Mercancía averiada

Desde el 15 de febrero, en que tuvo lugar la primera manifestación contra la guerra en todas las capitales de provincia y en algunas otras ciudades españolas, hasta hoy, han sido bastantes millones de personas las que han ejercido el derecho a expresar en la calle de manera conjunta su rechazo de la guerra y de la política seguida por el Gobierno de España en relación con ella. Han tenido lugar centenares de actos en centenares de poblaciones de manera espontánea o en respuesta a convocatorias de organizaciones sociales no controladas por ningún partido político.Han sido los ciudadanos por su ...

Desde el 15 de febrero, en que tuvo lugar la primera manifestación contra la guerra en todas las capitales de provincia y en algunas otras ciudades españolas, hasta hoy, han sido bastantes millones de personas las que han ejercido el derecho a expresar en la calle de manera conjunta su rechazo de la guerra y de la política seguida por el Gobierno de España en relación con ella. Han tenido lugar centenares de actos en centenares de poblaciones de manera espontánea o en respuesta a convocatorias de organizaciones sociales no controladas por ningún partido político.Han sido los ciudadanos por su cuenta los que han sido los protagonistas de la protesta. La participación de los partidos políticos no ha sido un elemento determinante ni en la génesis ni en el desarrollo de la protesta ciudadana.

¿De verdad cree el PP que puede convencer a alguien de que el PSOE e IU están detrás de los actos de violencia?

El ambiente en que se han desarrollado las manifestaciones ha sido festivo y pacífico. Había una gran indignación y una cierta tristeza entre los manifestantes, porque no se entendía, por una parte, cómo el Gobierno español podía adoptar la posición belicista que había adoptado, y porque se era consciente, por otra, de que ni se podría evitar la guerra antes de que se desencadenara ni se podría parar una vez que hubiera comenzado. A pesar de ello, el ejercicio del derecho ha sido extraordinariamente pacífico. La casi totalidad de los manifestantes se han tragado su rabia y su indignación y no han protagonizado acto violento de ningún tipo. El número de personas que han participado en actos violentos ha sido mínimo, casi insignificante en relación con el número de ciudadanos que habían ejercido su derecho de manera ordenada y pacífica.

El ejercicio multitudinario y sostenido en el tiempo del derecho de manifestación como respuesta de la sociedad a la participación de nuestro Gobierno en la alianza que ha decretado la invasión de Irak ha sido, con mucha diferencia, el elemento políticamente más significativo de la tragedia que la invasión a Irak está suponiendo. Si no hubiera habido reacción ciudadana, habríamos estado legitimando, aunque fuera de manera pasiva, la conducta del Gobierno en la invasión de Irak. La manifestación en la calle ha sido la única forma en que los ciudadanos españoles han podido hacer visible que el Gobierno no puede seguir la política que está siguiendo como si lo estuviera haciendo en nuestro nombre. Nadie discute que el PP tiene la mayoría parlamentaria para mantenerse en el Gobierno y para definir la política internacional de España, pero nadie nos puede discutir a los ciudadanos el derecho a decirle al Gobierno que no estamos de acuerdo con su definición de dicha política. Y para decírselo ocupando la calle.

Lo políticamente significativo han sido los millones de ciudadanos ejerciendo pacíficamente sus derechos constitucionales. Lo anecdótico han sido los escasos casos de violencia que se han producido. Esto es algo que todos los ciudadanos que han participado en las manifestaciones han podido comprobar de manera directa. De la misma manera que todos los ciudadanos han tenido conocimiento de la condena de los ataques a las sedes del PP por parte de todos los partidos políticos de la oposición sin excepción. De ahí que difícilmente puedan entender que el presidente del Gobierno se haya atrevido a decir que el acoso al PP es "un acto totalitario que desde la época nazi no se veía en ningún sitio" y que haya responsabilizado del mismo a los dirigentes del PSOE y de IU.

Es una muestra más de la desesperación en que se está instalando el PP ante la soledad en que se encuentra en la sociedad española. ¿De verdad creen los dirigentes del PP que pueden convencer a alguien de que el PSOE e IU están detrás de los actos de violencia que se han producido contra sus sedes? ¿Podrían decir lo mismo los dirigentes del PP respecto de los actos de acoso que sufrió el PSOE entre 1993 y 1996? ¿Justificó o no justificó José María Aznar en aquellos momentos los actos de acoso al entonces presidente del Gobierno, Felipe González? Los dirigentes del PP no tienen legitimidad para pronunciarse de la forma en que lo están haciendo. Ningún partido ha contado en el pasado con la solidaridad de todos los demás ante los actos de violencia dirigidos contra él con la que está contando el PP. Ni siquiera el PCE tras el asesinato de los abogados laboralistas en el bufete de la calle Atocha. Es indecente que reiteren la cantinela de que están siendo acosados por los demás partidos para ponerlos fuera de juego.

Son ellos los que se están poniendo fuera de juego con las iniciativas que están poniendo en marcha. La publicación por el secretario del PP, Javier Arenas, de una lista de dirigentes del PSOE e IU que habrían participado en los ataques a las sedes del PP, no puede no volverse en su contra. No es posible en el debate político democrático intentar obtener algún beneficio de la vulneración de derechos fundamentales de los adversarios. Y esto es lo que supone la publicación de la lista. O Javier Arenas dispone de pruebas de que así ha sido y entonces debe acudir a los tribunales de justicia para denunciar dicha conducta o no dispone de dichas pruebas y entonces no puede acusar a dichos dirigentes de haberlo hecho. La publicación de la lista es un caso claro de agresión al derecho al honor de los dirigentes que en dicha lista figuran.

Los tribunales dirán en su momento si tal vulneración de derechos fundamentales se ha producido. Pero antes de que se pronuncien los tribunales de justicia, serán los ciudadanos los que tendrán que pronunciar su sentencia en los procesos electorales que están próximos. En poco tiempo vamos a comprobar si los electores están dispuestos a comprar o no la mercancía averiada que el secretario general del PP pretende venderles.