El PSOE posee desde noviembre de 2002 una denuncia interna contra el diputado desertor

La deserción de dos diputados del PSOE afines a su mentor político, José Luis Balbás, ha sido el último y más sonoro episodio de una guerra civil socialista perfectamente conocida en Ferraz, la sede central del PSOE. Balbás y el huido Eduardo Tamayo fueron denunciados ante el comité de ética en noviembre de 2002 por entender que sus intereses empresariales, singularmente de Balbás, se confundían con sus actuaciones políticas. Tamayo amenaza con su golpe de mano la formación de un Gobierno en el que iba a participar Ruth Porta, esposa de su denunciante y mano derecha de Rafael Simancas....

La deserción de dos diputados del PSOE afines a su mentor político, José Luis Balbás, ha sido el último y más sonoro episodio de una guerra civil socialista perfectamente conocida en Ferraz, la sede central del PSOE. Balbás y el huido Eduardo Tamayo fueron denunciados ante el comité de ética en noviembre de 2002 por entender que sus intereses empresariales, singularmente de Balbás, se confundían con sus actuaciones políticas. Tamayo amenaza con su golpe de mano la formación de un Gobierno en el que iba a participar Ruth Porta, esposa de su denunciante y mano derecha de Rafael Simancas.

La denuncia ante el comité de ética del PSOE regional enviada en noviembre de 2002 por Enrique de Benedicto, marido de Ruth Porta, mano derecha de Rafael Simancas y candidata segura a una consejería, contra José Luis Balbás y Eduardo Tamayo fue asumida por el comité federal de ética, en la medida en que también afectaba a la esposa de Balbás, Ana Luisa Villar Sánchez, miembro del comité federal. Fuentes próximas a los afectados aseguran que el caso fue archivado después de dar toda suerte de explicaciones y documentación, incluso al propio secretario general de la FSM, Rafael Simancas.

La denuncia contra Balbás rezaba lo siguiente: "En las últimas semanas se han sucedido diversas manifestaciones del secretario general del PSOE, referidas a a su decidida voluntad de exigir transparencia en la actuación de cargos públicos y los dirigentes del PSOE, afirmando que que en ningún caso estará al servicio de clanes económicos". A renglón seguido, denunciaba que "un grupo de afiliados del PSOE vienen actuando como corriente de opinión, y que están liderados por José Luis Balbás, razón por la cual se les conoce como los balbases. Es pública y notoria la influencia, en algunos casos decisiva, que la actuación de este colectivo ha tenido en muchos de los acontecimientos políticos que han afectado en las últimas épocas al socialismo madrileño".

"José Luis Balbás y su esposa, Ana Luisa Villar Sánchez, dirigente socialista por su pertenencia al comité federal del PSOE, administran junto con otros afiliados especialmente concentrados en la Agrupación Socialista de Buenavista (FSM), un importante grupo empresarial con gran contenido inmobiliario", añadía el escrito.

"Vaya por delante", proseguía la denuncia, "mi manifestación de que no pretendo denunciar ningún comportamiento ilícito porque si ese fuera el caso la competencia sería de los tribunales ordinarios. No pretendo juzgar comportamientos de esa naturaleza, pero creo que las conductas de los socialistas deben estar regidas por un código ético más estricto que la normativa legal vigente en la sociedad y comprometidas decididamente con lo público -los partidos políticos están reconocidos en la Constitución como piezas esenciales del sistema democrático y de ahí su carácter público-".

"En atención, a los contundentes declaraciones realizadas por el secretario general del PSOE, en relación con este tipo de asuntos, creo necesario que esa comisión de ética conozca esta información y se pronuncie, al menos, sobre dos cuestiones que pueden ser cruciales", reclamaba el denunciante.

A partir de ahí, formulaba los siguientes interrogantes/reproches:

- "¿Puede el PSOE aceptar, en cualquier escala, que los administradores de un grupo empresarial y profesional actúen, de hecho, como corriente de opinión organizada en su seno, y que ostenten cargos directivos en agrupaciones, incluso que alguno de ellos sea miembro de la Comisión Ejecutiva Regional o del Comité Federal?"

- "¿Puede un parlamentario autonómico de este grupo compatibilizar su dedicación exclusiva con la condición de administrador único de una sociedad mercantil privada como es el caso de Eduardo Tamayo? ¿Permite la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid estas situaciones?". Benedicto aportaba todo un cuadro con las empresas de Balbás, relacionadas con la construcción y la consultoría, y sus cruces societarios.

El listado incluía, entre otras, las siguientes empresas: Cash Control Auditoría, Ergolar, Basodi Inmobiliaria, BVC Asesores, Fidages, Fiduciare, Gesinco, Canolar, Helvia Consulting, RC calefacción. A su vez, mostraba todos los vínculos societarios de dichas empresas con otras a través de sus administradores. De todas ellas, sobresale por su volumen, Box Foro Inmobiliaria, con un inmovilizado de 4,5 millones de euros en 2001. Según personas próximas a Balbás, estas empresas son de origen familiar y sólo han operado en Madrid capital. Tamayo sólo posee, oficialmente, una empresa, Losa Morilla, una inmobiliaria que posee terrenos en La Cabrera. Fuentes de este grupo indican que la mesa del Parlamento regional declaró compatible su actividad inmobiliaria con su dedicación como diputado regional.