La reforma de la ley de Patrimonio reducirá la protección de los BIC para primar su uso social

El consejero de Cultura, Educación y Deporte, Esteban González Pons, avanzó ayer que la reforma de la vigente ley de Patrimonio que su departamento ha puesto en marcha permitirá actuaciones de carácter "excepcional" en entornos declarados como Bien de Interés Cultural (BIC) con el objeto de facilitar su "uso social". González Pons dijo que si la actual ley incluyera ese aspecto, los polémicos proyectos del Benacantil (Alicante) y El Cabanyal (Valencia) habrían salido adelante sin problemas. Aunque aseguró que la reforma de la ley no se hace pensando en estos casos concretos, como tampoco para ...

El consejero de Cultura, Educación y Deporte, Esteban González Pons, avanzó ayer que la reforma de la vigente ley de Patrimonio que su departamento ha puesto en marcha permitirá actuaciones de carácter "excepcional" en entornos declarados como Bien de Interés Cultural (BIC) con el objeto de facilitar su "uso social". González Pons dijo que si la actual ley incluyera ese aspecto, los polémicos proyectos del Benacantil (Alicante) y El Cabanyal (Valencia) habrían salido adelante sin problemas. Aunque aseguró que la reforma de la ley no se hace pensando en estos casos concretos, como tampoco para amparar el posible mantenimiento de la reforma del Teatro Romano de Sagunto.

González Pons afirmó que no es una "reforma", sino una "actualización" de la actual ley de Patrimonio, para acometer después su desarrollo reglamentario, pendiente desde 1998. Se trata, dijo el consejero, de corregir las "carencias, deficiencias y distorsiones". El consejero manifestó su deseo de que la modificación cuente con el "máximo consenso" de todos los grupos políticos y para ello mostró la disposición del Consell a "dialogar con todos".

Aparte de una serie de cambios técnicos, la modificación supondrá la inclusión de nuevas definiciones de bienes inmateriales, con expresa mención al patrimonio informático y al desarrollo del software, "que ya forman parte de la cultura de los pueblos", según González Pons, y se mejorará la definición de la música, la lengua, la gastronomía, la tradición oral y las fiestas populares como patrimonio inmaterial.

Pero la reforma más polémica se refiere a los bienes con "trascendencia urbanística". La nueva redacción de la ley reformará el régimen de protección de esos BIC, para que "con carácter excepcional, y siempre con las debidas garantías" se puedan modificar, siempre por decisión del Consell, y después de preguntar a dos órganos consultivos. Se trata de evitar que el nivel de protección de estos espacios, "que tiene que ser máximo", impida que sean "un bien de uso social", ya que esto implicaría, en su opinión, la pérdida de población de esos entornos y su consiguiente "deterioro". El consejero explicó que se busca evitar el "efecto perverso" de que un elevado nivel de protección acabe por perjudicar al bien que se pretende preservar.

González Pons aseguró que la modificación de la ley no se hace pensando en "casos concretos", en referencia al palacio de congresos del Benacantil y a la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio de El Cabanyal. Pero afirmó que si la reforma legal que ahora se emprende hubiera estado vigente cuando se plantearon esas obras, éstas ya estarían muy "avanzadas, si no acabadas, y la polémica al respecto hubiera sido muy inferior". No obstante, el consejero dijo no saber si el cambio de la ley permitirá ejecutar esos proyectos, pero aseguró que si sirve para desbloquearlos, el Consell se va a "alegrar muchísimo porque son proyectos que el Gobierno de la Generalitat impulsa y apuesta".

También negó González Pons que la reforma se haga pensando en el Teatro Romano de Sagunto, y añadió que en todo caso sería el Ayuntamiento de Sagunto el que podría solicitar la situación de "excepcionalidad" que permitiera mantener la reforma para favorecer el "uso social" de ese espacio.

El proyecto de reforma no gustó al portavoz de Cultura de EU-Entesa en las Cortes, Ramon Cardona, quien manifestó su "absoluta indignación" por lo que considera que es "un gran engaño y un saqueo desvergonzado de nuestros bienes patrimoniales".

Por otra parte, Alejandro Font de Mora, consejero de Presidencia y portavoz del Consell, afirmó que desde el Ejecutivo "se respeta" la decisión de la CAM de no entrar en el capital de Iberdrola, pero reiteró el interés del Gobierno de que las cajas de ahorro participen en sectores estratégicos. Para el secretario de Economía del PSPV, Ricard Torres, la decisión de la CAM "deja en ridículo" al presidente Francisco Camps y demuestra que "mintió".

En otro orden de cosas, la comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, recibirá el presidente Camps y a su homólogo murciano, Ramón Valcárcel, el 8 de octubre, antes de reunirse con expertos para abordar el proyecto del Plan Hidrológico Nacional.