de la economía general (artículo 38), al interés general y el papel de la iniciativa pública para garantizarlo con sus recursos (art. 128), para contribuir a la equiparación del nivel de vida (art. 130), con la creación del Consejo económico y Social con el fin de apoyar los proyectos de planificación (art. 131), la institucionalización de los sindicatos (art. 7). También se consagra el derecho al trabajo (art.35), con un mandato a los poderes públicos de realizar una política de pleno empleo (art. 40.1), el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios (art. 37), el aseguramiento de la protección social a la familia (art. 40), la Seguridad Social pública y la prestación por desempleo (art. 41), unas pensiones adecuadas con actualización periódica (art. 50), el derecho a la Sanidad Pública (art. 43), a la vivienda, marcando la conveniencia de regular el uso del suelo para impedir su especulación( art. 47). Como botón de muestra final, el artículo 129.2 contempla el fomento de la creación de sociedades cooperativas, la promoción de la participación de los trabajadores en la empresa y el acceso de los mismos a la propiedad de lo medios de producción.

El reconocimiento formal de derechos políticos y sociales obliga a realizar políticas institucionales que los garanticen. Lo expresa muy bien H. Heller cuando, hace ya más de medio siglo, afirmaba: "Sin homogeneidad social, la más radical igualdad civil se convierte en la más radical desigualdad y la democracia formal en la dictadura de la clase dominante".

Y llegó el triunfo monopolizador de la ideología neoliberal, el cambio del campo de juego con la globalización, la separación de las decisiones políticas democráticas de los flujos económicos y financieros y el cuestionamiento y reconversión del Estado de bienestar, abandonando progresivamente su función redistributiva y aseguradora de los derechos económicos y sociales. En la actualidad asistimos a un debate prácticamente unidimensional sobre las llamadas "identidades nacionales" que arrincona, e incluso tapa, los problemas más cercanos a la ciudadanía: empleo, trabajo, protección social, vivienda, fiscalidad...

Da la impresión de que la Constitución Española es solamente el Titulo VIII o que la ciudadanía política se puede mantener sin ciudadanía social o que todos los ciudadanos pertenecemos al estamento social de los satisfechos y seguros. Hablar y defender el patriotismo constitucional y a la vez practicar políticas del mal llamado "Estado mínimo", es caer simple y sencillamente en un nefasto nacionalismo patriotero más propio del pasado, en vez de practicar un constitucionalismo útil, cívico, vertebrador, cohesionador e incluyente, que garantice la ciudadanía completa: la política y la social.

Volvamos a la reflexión belga y analicemos políticas concretas. Como afirmación general se comprueba que el Estado no reduce su intervención en la economía, sino que la modifica. Su papel ha cambiado a través de las diferentes políticas estructurales, En lugar de legislar para regular el mercado, lo que esta haciendo el Gobierno del Partido Popular es otorgar al mercado mayor autonomía respecto de la política. Asistimos a un renovado intervensionismo liberal, lo que algunos denominan, con acierto, la "economización de la política" o la "privatización del Estado y la política", bajo el eslogan "todo al servicio de los poderes económicos, que son los que crean riqueza y empleo".

Uno de los elementos más significativos de la política del PP lo constituye la situación en que van quedando los mecanismos de redistribución a través de las diferente reformas estructurales que ha aplicado (desregulación, desreglamentación y privatizaciones). Se puede afirmar que la ciudadanía social se está erosionando a pesar de casi una década de crecimiento económico ininterrumpido. El trabajo y el empleo se han degradado, en cantidad y en calidad. El gasto en protección social se va reduciendo y la desconvergencia social con Europa es creciente, aumentando la brecha social al 7% del PIB. La diferentes reformas fiscales reducen la capacidad de equidad y progresividad fiscal. La aportación del Estado a la Seguridad Social y a la protección por desempleo es cada vez menor.

Tenemos un sistema de pensiones en el que 5,5 millones de pensionistas cobran menos de 600 euros. Se nos quitan recursos sociales para hacer regalos fiscales a los más poderosos y seguir haciendo propaganda del saneamiento de nuestras finanzas públicas, ya que la ausencia de gasto público es la mejor receta para el estimulo del sector privado. Este es el nuevo modelo despótico de dominación: "Todo para los poderosos y ... sin el pueblo". Como ejemplo tenemos el sector de la construcción, cuasi oligárquico, con unos precios de vivienda que dificulta el derecho a la misma y con una burbuja inmobiliaria de la que nos ha advertido el Banco de España y el FMI.

La mejor manera de fortalecer nuestra Constitución es a través de su desarrollo y cumplimiento completo, tanto en su dimensión institucional política como en su dimensión social. No cabe estabilidad política sin estabilidad social, no cabe ciudadanía política sin ciudadanía social. Adelgazar la función redistributiva del Estado es descohesionar y desvertebrar España y caminar hacia la anorexia de la ciudadanía social. Patriotismo constitucional y políticas neoliberales que recortan y amputan derechos constitucionales son incompatibles.

No es extraño que U. Beck nos plantee la disyuntiva capitalismo o libertad. La desafección de la política, en la medida en que los debates políticos se alejan de los problemas vitales de la ciudadanía, tiene mucho que ver con debates superestructurales que están arrinconando o anulando la dimensión social de nuestra Constitución.

Carlos Trevilla es representante de UGT en el Consejo Económico y Social vasco.