La formación ilegalizada recurre al Constitucional
La representación legal de la disuelta Batasuna presentó ayer ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra la sentencia de la Sala especial del Tribunal Supremo que ha decretado su ilegalización, en el que pide que se suspenda cautelarmente la ejecución hasta que se resuelva el recurso. El recurso de amparo constitucional es el único que cabe interponer contra la decisión del Supremo, según la Ley de Partidos Políticos.
El recurso de amparo de Batasuna, presentado en el último día de plazo y firmado por el abogado Iñigo Iruin, contiene ocho motivos entre los que destaca l...
La representación legal de la disuelta Batasuna presentó ayer ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra la sentencia de la Sala especial del Tribunal Supremo que ha decretado su ilegalización, en el que pide que se suspenda cautelarmente la ejecución hasta que se resuelva el recurso. El recurso de amparo constitucional es el único que cabe interponer contra la decisión del Supremo, según la Ley de Partidos Políticos.
El recurso de amparo de Batasuna, presentado en el último día de plazo y firmado por el abogado Iñigo Iruin, contiene ocho motivos entre los que destaca la vulneración del derecho a un tribunal imparcial, por haber formado parte de la Sala del Supremo su presidente, Francisco Hernando, cuya recusación fue planteada por Batasuna y rechazada por la sala.
El partido ilegalizado también aduce vulneración de los derechos a la libertad ideológica y de expresión y a la libertad de asociación.
En un recurso de más de 200 folios, Batasuna señala, a modo de conclusión, que la decisión del Tribunal Supremo respecto a esa formación, a instancias de la Fiscalía y del Abogado del Estado, "no ha sido fruto de una interpretación estricta ni se ha reducido a un estrecho margen de actuación, (...) que ponderase razones convincentes e inaplazables para tamaña restricción de la libertad de partidos políticos".
Por ello, la formación abertzale radical entiende que su disolución supone "una restricción desproporcionada del derecho de asociación y, en consecuencia, una violación de los artículos 6 y 22 de la Constitución, en relación con el artículo 11.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".