Los harineros beneficiados por Alperi con suelo se asocian para urbanizarlo

Se llama Urbanizadora PAI-10-11 y se ha constituido en sociedad limitada por Antonio Bufort y José Cloquell, titulares de sendas empresas harineras que en diciembre de 2002 firmaron un peculiar convenio con el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, según el cual el Ayuntamiento les cedía voluntariamente, sin tasación oficial ni rúbrica del secretario general, un terreno público de gran valor inmobiliario. La urbanizadora de los harineros ya es, merced al suelo público cedido, propietaria mayoritaria del sector y, por tanto, adjudicataria preferente del mismo.

La controvertida ce...

Se llama Urbanizadora PAI-10-11 y se ha constituido en sociedad limitada por Antonio Bufort y José Cloquell, titulares de sendas empresas harineras que en diciembre de 2002 firmaron un peculiar convenio con el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, según el cual el Ayuntamiento les cedía voluntariamente, sin tasación oficial ni rúbrica del secretario general, un terreno público de gran valor inmobiliario. La urbanizadora de los harineros ya es, merced al suelo público cedido, propietaria mayoritaria del sector y, por tanto, adjudicataria preferente del mismo.

La controvertida cesión de suelo público en Alicante a los dos empresarios harineros, que ha estallado en la precampaña electoral como escándalo urbanístico de primer orden en esa ciudad y también como argumento de desgaste al gobierno conservador que preside el ex promotor de viviendas Luis Díaz Alperi, tiene una dimensión todavía mayor a la que hasta ahora ha denunciado la oposición.

Porque esa cesión de suelo público -más de un millar de metros cuadrados en superficie y 10.200 de uso y tipología (volumen edificable) convierte a los harineros asociados en propietarios mayoritarios del sector 2 del plan parcial Benalúa Sur y, por tanto, según la legislación urbanística valenciana, en adjudicatarios preferentes en caso de que éstos decidan erigirse en agente urbanizador. Y lo que es más importante: los harineros, como urbanizadores del sector, deciden la reparcelación de la zona, los costes de urbanización y, en definitiva, se convierten en agentes decisorios y máximos beneficiarios de la explotación del suelo, considerado de gran valor inmobiliario por su proximidad al mar y al núcleo urbano denominado popularmente en Alicante como La milla de oro.

El proceso que ha llevado a los harineros a hacerse con el control del sector tiene una lógica, un guión que parece confeccionado de antemano por sus actores, en el que el alcalde tiene una papel estelar, por cuanto decide el destino de cuantiosos fondos públicos sin informes suficientes que avalen la operación.

El primer acto transcendente fue la firma, el 27 de diciembre de 2002, del convenio entre el alcalde Díaz Alperi y los dos empresarios, según el cual el primero cedía a los segundos suelo público valorado aproximadamente en unos 15 millones de euros.

La polémica estalló tras ese primer episodio, cuando la oposición descubrió una sobredosis de arbitrariedad en ese convenio urbanístico: no había tasación oficial del valor del suelo público cedido y, lo que es peor, el trato, que en su parte pública se justificaba por la necesidad de compensar el desmantelamiento y traslado de las dos industrias a otro lugar, no obligaba a los empresarios a construir las fábricas en otro lugar.

Dicho de otra forma: el Ayuntamiento, sin obligación legal alguna, paga a los empresarios una indemnización para que trasladen a otro sitio sus factorías,pero luego, sorpresivamente, no obliga a los empresarios a que hagan efectivo ese traslado. Porque ningún punto del convenio estipula la obligación para los harineros de construir las fábricas en otro lugar ni de continuar la actividad fabril . Sólo les conmina a marcharse antes de dos años.

De tapadillo

Un segundo acto de este controvertido asunto se escenificó por sorpresa el pasado enero en un pleno municipal. Por sorpresa y por urgencia. Y también con sobresaltos y cambios de última hora, en vísperas de las sesión, cuando el secretario municipal se negó en rotundo a firmar las mociones para validar el convenio y el gobierno local, irritado, optó y osó por aprobarlas aun sin la fe pública y la garantía del más alto funcionario municipal. Lo hizo de tapadillo, como en voz baja, sin replicar a la oposición, en una sesión con bofetadas incluidas entre dos de sus asistentes a propósito de la tensión que genera el proyecto del PP de urbanizar el Benacantil. La oposición denunció luego que Alperi aprovechó el eco público que iba a tener el plan del Benacantil para que su convenio pasara desapercibido. Pero no pasó.

El tercer acto del guión es consecuente con los dos anteriores. Tras obtener la cesión del suelo público los empresarios crean una sociedad para construir en el sector. Según los registros públicos, Antonio Bufort y José Cloquel, crearon el pasado 14 de febrero, con un capital social de 60.000 euros, la empresa Urbanizadora PAI-10-11, SL.

El cuarto y definitivo capítulo, aunque previsible, está por escribir. Será la elección del agente urbanizador.