Tres agentes de policía y 24 delitos por cada 1.000 habitantes

La inseguridad ciudadana que no cesa -casi 24 delitos por cada 1.000 habitantes el último año- ocupa buena parte de los programas de los partidos que pujan por las 8.108 alcaldías y los 13 Gobiernos autónomos en juego.

El problema se agudiza en las grandes ciudades, donde los candidatos a alcalde y presidentes regionales prometen más policías locales y nacionales -la media española alcanza los tres policías nacionales por cada 1.000 habitantes- aunque no tienen competencias para respaldar esa petición.

En febrero de 2003, el catálogo del Cuerpo Nacional de Policía (la plantilla p...

La inseguridad ciudadana que no cesa -casi 24 delitos por cada 1.000 habitantes el último año- ocupa buena parte de los programas de los partidos que pujan por las 8.108 alcaldías y los 13 Gobiernos autónomos en juego.

El problema se agudiza en las grandes ciudades, donde los candidatos a alcalde y presidentes regionales prometen más policías locales y nacionales -la media española alcanza los tres policías nacionales por cada 1.000 habitantes- aunque no tienen competencias para respaldar esa petición.

En febrero de 2003, el catálogo del Cuerpo Nacional de Policía (la plantilla prevista para garantizar un correcto funcionamiento del servicio) tenía preocupantes agujeros. Además, los sueldos de los agentes de policía y de la Guardia Civil, los cuerpos que combaten directamente la delincuencia, son más bajos que los de policías municipales y autonómicos. Lo que sigue es un análisis de las zonas urbanas más castigadas por la delincuencia y de las propuestas electorales para combatir este problema.

En Sevilla, algunos policías han pasado de trabajar 37,5 horas a cerca de 65

Alcaldes catalanes denuncian la disminución de agentes en los últimos años

Unos 13.000 agentes, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Policía Municipal de Madrid, se encargan de la vigilancia de los tres millones de habitantes de la capital. Son insuficientes, según los principales candidatos a la alcaldía. Todos los partidos llevan en su programa la contratación de más policías e incluso, en el caso de IU, la creación de un cuerpo autonómico.

La plantilla de la Policía Municipal de Madrid consta de 6.100 agentes lo que proporciona el doble de la ratio recomendada por la Unión Europea (un policía cada 1.000 habitantes). Casi la mitad de ellos se dedica a regular el tráfico en la calle. Otros 400 se dedican a labores administrativas, por lo que no patrullan por los distritos. El Cuerpo Nacional de Policía cuenta con una plantilla de 7.000 agentes. Un porcentaje considerable se dedica a labores de escolta y de vigilancia de edificios, según critican los sindicatos del cuerpo.

La capital sufre en los últimos meses un espectacular aumento de delitos: 48 homicidios en lo que va de año -un asesinato cada menos de tres días-; más de 700 hechos delictivos al día, de los que 100 son robos.

La candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid, Trinidad Jiménez, reclama 2.800 agentes más, de los que 800 serían municipales y 2.000 nacionales, que promete solicitar al Ministerio del Interior. El candidato del PP al Ayuntamiento, Alberto Ruiz-Gallardón, promete un cuerpo de funcionarios para regular el tráfico de manera que los policías municipales se dedicarían sólo a combatir la inseguridad.

El despliegue de la policía de la Generalitat -los Mossos d'Ésquadra- por el territorio catalán continúa lenta pero inexorablemente. Los mossos ya se encargan del tráfico en toda Cataluña, son la policía ordinaria en las provincias de Girona y Lleida, han sustituido al Cuerpo Nacional de Policia y a la Guardia Civil en algunas comarcas de Barcelona y el próximo octubre se desplegarán en ciudades como L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y Premià de Mar. La prueba de fuego llegará en el otoño de 2005 cuando los mossos se hagan cargo de la seguridad en la ciudad de Barcelona. En la actualidad, hay 8.000 policías de la Generalitat. El objetivo es llegar a 16.000 cuando se complete el despliegue.

El Gobierno central y el catalán tienen previsto reunirse el mes que viene para completar el despliegue en el resto de la provincia de Barcelona y en Tarragona, la única provincia en la que aún no está presente la policía autonómica.

