Curso incógnito

Por primera vez en 15 años, el número de alumnos ha aumentado en España. El incremento se debe en su práctica totalidad a la inmigración. Este hecho, signo de una profunda transformación social y demográfica, marcará el curso escolar que estos días comienza con el estreno de la gran reforma educativa del PP, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Esta norma, cuyo desarrollo culminará en el curso 2007-2008, afecta este año básicamente a los alumnos de enseñanza secundaria obligatoria

(ESO), que tendrán que repetir si suspenden más de dos materias, dispondrán de exámenes de re...

Por primera vez en 15 años, el número de alumnos ha aumentado en España. El incremento se debe en su práctica totalidad a la inmigración. Este hecho, signo de una profunda transformación social y demográfica, marcará el curso escolar que estos días comienza con el estreno de la gran reforma educativa del PP, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Esta norma, cuyo desarrollo culminará en el curso 2007-2008, afecta este año básicamente a los alumnos de enseñanza secundaria obligatoria

(ESO), que tendrán que repetir si suspenden más de dos materias, dispondrán de exámenes de recuperación y sus notas, de suspenso a sobresaliente, volverán a expresarse con la escala numérica del 0 al 10.

Como indicador del escaso interés que los redactores de la norma han mostrado ante el reto de la integración, la reforma no ofrece más recursos para atender las necesidades educativas de los inmigrantes y cabe temer que una de sus principales novedades, los itinerarios de la ESO, que se implantarán a partir de 2004 sólo sirvan para favorecer la segregación de este colectivo o, aún peor, para acelerar su salida del sistema educativo. Este desapego ante al reto más acuciante de la educación contrasta con el insólito mimo con que la LOCE trata otros asuntos más cercanos a sus intereses, como la Iglesia católica. No en balde, el Gobierno ha dotado a la asignatura de Religión de suficiente peso como para provocar, en cualquier curso de la ESO, la repetición del alumno que la suspenda con otras dos asignaturas, pese a que sus contenidos son materia de fe, y sus docentes, elegidos por la jerarquía católica.

Ocho meses después de su aprobación y ya en las aulas, no se sabe cuánto costará ni quién pagará esta reforma. Este contexto de inseguridad financiera arroja serias dudas sobre la voluntad del Gobierno para hacer frente a las necesidades de un sistema educativo público extenuado por crecientes niveles de exigencia y con retos, como la inmigración, que se agigantan. Si bien es cierto que el gasto por estudiante ha aumentado, no lo es menos que el esfuerzo público, medido en porcentaje del PIB, permanece estancado desde hace seis años. Esta falta de ambición denota el olvido en que ha caído la educación pública, que es precisamente la que soporta, de forma desproporcionada frente a la concertada, el peso de la inmigración. Un desequilibrio al que la recién estrenada LOCE tampoco pone remedio.