El Consejo de Estado critica la prisa y la falta de rigor del Gobierno en la Ley Ferroviaria

El Gobierno ha recibido un segundo varapalo de una institución a su proyecto de Ley Ferroviaria. A las objeciones presentadas hace unas semanas por el Consejo Economico y Social al anteproyecto para la liberalización del ferrocarril redactado por Fomento, se suma ahora un dictamen muy crítico del Consejo de Estado. Este organismo no entiende las prisas en la tramitación de esta ley, a la que se ha dado carácter urgente, advierte que se ha elaborado sin el cuidado y sosiego que requiere una norma tan importante y sin consultar previamente a las partes afectadas.

La liberalización del tre...

El Gobierno ha recibido un segundo varapalo de una institución a su proyecto de Ley Ferroviaria. A las objeciones presentadas hace unas semanas por el Consejo Economico y Social al anteproyecto para la liberalización del ferrocarril redactado por Fomento, se suma ahora un dictamen muy crítico del Consejo de Estado. Este organismo no entiende las prisas en la tramitación de esta ley, a la que se ha dado carácter urgente, advierte que se ha elaborado sin el cuidado y sosiego que requiere una norma tan importante y sin consultar previamente a las partes afectadas.

La liberalización del tren -como el AVE a Barcelona- puede partir con retraso y cubriendo sólo parte del trayecto. El modelo de Fomento y de su titular, Francisco Álvarez Cascos, pretende segregar en dos la actual Renfe. Por un lado, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (AIF), organismo que concentra todas las infraestructuras, y por otro las unidades de transporte de viajeros y mercancías (Renfe Operadora). Uno de los objetivos es dar entrada a operadores privados.

El proyecto, que formalmente responde al contenido de varias directivas europeas, ha suscitado ya el rechazo de los sindicatos, del PSOE y de varias comunidades autónomas. Hacienda se niega a asumir, como pretendía Fomento, la totalidad de la deuda de Renfe; y el CES ha aprobado un dictamen muy crítico.

La guinda la ha puesto un dictamen del Consejo de Estado, aprobado por unanimidad en el pleno del 27 de febrero y enviado ya al Congreso. El Consejo señala, de entrada, que dada la patente desproporción entre el tiempo que se le ha concedido y la importancia del anteproyecto, le ha sido imposible analizar en profundidad su contenido y se ha tenido que limitar "a constatar el encaje jurídico" de "algunos aspectos, los más relevantes", sin el análisis afinado que hubiese requerido.

Advierte de que no consta que para la elaboración del anteproyecto fueran oídas organizaciones de los sectores afectados (Consejo Nacional de Transporte Terrestre, comunidades autónomas, Comisión Nacional de Administración Local o Federación de Municipios y Provincias). "Se echa, asimismo, en falta, la participación de la Secretaria General de Política Económica y Defensa de la Competencia".

Respecto a la técnica normativa, el órgano que preside José Manuel Romay Beccaría llama la atención "sobre los efectos distorsionadores" de una supervivencia de diversas normas, y la consiguiente superposición de textos normativos sobre un mismo objeto".

Sobre el régimen de las infraestructuras, señala que no se determina con claridad cuándo corresponderá al AIF y cuándo a Fomento su construcción; tampoco queda claro si ésta va a poder realizarse en "régimen de concesión administrativa"; y finalmente señala serias objecciones a la consideración urbanística de las infraestructuras y zonas de servicio. El anteproyecto dispensa a estas obras del control preventivo municipal, contenido en la Ley de Bases de Régimen Local, y, en consecuencia, de la necesidad de obtención de licencia. El dictamen advierte "sobre los riesgos de una generalización de tales dispensas" y considera un "exceso" su concesión al AIF.

El dictamen pone reparos a las limitaciones a la propiedad en el anteproyecto. "No se alcanzan a comprender" las razones por las que se ha prescindido de la gradualidad "que tradicionalmente ha inspirado la delimitación de las zonas de influencia contiguas a las infraestructuras". Deben precisarse de forma sistemática y con más rigor las reglas sobre usos prohibidos o sometidos a autorización.

Tampoco convence al Consejo de Estado la regulación propuesta para las entidades AIF y Renfe-Operadora. No está pormenorizado el procedimiento de otorgamiento de licencias; tampoco lo están las causas de prohibición para su obtención y sólo se cita como causa "las penas privativas de libertad" cuando, advierte el dictamen, "tambien pueden reputarse condenas graves las que imponen penas privativas de otros derechos".

Un punto clave es el referido al Comité de Regulación Ferroviaria. El Consejo manifiesta su "radical" disconformidad con los términos de la formulación. "Aparece como un mero órgano administativo, no como una entidad u organismo desvinculado de la Administración activa". El texto no sólo adscribe, sino que incardina este comité en Fomento, "que es el organismo adjudicador de licencias". El consejo aboga por su independencia y por reconducir sus competencias: la regulación del sistema ferroviario y la resolución de los conflictos.

Respecto a la adjudicación del patrimonio de Renfe al AIF, el dictamen advierte de "que la desafección de un bien de dominio público expropiado puede hacer surgir el derecho de reversión a favor de los expropiados o de los causahabientes". Es improcedente "que una entidad pública empresarial como el AIF pueda ostentar la propiedad de bienes de dominio público, y no su mera posesión en régimen de adscripción". También, "convendría precisar de qué depende el que una línea ferroviaria de titularidad privada sea de utilidad pública o interés social, y cuales son las consecuencias (..) para el titular de la infraestructura".