Algunos alcaldes de ciudades del área metropolitana de Barcelona denuncian que, mientras los mossos sustituyen al Cuerpo Nacional de Policía, las plantillas policiales han disminuido y la inseguridad, aumentado. José Montilla, alcalde de Cornellà (85.000 habitantes) y primer secretario del PSC, denuncia un descenso del número de policías en las ciudades de Cornellà, Espluges de Llobregat y Sant Just Desvern. Montilla dice que hace siete años había "algo más de 130 agentes asignados a estas ciudades y ahora sólo 80".

Desde la Delegación del Gobierno en Cataluña se asegura que los efectivos policiales no han disminuido y que las plantillas policiales se mantienen mientras llega el despliegue de los mossos, momento en que se ajustarán a las competencias que mantendrán los cuerpos de seguridad estatales: extranjería, documentación, terrorismo y delincuencia organizada, principalmente. La Delegación del Gobierno señala que en Barcelona hay 3.000 agentes del Cuerpo Nacional que se refuerzan con otros 500 durante el verano.

Cataluña no sale mal parada en índice de delincuencia, si se compara con otras comunidades. La excepción es Tarragona, una de las provincias más inseguras junto con Baleares y Ceuta, que registra 46 delitos por cada 1.000 habitantes (casi el doble que la media), mientras las provincias de Lleida y Girona están a la cola de la inseguridad y ocupan los dos últimos puestos, con 0,29 y 1,56 delitos por cada 1.000 habitantes. Barcelona ocupa el puesto 18, con un índice del 23,89, menor que el de Madrid (31,75 ), Sevilla (29,88 y Valencia (38,36).

Los sindicatos policiales y la administración local cifran en 600 el déficit de agentes del Cuerpo Nacional de Policía en Sevilla. De los 1.900 de 1995 se ha pasado a los alrededor de 1.150, más 200 agentes adscritos a las Unidades de Intervención Policial (UIP) que no pertenecen a la plantilla sevillana pero que sí realizan en la ciudad la mayor parte de su trabajo. Esta reducción de efectivos es, según el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Manuel Espino, la causa del incremento de delitos.

"La presencia policial en la calle disuade al delincuente", insiste Espino, "y en Sevilla hay hoy unos 600 policías menos que hace ocho años".

El número de delitos y faltas denunciados en Sevilla en 2002 (83.629) fue un 4,4% superior al del año anterior (80.092). 84,4 delitos por cada 1.000 habitantes en 2002 frente a los 80,9 de 2001. De las 37,5 horas semanales establecidas en el contrato de los funcionarios policiales, algunos han pasado a trabajar hasta 65, a razón de 60 euros brutos la jornada extra.

Mediante este procedimiento, 50 agentes que de lunes a viernes se encargan de tareas técnicas y burocráticas se turnan ahora para patrullar los fines de semana y los festivos. Además, los 200 agentes de las cuatro UIP con sede en Sevilla, que antes se desplazaban por todo el país, trabajan permanentemente en la capital andaluza desde el pasado mes de octubre y no se han movido hasta la reciente visita del Papa a Madrid, que volvió a sacar de la capital andaluza a la mitad de estos efectivos. "El Plan Focus ha aportado policías en bandas horarias en las que antes no había, pero siguen faltando agentes para alcanzar el nivel de 1995".

El pasado verano llegaron a la capital 97 nuevos agentes, pero a final de año, las bajas por fallecimiento o jubilación, que suelen rondar las 100, superan siempre las altas. En 2000 llegaron 15 agentes y se marcharon 197.

La Comunidad Valenciana tiene uno de los índices más bajos de policías por habitante y uno de los índices más alto de delitos.

Valencia tiene un cuerpo de policía adscrita a la autonomía compuesto por 275 agentes y el objetivo del Partido Popular es que llegue a 500. El PP aspira a una policía autonómica con más agentes pero sin corregir las competencias. Los populares no dan plazos ni presupuesto. En su programa recogen el compromiso de una nueva regulación pero sin hablar de una ley concreta que convierta la unidad adscrita en policía autonómica. Los agentes de esta policía autonómica se dedican fundamentalmente a la vigilancia de altos cargos, a actuar en temas de menores a instancia de la fiscalía y violencia doméstica, espectáculos, patrimonio, medioambiente y menores.

Los socialistas valencianos plantean dos cosas: una ley autonómica que ordene competencias y salarios en los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la creación de una policía autonómica, aunque no concreta con qué número de agentes.

Reportaje elaborado con informaciones de Francisco Javier Barroso, Reyes Rincón, Lydia Garrido y Sebastián Tobarra.