La libertad económica retrocede en España desde la mayoría absoluta del PP

España, que bajo el Gobierno de José María Aznar se ha convertido en exponente del liberalismo en la Unión Europea, ha sufrido un significativo retroceso en materia de libertad económica desde que el PP gobierna con mayoría absoluta, según se desprende del último informe del Fraser Institute, entidad canadiense de corte neoliberal que periódicamente mide el grado de libertad económica en el mundo. En 2001, últimos datos que analiza la entidad, España cayó en el ranking del puesto 21 hasta el 35, sobre todo por el funcionamiento de los tribunales y de la justicia.

El Fraser Instit...

España, que bajo el Gobierno de José María Aznar se ha convertido en exponente del liberalismo en la Unión Europea, ha sufrido un significativo retroceso en materia de libertad económica desde que el PP gobierna con mayoría absoluta, según se desprende del último informe del Fraser Institute, entidad canadiense de corte neoliberal que periódicamente mide el grado de libertad económica en el mundo. En 2001, últimos datos que analiza la entidad, España cayó en el ranking del puesto 21 hasta el 35, sobre todo por el funcionamiento de los tribunales y de la justicia.

El Fraser Institute publicó el pasado julio el estudio Economic Freedom of the World 2003, elaborado con datos correspondientes a 2001, en el que España descendía de golpe 14 puestos en la clasificación y pasaba a situarse por debajo de países como Botsuana, Estonia o Bahrein.

Esta caída desbarata la tendencia hacia una mayor libertad económica que la entidad venía sucesivamente poniendo de manifiesto en todos sus informes desde 1975. El índice fue creado en 1970 bajo el patrocinio del premio Nobel Milton Friedman, uno de los economistas creadores de la tendencia neoliberal, y trata de cuantificar el grado de libertad económica de los países asignándole una puntuación del 0 (mínima libertad económica) al 10 (máxima libertad económica).

La puntuación final depende de cinco grandes apartados, que a su vez radiografían varios segmentos de la economía y la sociedad de cada país analizado. En total, se tienen en cuenta para establecer el índice cerca de 50 variables. Algunas de ellas tienen un origen que no es estrictamente económico, pero se tienen en cuenta porque inciden en el libre mercado. Las cinco macroáreas son las dimensiones de la Administración, la estructura legal y la seguridad de los derechos de propiedad, la facilidad para obtener dinero, la libertad de intercambio con extranjeros y, por último, la regulación del mercado de trabajo, de crédito y las facilidades para hacer negocios.

En 2000, año en que el PP logró mayoría absoluta en su segundo Gobierno, los guardianes de la ortodoxia liberal concedían a España una puntuación global de 7,3. Pero, al año siguiente, la puntuación descendió. Pese a que sólo fue por tres décimas, se trató del primer retroceso en 26 años, y clavó la puntuación en los niveles de 1995, en la recta final del último Gobierno del PSOE. Sin embargo, hace ocho años, España ocupaba el vigesimoctavo lugar en una lista de 123 países. Tras un importante avance en 2000, ahora se ha replegado al número 34, siempre teniendo en cuenta el mismo número de países.

Independencia judicial

La principal causa del retroceso de la libertad económica en España obedece al severo descenso en la evaluación global del sistema judicial (la calificación baja del 7,5 al 6,3). Dentro de este apartado, la independencia judicial cae todavía más (de 7,5 a 5,1), lo mismo que el funcionamiento imparcial de los tribunales (de 8,0 a 5,3) y, en menor medida, la protección de la propiedad intelectual, que baja de 7,2 a 5,9.

Las fuentes utilizadas en el informe para elaborar el apartado judicial proceden del Global Competitiveness Report (GCR), un instrumento lanzado por el Foro Económico Mundial de Davos y que combina el estudio de los sistemas analizados con una encuesta entre ejecutivos y dirigentes asistentes a Davos. En la última encuesta participaron más de 4.600 destacados ejecutivos, empresarios y hombres de negocios.

"El último informe ha detectado crecientes problemas en el sistema judicial español, señala Fred Mc Mahon, director del Centro de Estudios sobre la Globalización del Fraser Institute, encargado de elaborar el informe. Mahon advierte que si la tendencia se consolidara, "sería un problema muy grave, porque [el funcionamiento del sistema judicial] es un requisito básico para las libertades económicas, civiles y políticas".

Aunque de menor intensidad, el trabajo también detecta retrocesos para la libertad económica en España en dos de las otras cuatro macroáreas analizadas.

España mejora por lo que respecta al tamaño de la Administración (de 4,6 a 5,0, lo que indica que, a juicio de los autores, todavía debería adelgazar mucho más) y en la facilidad para poder obtener dinero (del 9,3 al 9,4, muy cerca del ideal soñado por los ortodoxos liberales). En cambio, desciende ligeramente en la libertad de intercambio con el extranjero (de 8,3 a 8,0) en el apartado correspondiente a la regulación sobre el mercado laboral, el crédito y la facilidad para hacer negocios (de 6,8 a 6,3).

"Intervencionismo"

Algunos economistas consultados no se mostraron sorprendidos por el resultado obtenido por España en el último informe del Fraser Institute.

El profesor de la escuela de negocios IESE Alfredo Pastor, también decano de la China Europe International Business School, recuerda que el índice responde a los planteamientos de los economistas abanderados del liberalismo más ortodoxo: "El índice parte de la premisa de que el Gobierno debe limitarse a garantizar a los individuos su capacidad de elección, libremente, y a proteger sus bienes y derechos. Nada más", afirma.

En cualquier caso, el descenso de España tras la mayoría absoluta del PP no le choca especialmente, por mucho que José María Aznar sostenga que abraza el liberalismo. "El PP es un partido que en algunas cosas es liberal, y, en otras, conservador. En los últimos años ha sido muy intervencionista en determinados ámbitos", añade Pastor.

Por su parte, el economista Miguel Sebastián subraya que "lo ocurrido demuestra que España tiene un largo camino por recorrer en cuestiones como la separación entre el poder político y económico, la desburocratización y en la transparencia del sistema".