El Incasol compra y después alquila edificios a la Generalitat

El PSC asegura que la operación costó 35 millones de euros

El Incasol invirtió en 2002 más de 35 millones de euros en comprar catorce edificios a la Generalitat para luego volver a alquilárselos, según aseguró ayer el Partit dels Socialistes (PSC). Con esta fórmula, el Gobierno catalán consigue centrifugar su déficit pues en sus cuentas pudo anotar un ingreso adicional de 35 millones, manifestó el parlamentario socialista, Martí Carnicer.

El informe del Instituto Catalán del Suelo (Incasol) de 2002 revela en un nuevo epígrafe la compra de catorce edificios en alquiler. Es decir, que se adquieren inmuebles a la Generalitat y después se les otorg...

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El Incasol invirtió en 2002 más de 35 millones de euros en comprar catorce edificios a la Generalitat para luego volver a alquilárselos, según aseguró ayer el Partit dels Socialistes (PSC). Con esta fórmula, el Gobierno catalán consigue centrifugar su déficit pues en sus cuentas pudo anotar un ingreso adicional de 35 millones, manifestó el parlamentario socialista, Martí Carnicer.

El informe del Instituto Catalán del Suelo (Incasol) de 2002 revela en un nuevo epígrafe la compra de catorce edificios en alquiler. Es decir, que se adquieren inmuebles a la Generalitat y después se les otorga en régimen de alquiler al propio Gobierno. En concreto, el año pasado el Incasol compró los edificios de dos centros cívicos (Sant Feliu de Llobregat y Molins de Rei); cuatro comisarías de los Mossos d'Esquadra (La Seu d'Urgell, Vic, Ponts y Tàrrega), y ocho institutos de educación secundaria (Cardedeu, Roda de Ter, Alcarràs, Santa Bàrbara, Constantí, Vialdecavalls, Maria Rúbies de Lleida y Camarles).

El Incasol invirtió 35 millones de euros en la compra y posteriormente alquiló los edificios al departamento de la Generalitat correspondiente.

Martí Carnicer manifestó ayer que esta operación "permite un ingreso adicional de 35 millones de euros a la Administración catalana y, de esta forma, camufla el déficit real del año 2002", pues la deuda del Incasol no se consolida en las cuentas generales de la Generalitat. Además, añadió, la compra ha obligado al Incasol a "incrementar su deuda a largo plazo en 22 millones de euros y a corto plazo en otros 23 millones". "Es una nueva perversión financiera", abundó.

Para el parlamentario socialista, la operación no respeta la legalidad pues "es un caso de recompra de inversiones ya efectuadas" y demuestra el "agotamiento financiero de la Generalitat".

Ni el Departamento de Política Territorial ni el de Economía y Finanzas quisieron ayer rebatir o contestar la denuncia del diputado Martí Carnicer.

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